Durante el mes de septiembre del 2021 la discusión sobre el “cuarto retiro”- iniciativa que busca que los trabajadores cotizantes del sistema de AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) puedan retirar por cuarta vez parte de sus fondos previsionales- se tomó la agenda pública. Luego de que la comisión de constitución de la Cámara de diputados y diputadas votara a favor de idea de legislar, la Cámara de Senadores decidió postergar la votación para finales de septiembre. En esta discusión -a diferencia de las anteriores- no ha existido un amplio consenso sobre la pertinencia de aplicar esta medida en razón de lo que para algunos es “un contexto diferente”: se han comenzado a levantar las restricciones de movilidad; el ingreso familiar de emergencia (IFE) se extendió durante este año al 90% de los hogares inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH); la economía parece mostrar signos de reactivación y el número de personas que tienen fondos disponibles para retirar es limitado y se concentra en las personas de mayores ingresos. En este sentido, parece ser una medida a “destiempo” y que favorece a las personas de mayores de ingresos. Sumado a estos reparos, nuevos actores han entrado al debate: el presidente del Banco Central advirtió que esta medida puede profundizar la ola inflacionaria que se viene desatando en Chile. En definitiva, desde la élite política y económica han hecho un fuerte llamado a evitar esta medida, catalogando a quienes la respaldan de populistas y de ocuparla como una estrategia de captación de votos. Sin embargo, para otros esta medida permite aplacar el fuerte impacto que ha tenido en los ingresos salariales la pandemia y que han afectado particularmente a las clases populares. En efecto, a cifras de la última encuesta de caracterización socioeconómica (CASEN 2021) la caída de ingresos del trabajo para el quintil más pobre es de un 63%. En palabras de Roig (2014), los imaginarios políticos parecen construirse desde un criterio cada vez más alejados de la realidad económica concreta de los hogares. Las condiciones laborales, los modos de ingresos y la forma en que los hogares gestionan sus recursos económicos son zonas nebulosas para la elite política, que intenta reaccionar a través de ensayo y error fórmulas que les permitan delinear con mayor exactitud estas realidades económicas. Finalmente, y luego de más de tres meses de discusión parlamentaria y tan solo dos semanas después de la elección presidencial y de renovación de la cámara de diputados y de gran parte de la cámara de senadores, la cámara rechazó el cuarto retiro de las AFP por falta de quorum. Ahora bien, tres meses después se ingresó a la cámara un nuevo proyecto para un quinto retiro. A fecha de marzo del 2022, se sigue discutiendo.

Los retiros de los fondos de pensiones fue una medida impulsada por la bancada de oposición que buscaba mitigar, de manera eficiente y transversal, los efectos económicos de la pandemia. Si bien transversalmente todos los actores políticos coinciden en que los retiros son “una muy mala política pública”, en tanto causa importantes perjuicios en las pensiones futuras de les trabajadores, también coinciden en que la falta de respuesta por parte del ejecutivo requirió pensar medidas efectivas que les permitieran a los hogares disponer de recursos económicos para sobrellevar el encierro. Así, y luego de una mediática votación, el 30 de julio de 2020 fue publicada en Chile la Ley Nº21.248 que permitió el primer retiro del 10% de los fondos de pensiones. Esta medida, catalogada en su momento como “excepcional”, permitió a través de una modificación constitucional el retiro voluntario del 10% de los fondos acumulados de capitalización individual, estableciendo valores máximos de retiro y afectos al pago de impuestos. Según la Superintendencia de Pensiones[1] al 31 de julio de 2021 más de 11 millones de trabajadores lo habían solicitado, retirando en promedio 1 millón 417 mil pesos (2000$ US aprox.). Del total de trabajadores que solicitaron su retiro el 21,7% retiró el total de sus fondos de pensiones. En relación a los usos que los hogares le dieron al primer 10%, un estudio dado a conocer por la Cámara de Comercio de Santiago, señaló que un 51% de los beneficiarios lo ocupó para comprar alimentos y productos de primera necesidad; un 28% para pagar deudas y un 29% para pagar servicios básicos (luz, agua y gas).

Si bien, hay muchas formas de abordar el tema de los retiros de las AFP en este ensayo me abocaré a explorar cómo el primer retiro de las AFP delineó una nueva ruta de “explotación financiera” (Cavallero y Gago 2020) profundizando los procesos de financiarización de las economías populares. La noción de “explotación financiera” (Gago 2019; Gago y Roig 2019; Cavallero y Gago 2020) busca dar cuenta como las finanzas a través del dispositivo de la deuda, reconocen y explotan a los sectores populares no asalariados, impulsando su inclusión al sistema financiero como una estrategia para ampliar sus capacidades de consumo. La explotación financiera da cuenta como estas economías anteriormente visualizadas como irrelevantes, se han convertido en territorios dinámicos y atractivos para el capital, expandiendo las fronteras de su valorización y creando nuevos consumidores” (Cavallero y Gago 2020, 52)

Me centraré en el primer retiro, en tanto esta medida inyectó recursos económicos inéditos a las clases populares quienes, debido a los bajos montos de ahorro previsional, solo pudieron acceder a esta primera instancia. Para ello, mi argumento se desarrollarán en tres partes: primero, presentaré brevemente las principales reformas que permitieron el desarrollo de una infraestructura financiera prestadora de servicios de protección social; segundo, analizaré los procesos de endeudamiento de los hogares populares previos a la pandemia y tercero, exploraré las virtudes de “eficacia” y “transversalidad” que, a raíz de los retiros, se le atribuyen a la infraestructura financiera y los nuevos circuitos de captación de valor que este retiro edificó. Cabe señalar, que debido al contexto situado de este articulo muchos de los recursos bibliográficos desplegados en los argumentos provienen de trabajos de referidos al contexto chileno, los que serán discutidos a la luz de los trabajos del campo de la economía popular principalmente.

Las reformas económicas estructurales realizadas en Chile entre 1973 y 1989, si bien no resultan distintas de aquellas aplicadas por los regímenes neoliberales en el resto del continente, sí constituyen un ejemplo único de experimentación económica bajo un régimen autoritario (Fisher 2009; Gárate 2012).

En su trabajo sobre el proceso de modernización económica durante la dictadura militar, el historiador económico Manuel Gárate (2012) reconoce dos grupos de reformas: las propiamente económicas y aquellas definidas como “sociales”. Las primeras comenzaron a ser aplicadas después del Golpe de Estado y fueron evolucionando de un dogmatismo (1975-1981) hacia un pragmatismo (1985-1989) en razón de la crisis financiera de 1982. Por su parte, las reformas sociales comenzaron a ser implementadas una vez que el poder de la Junta de Gobierno ya estaba afianzado. Las principales reformas fueron: el Plan laboral (1979); la reforma al sistema de pensiones (1980); la reforma a la salud (1980) y la reforma de educación (1981). Para efectos de este artículo, nos centraremos en el proceso de liberalización financiera y en la reforma al sistema de pensiones en tanto fueron primordiales en los procesos de financiarización y han impactado en las condiciones laborales y de vida de las personas: bajos salarios, escasa protección social y alto endeudamiento.

Los cambios en el modelo económico y los principios de regulación de las relaciones laborales repercutieron directamente la vida económica de los hogares. La desregulación y liberalización de gran parte de las actividades económicas y la extensión del mercado del crédito, transformaron radicalmente la experiencia de consumo de los hogares chilenos. Este proceso conocido como el proceso de “inclusión financiera” se instaló en Chile a partir de dos etapas (ver tabla N.o 1) y permitió la masificación del consumo por el acceso al endeudamiento, ampliando las oportunidades de acceso al mercado de bienes y servicios y expandiendo, a su vez, la idea de que es posible experimentar una movilidad social ascendente a través del consumo (Marambio-Tapia 2018). Las cifras en este sentido son elocuentes: si al año 1990 la mayoría de las familias chilenas accedían a bienes domésticos de mayor costo a través de ahorros o de tiendas de prestamistas, ya a principios del 2020, los hogares habían duplicado sus bienes en el hogar. Los televisores, autos, teléfonos y refrigeradores se instalaron en la mayoría de los hogares chilenos como parte del inventario doméstico. Todos estos objetos transformaron radicalmente la experiencia de los individuos con el consumo: el consumo dejó de ser entendido como un deseo marcado por la dicotomía poder acceder/no poder signando a unos y a otros como pobres y ricos (Ivanovic 2014), y comenzó a instalarse como una práctica legitima que- a través de su expansión, diversificación y desregulación normativa- se dispuso al alcance de todos, independientemente del poder adquisitivo. Así, la “inclusión financiera” no sólo cambio la capacidad adquisitiva de los hogares chilenos, sino que también transformó su percepción con respecto a su posición social y el lugar que, por tanto, ocupan en la sociedad.

Tabla Nº1 Tabla Nº1 Proceso de “inclusión financiera” https://doi.org/10.5281/zenodo.6903639

	Años	Principales características
Bancarización	1978-1996	Introducción de la primera tarjeta bancaria en 1978 destinada a clases medial- altas; desregulación del sistema financiero a principios de los años 80 y aparición de los pequeños prestamistas institucionales. Apertura de las primeras tarjetas de crédito para consumo interno.
Reitilización	1996-2011	Introducción de la primera tarjeta de crédito otorgada por un supermercado (tarjeta Presto). Expansión del mercado del crédito a grandes almacenes, supermercados y otros minoristas, quienes ampliaron los segmentos de crédito a los grupos de menores ingresos, dueñas de casa y estudiantes mayores de 18 años. Proceso de financiarización principalmente crediticio.

Elaboración propia a partir de los datos del texto de Marambio-Tapia (2018; 2021).

Ahora bien, estos cambios en los patrones de consumo han ido de la mano con un aumento sostenido en los niveles de endeudamiento de la población chilena. Según datos del Banco Central de Chile (2018) un 66% de los hogares declaró tener, al menos, un compromiso financiero durante el 2017. Siendo los créditos de consumo, los que estaban presentes en un 55% de los hogares (Banco Central 2017). En un reciente análisis de las olas de datos que en los últimos 10 años entrega la Encuesta Financiera de Hogares del Banco Central de Chile, junto con Matías Gómez (2020) exploramos el panorama de endeudamiento de los hogares chilenos a partir del análisis del acceso al crédito de consumo, el uso que se las da y la carga mensual que para implican para hogares este tipo de pasivos. Los resultados mostraron que los hogares de bajos ingresos acceden a créditos de consumo en peores condiciones que los hogares más ricos. El acceso a los créditos de consumo bancario es creciente con el ingreso, a diferencia de los créditos de casas comerciales cuya relación con el ingreso es decreciente. Es decir, mientras la banca privilegia otorgarles créditos a los sectores de mayores ingresos, las casas comerciales se enfocan, en el 60% de menores ingresos. Considerando las diferencias en la tasa de interés entre ambos oferentes donde, por ejemplo, la tasa de interés cobrada por las tarjetas de crédito emitidas por instituciones no bancarias (casas comerciales principalmente) fue, en promedio, 13,7 veces más alta que la tasa de interés cobrada por las tarjetas de crédito bancarias entre enero de 2015 y diciembre de 2019 en Chile, podemos sostener que en los sectores populares pagan, en términos relativos, costos más elevados por los productos consumidos que las clases más altas (Roig s/r, 1). Por otro lado, los datos evidencian que el crédito de consumo tiene distintas motivaciones y que estas se relacionan con el nivel de ingresos de los hogares: mientras los hogares más pobres utilizan los créditos de consumo para comprar bienes destinados a la reproducción social (alimento y vestuarios), los hogares de mayores ingresos utilizan estos créditos para consumo posicional (vehículos, viajes) o para usos financieros (inversión o pagar otras deudas). Finalmente, nuestro análisis evidencio una relación negativa consistente entre estrato socioeconómico y el ratio deuda-ingreso de corto plazo, lo que da cuenta de que los más pobres cargan con un mayor peso relativo por este tipo de deudas. Estos resultados coinciden con diversas investigaciones que han observado desde un registro cualitativo cómo muchos hogares populares usan los instrumentos de deuda como un activo, es decir, como una estrategia que les permite maniobrar las diferencias entre el costo de la vida, los ingresos percibidos y sus cargas financieras (Han 2012; Eilkis 2014; Marambio- Tapia 2018; Pérez-Roa y Donoso 2018; Pérez-Roa y Gómez 2019, Pérez-Roa 2020; Gago y Cavallero 2019).

Ahora bien, para comprender el aumento, la prevalencia y transversalidad del endeudamiento por consumo de los hogares chilenos es necesario entenderlo a partir de su codependencia con los procesos de financiarización de la economía doméstica y la subvalorización del trabajo particularmente de los trabajadores de la economía popular (Roig s/r). Si observamos estas dimensiones en el análisis del caso chileno podemos observar esta codependencia entre el aumento en el costo de la vida, el estancamiento salarial y la prevalencia del endeudamiento. Según los resultados de la última encuesta de presupuestos familiares (INE 2018), el gasto promedio mensual del hogar de la ciudad de Santiago corresponde a $1 121 925 (16 000 $USD aprox.), concentrándose la mayor parte de ellos en: alimentación ($209 000/ 300 $ USD aprox.), transporte ($170 238 / 242 $USD aprox.) y vivienda/gastos en servicios básicos ($160 692 / 228 USD$ aprox.). Los salarios, sin embargo, no parecen crecer de la misma manera. Según los datos de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (INE 2020) analizados desde la Fundación Sol señalan que el 50% de les trabajadores en el país ganan menos de $420 000 (600$US aprox.). Entonces, la diferencia entre ingresos bajos y gastos altos se está resolviendo a través del endeudamiento; al menos así́ puede entenderse a partir de las cifras de la Encuesta Financiera de Hogares (2018) que señalan que el 40% de la deuda de consumo se destina a comprar bienes durables, mercadería y/o vestuario; un 14% a salud o educación, y un 13% a pagar deudas (Pérez-Roa y Gómez 2020). Contrario a lo que comúnmente se sugiere, la deuda parece usarse para mantener un estándar de vida mínimo (Pérez-Roa 2020; Marambio-Tapia 2018) y no para adquirir bienes de consumo suntuarios. Si a este análisis se suma que a abril del 2020 se observó la cifra más alta de morosos a nivel nacional (EQUIFAX 2020), se hace plausible pensar que la condición salarial ha dejado de garantizar el pago de las deudas adquiridas (Gago y Roig 2019).

La discusión del primer retiro de la AFP desató un intenso debate en torno al sistema de jubilación chileno y a los efectos macroeconómicos que los retiros de fondos podrían tener. Desde la creación de las AFP, se les ha reconocido el impacto positivo que este sistema ha tenido en los indicadores macroeconómico de estabilidad financiera (Corbo y Schmidt- Hebbel 2013). El modelo de las AFP es una estructura que se encuentra en el corazón del modelo neoliberal chileno, por ende, la posibilidad de inducir un retiro fue observada como una amenaza que rompe con los marcos de los argumentos “técnicos-económicos” (Muñoz 2020) que han sostenido el modelo neoliberal. Para muchos, esta medida ponía en riesgo la estabilidad económica y política del país.

Ahora bien, luego del primer retiro, los argumentos de los técnicos dieron un giro radical: los retiros, a pesar de seguir siendo considerados como una mala política pública, tuvieron un impacto positivo en la economía dada la inyección de liquidez y el consecuente aumento en el consumo privado que esta medida provocó. Las imágenes difundidas por los medios de comunicación masiva eran elocuentes: filas en las grandes cadenas comerciales, televisores plasmas agotados y un parque automotriz renovado, fueron algunos de los efectos a corto plazo de la polémica medida. El dinero entregado fue rápidamente absorbido por el mercado del consumo y con ello ocurría un nuevo “milagro económico”: la economía chilena comenzaba a reactivarse en plena pandemia y en medio de una crisis salarial sin precedentes.

Estas apreciaciones de “reactivación económica” fueron confirmados por los datos de los Informes de Política Monetaria elaborados por el Banco Central para el primer trimestre del 2021 quienes señalaron el dinamismo del consumo privado había sido el componente fundamental de la reactivación de la economía. Para los economistas, las transferencias económicas directas y el retiro de los fondos previsionales fueron determinantes en este dinamismo. Vale decir, han sido bonos transitorios y no las mejoras salariales las que han permitido reactivar el consumo.

Paradójicamente durante este mismo período de “crecimiento” se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Casen aplicada en pandemia (2020) que dio cuenta de lo que a juicio de las autoridades es la “peor crisis salarial de la última época”. Los ingresos cayeron en todos los déciles: un 54% de los hogares declaró haber sufrido disminuciones de ingreso desde la llegada de la pandemia. Dentro de los motivos de esta baja, el 37% de los hogares refiere al despido de alguno de los integrantes. Así, un 49% de los hogares encuestados declararon que no les alcanzan los ingresos. El informe señaló que muchos hogares han tenido que reducir sus gastos y generar ingresos adicionales: dejar de pagar deudas y adquirir nuevas deudas son parte de las estrategias más utilizadas por los hogares chilenos.

En este sentido, no es de extrañar que el principal uso que los hogares chilenos le dieron al primer retiro fuese el de “pagar deudas”, en tanto el endeudamiento es una estrategia de extensión salarial recurrente en los sectores populares y medios fuertemente “incluidos” en el sistema financiero (Cavallero y Gago 2021). Todo el dinero que recibieron les trabajadores fue rápidamente reabsorbido por los tentáculos del sistema financiero. En efecto, las cifras de morosidad por primera vez en muchos años bajaron desde que existe registros comparables (Comisión Mercado Financiero 2020), los sistemas de cobranza tuvieron un impulso del 30% producto del primer retiro (La Tercera, 16 de enero 2021), por su parte el comercio, luego del primer retiro aumentó sus ventas en un 26,5% respecto al mismo período del año anterior (Cámara Nacional de Comercio 2020), mientras les trabajadores de los sectores populares perdieron a la misma velocidad el 64% de sus ingresos salariales (CASEN 2021).

En resumen, la valorada “eficacia” de esta medida en tanto su capacidad de dinamizar una economía con una expectativa de crecimiento tres puntos más baja a la alcanzada durante el 2020, descansa en la dinámica extractivista (Cavallero y Gago 2021) de la infraestructura financiera de las AFP y de los procesos de financiarización de las economías populares. En este sentido y siguiendo a Muñoz (2020) la financiarización impulsada por el sistema de las AFP, se enraíza en dos procesos sociales relevantes: la desregulación del mercado laboral que se tradujo en alta informalidad y bajos salarios, pero es, a su vez, un sistema creador de deudas, en tanto, una de las consecuencias del bajo nivel salarial es el endeudamiento progresivo de la población. En este sentido, los datos dan cuenta de la relevancia del consumo privado en nuestros indicadores de bienestar económico y cómo, a pesar del detrimento en condición salarial de los trabajadores, el consumo ha mantenido su dinamismo gracias a la intersección entre finanzas y economía popular (Gago y Roig 2019).

Ahora bien, un segundo elemento de esta infraestructura financiera que ha sido altamente valorada en este proceso es haber logrado de manera muy eficiente lo que el gobierno no logro hacer durante los primeros seis meses de pandemia: llegar transversalmente al universo total de trabajadores. Los instrumentos públicos que identifican a los hogares susceptibles de recibir apoyos estatales, son de 1980 instrumentos de focalización, es decir, su función es identificar específicamente a los hogares que se encuentran en condición de pobreza y vulnerabilidad (CEPAL 2006). Sin embargo, la crisis socio-sanitaria evidenció que un segmento relevante de la población había quedado excluido de los mecanismos de apoyo estatal dado los múltiples problemas de este sistema de focalización. Mientras algunos hogares no clasificaban como hogares vulnerables otros no lograron demostrar la perdida de sus ingresos. Fue por ello, que durante los primeros meses se buscaron crear nuevos instrumentos para entregar apoyos dirigidos a los hogares que no forman parte del Registro Social de Hogar fracasando ya sea por las exigencias desmesuradas de cada subsidio o por la incapacidad de registrar la fluctuación de los ingresos de los hogares.

En este contexto, la infraestructura de la AFP resulto ser un buen instrumento para entregar las ayudas de manera expedita. Al ser instituciones en las que todes les trabajadores cotizan de manera obligatoria sus cotizaciones ellas cuentan con los datos actualizados de sus afiliados y están vinculadas directamente con sus cuentas bancarias. En efecto, para la entrega de los retiros se establecieron diez días hábiles desde que la solicitud se hizo efectiva para el depósito de los retiros el que se efectuó, directamente en las cuentas bancarias de les trabajadores. En este sentido, la efectividad de la medida se vincula directamente a dos procesos: primero, a la obligatoriedad que todes les trabajadores tenemos de cotizar en una institución financiera privada y segundo, a las políticas de “bancarización” o de “inclusión financiera” que, luego de favorecer la penetración bancaria en los sectores medios y altos durante los años 70 y 80 gira, a partir de los años 90, hacia los sectores populares liderados por las grandes tiendas de la sociedad de consumo que en la actualidad ocupan una posición dominante en el llamado “retail financiero” (Marambio-Tapia 2021). La red de instituciones financiera que sostienen el modelo neoliberal ha logrado permear transversalmente los hogares chilenos, transformándose en la infraestructura que mejor conoce las dinámicas de la economía doméstica y que logra llegar donde el Estado no puede.

Este proceso de retiro del 10% de las AFP muestran la versatilidad de las finanzas en los procesos de extracción de valor (Gago y Mezzadra 2015; Cavallero y Gago 2021). La infraestructura financiera que se creo a partir de la implementación del modelo neoliberal, no solo nos ha dejado desprovistos de un sistema de seguridad social, sino que también individualiza los riesgos económicos al punto de ofrecernos el retiro de los fondos de pensiones como la respuesta más eficaz para sobrellevar las urgencias de la pandemia. Las luchas colectivas se desvanecen en la expansión del sistema financiero que responde con agilidad y eficacia. La diversidad de trabajadores, quedan ocultos en la figura homogenizadora de cotizante que puede acceder a su retiro y cuyos fondos son capturada, nuevamente, por el sistema financiero. En este sentido, la lógica extractivista del sistema financiero muestra toda su versatilidad: extrayendo valor en cuerpos y territorios precarizados por sus propias lógicas de funcionamiento.