América Latina bajo el capitalismo depredador del siglo XXI

Para William I. Robinson el capitalismo global enfrenta una crisis orgánica que es tanto estructural como política. Estructuralmente, para él, enfrenta una crisis de sobreacumulación y se ha volcado hacia una nueva ronda de expansión violenta en el mundo en busca de oportunidades para descargar el excedente del capital acumulado y prevenir el estancamiento. Políticamente el sistema enfrenta una descomposición de la hegemonía capitalista y una crisis de legitimidad del Estado (La Jornada, 8 enero 2020).

Robinson destaca como esta crisis dual se vislumbra en América Latina. El golpe de Estado en Bolivia y la tenaz resistencia a la toma fascista; el alzamiento en Ecuador contra la restauración neoliberal; las rebeliones en Haití, Chile y Colombia; el regreso al poder de los peronistas en Argentina, seguido por la destitución electoral del Frente Amplio en Uruguay, entre otros acontecimientos recientes, apuntan todos hacia una temporada de gran flujo e incertidumbre en la región.

En las últimas décadas las élites transnacionales en América Latina condujeron a la región hacia la nueva época global, caracterizada por la acumulación como “planta de estufa”, la especulación financiera, la calificación crediticia, la Internet, las comunidades cerradas, las ubicas cadenas de comida chatarra y los malls y supertiendas que dominan los mercados locales. Estas élites forjaron, según él, una hegemonía neoliberal en la década de 1990.

Los gobiernos izquierdistas llegaron al poder en los primeros años del nuevo siglo impulsados por la rebelión de las masas contra el monstruo de la globalización capitalista. El giro a la izquierda suscitó grandes expectativas e inspiró las luchas populares alrededor del mundo. Sin embargo, los esfuerzos de los estados por llevar a cabo las transformaciones tropezaron con el poder estructural del capital transnacional. Con la excepción de Venezuela durante el auge de la Revolución Bolivariana se destacó la ausencia de cualquier cambio a fondo en las relaciones clasistas y de propiedad, no obstante los cambios producidos en los bloques de poder político, un discursos a favor de las clases populares y una expansión de los programas de bienestar social financiados por impuestos sobre las industrias extractivistas corporativas. La extensión de la minería y la agroindustria transnacional corporativa resultó en una mayor concentración de las tierras y el capital reforzó el poder estructural de los mercados globales sobre los estados izquierdistas.

Ante ese proceso de refuncionalización neoliberal asistencialista por parte de los gobiernos progresistas del Cono Sur las masas populares reclamaban transformaciones más sustanciales. Pero, los gobiernos en su afán por atraer la inversión corporativa transnacional y expandir la acumulación extractivista, suprimieron las demandas sociales de mayores transformaciones. Desactivaron los movimientos sociales, absorbiendo a sus dirigentes al Estado capitalista y supeditaron los movimientos de masas al electoralismo de los partidos de izquierda. Dada la ausencia de mayores transformaciones estructurales que pudieran haber respondido a las causas profundas de la pobreza, los programas sociales se vieron sujetos a los vaivenes de los mercados globales sobre los cuales los estados izquierdistas no ejercían control.

En cuanto estalló la crisis financiera mundial a partir de 2008, estos estados tropezaron con los límites de una reforma redistributiva enmarcada en la lógica del capitalismo global. Experimentaron altos niveles de crecimiento, mientras la economía global siguió su ritmo de expansión y en tanto los precios de los “commodities” permanecieron altos gracias al apetito voraz de China por las materias primas. La crisis socavó la capacidad de los gobiernos para sostener los programas sociales, llevándolos a negociar concesiones y austeridad con las élites financieras y las agencias multilaterales, como sucedió en Brasil, Argentina, Ecuador y Nicaragua. Las tensiones resultantes avivaron las protestas y abrieron espacio para el resurgimiento de la derecha.

En el contexto anterior, William Robinson señala como la clase capitalista transnacional en América Latina intenta trasladar la carga de la crisis a los sectores populares por medio de una renovada austeridad neoliberal en su afán por restaurar la rentabilidad capitalista. Pero, para él, es poco probable que la derecha tenga éxito. La incapacidad de ésta de estabilizar su proyecto se da cuando la izquierda institucional partidaria ha perdido la mayor parte del poder y la influencia que había alcanzado. Por tanto, surge un abismo entre las sociedades civil y política. Hay un pronunciado desfase en América Latina-sintomático de un fenómeno de la izquierda a escala mundial- entre los movimientos sociales de masas que están pujantes en la actualidad y una izquierda partidaria que ha perdido la capacidad de mediar entre las masas y el Estado con un proyecto viable. El escenario más probable es un empate momentáneo mientras se reúnen los nubarrones (La Jornada, 8 enero 2020).

En los últimos 20 años América Latina experimentó un fuerte proceso de reprimarización de sus economías como resultado de un gran incremento en la demanda mundial de productos primarios, proceso conocido como el auge de los “commodities”. Esta tendencia coincide en el Cono Sur con la llegada al poder de algunos gobiernos progresistas que plantean aprovechar los recursos económicos derivados de dicho auge para financiar un nuevo tipo de políticas económicas y sociales que buscan revertir la pobreza, la desigualdad económica y promover un tipo de desarrollo diferente al de economías de enclave.

En el marco anterior, en los últimos 15 años ha surgido un debate en la región sobre el extractivismo primitivo, el extractivismo progresivo, propuestas de crecimiento económico cero y posdesarrollo. A este debate en ocasiones se le ha denominado la controversia entre “pachamamismo y extractivismo”, resaltando los extremos entre el conservadurismo a ultranza de la naturaleza y la depredación rapaz de la misma sin regulación estatal alguna y sin contribución fiscal para para superar las brechas económicas y sociales existentes en los países. En la perspectiva de ese debate son muy útiles los planteamientos de Atilio Borón (2014) cuando señala lo inviable de ambas posiciones extremas y la necesidad de reconocer los desafíos de las nuevas políticas gubernamentales en países como Bolivia, Ecuador y Venezuela que se plantean reducir las asimetrías económicas y sociales existentes, la reducción de la pobreza y promover condiciones de desarrollo más sustentables mediante una mayor regulación ambiental, una mayor contribución fiscal y la apropiación social de los territorios. Bajo su visión, plantearse otra modalidad de desarrollo o posdesarrollo implica el desafío de cambiar la sociedad, superar el capitalismo antes de que acabe con la vida en el planeta. Ello implica que en cada país y en la región en su conjunto se dilucide si existen los actores sociales con la fuerza, la organización y voluntad de asumir esta tarea histórica de gran calado (García Zamora, 2015)

Extractivismo minero en México 1982-2018

A partir de la profunda crisis de la deuda externa en 1982 el gobierno mexicano negocia con el Fondo Monetario y el Banco Mundial la reestructuración de la misma a cambio de implantar el modelo neoliberal en el país con una radical reducción del Estado en la economía, la desaparición de las políticas públicas de desarrollo regional y sectorial, el dominio de los mecanismos del mercado, privatizaciones y desregulaciones masivas y una nueva institucionalidad nacional a favor de las grandes corporaciones nacionales y del exterior. En ese contexto en 1992 se reforma el Artículo 27 Constitucional que cancela el reparto agrario y legaliza la compraventa de la propiedad social (del ejido). Como parte de tal modificación, se aprobó la Ley Minera que, además de decretar la minería como de utilidad pública (con preferencia sobre cualquier otra actividad), permite a las empresas el acceso a los minerales mediante concesiones hasta por 100 años, sin establecer un límite de propiedad. Así, sin apoderarse legalmente de las tierras, de acuerdo con el Artículo 19 de la normativa, las empresas mediante la concesión tienen derecho a explorar y explotar los lotes mineros, disponer de los productos minerales (de todos los minerales permitidos en la ley), y disponer de los terrenos de la superficie amparada, entre otras prerrogativas: sin que sea legalmente su propiedad, pueden hacer uso por completo del terreno concesionado (Núñez Rodríguez Violeta, 2019). Para Francisco López Barcenas tales cambios legales equivalen a una segunda desamortización de las tierras en México en general y en particular de las tierras de ejidatarios y comunidades indígenas. Èl le llama un cuarto ciclo de colonización en México a favor de la globalización y las grandes transnacionales con lo cual México pierde soberanía y el control de recursos estratégicos como la tierra, el agua y las energías (2018).

Roberto Diego, de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, en su intervención “Los actores sociales frente a los megaproyectos del gran capital en México” en las Jornadas sobre Minería y Extractivismo, realizado en la Universidad Autónoma de Zacatecas del 7 a 9 de mayo de 2018, resalta como las modificaciones al Artículo 27 Constitucional buscan meter en la lógica extractivista del gran capital mundial al campo, la minería y las energías de México, promoviendo megaproyectos mineros a cielo abierto que destruyen las comunidades rurales, su ecosistema, su organización y la gobernanza regional. Ello implica reforzar la organización comunitaria por la defensa de sus territorios, ecosistemas y formas de vida, promoviendo consultas comunitarias autónomas previas al establecimiento de los megaproyectos, evitando las consultas verticales y autoritarias de las grandes corporaciones con el aval del gobierno. Existe además el recurso al amparo legal cuando la consulta autónoma no sea posible por ser bloqueada por las estrategias corporativas y del gobierno a su servicio.

Violeta Núñez (2019) destaca como la reforma salinista al Artículo 27 Constitucional en 1992 y la Ley Minera a favor de las grandes corporaciones y los megaproyectos a cielo abierto generó un incremento sustancial en las concesiones mineras en el país. Se calcula que en 2019 existen en México más de 25 mil concesiones vigentes, que comprenden una superficie de más de 20 millones de hectáreas, es en el sexenio de Felipe Calderón, 2006-2012, cuando la superficie concesionada supera los 30 millones de hectáreas. Como parte de esa expansión, las sociedades mineras inscritas en el Registro Público de Minería pasaron de 441 en 1994 (54 de ellas extranjeras) a 3 mil 368 en 2018(1251 foráneas, Presidencia de la República, 2018).

La amplitud y expansión de la minería se refleja en la producción de minerales, que hizo posible que en 20 años se extrajeran 5.7 veces más oro y más del doble de plata de lo obtenido durante 300 años de la Colonia (IINEGI, 2010, Presidencia de la República, 2015). Si bien la superficie concesionada ha disminuido y los precios internacionales de la minería han caído, el volumen de la producción de los minerales en general continúa creciendo: la extracción no se detiene como lo reflejan las exportaciones que pasan de 2 mil 524 millones de dólares en 1995 a casi 22 mil millones en 2012. Más del 50% de las exportaciones minero-metalúrgicas tienen como destino Estados Unidos de América y China. Respecto al oro y plata el 80% se dirige al primer país y sobre el cobre, más del 70% se dirige al segundo (Secretaría de Economía 2014).

Violeta Nuñez (2018:34) indica como las ganancias de las empresas también han sido cuantiosas. Por ejemplo, Grupo México, líder mundial de cobre, tiene utilidades netas por más de 2 mil 472 millones de dólares en 2011. En contraste, la Ley Federal de Derechos fija montos sumamente bajos a las industrias del ramo. El Artículo 262 establece que los titulares de las concesiones respectivas pagarán semestralmente por hectárea durante el primero y segundo año de vigencia 5.08 pesos; 7.60 pesos durante el tercero y cuarto año; durante el quinto y sexto año 15.72 pesos; durante el séptimo y octavo año 31.62 pesos; durante el noveno y décimo año de vigencia 63.22 y a partir del decimoprimer año 111.27 pesos. Frente a estos pagos sumamente bajos que permanecieron desde 1992, en 2013 se aprobaron nuevos derechos sobre minería, a partir de los cuales los titulares de las concesiones cubren cada año un derecho especial del 7.5% de los ingresos derivados de las ventas y uno extraordinario de 0.5% respecto a los ingresos derivados de la enajenación a quienes venden oro, plata y platino. Frente a las enormes utilidades obtenidas, esos pagos siguen siendo bajos. Aunado a ello, durante varias décadas, pese a que el pago de derecho fue simbólico frente a las ganancias de la actividad minera, muchas empresas no pagaban (o no lo hacen). Antes de concluir el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el 29 de noviembre 2018 se publicaron 410 concesiones que fueron canceladas por incumplimiento del pago de derechos que comprenden más de 226 mil hectáreas (Secretaría de Economía 2018).

Beatriz Olivera, en su ponencia “La escasa contribución de la minería a las finanzas públicas y al desarrollo local” en las Jornadas sobre Minería y Extractivismo, (9 de mayo 2019), muestra como frente a un marco regulatorio minero laxo a favor de las grandes corporaciones estas y el propio gobierno han ido construyendo una narrativa ideológica de la minería como promotora del desarrollo que no tiene sustento en la realidad, ya que en 2016 la minería metálica y no metálica sólo aportaron el 0.32% de los ingresos totales que recauda el Gobierno Federal. La misma investigadora ratifica el raquítico aporte minero a las finanzas públicas nacionales en 2017, 2018 y 2019 con 0.35%, 0.56% y 0.52% respectivamente (2019). Las condiciones de pobreza en los municipios productores de oro, plata y cobre refutan esa narrativa ya que rebasan al 70% de población y los promedios nacionales de pobreza y pobreza extrema. Esta segunda situación persiste a pesar de la existencia del llamado Fondo Minero resultante de los cambios en la Ley Minera en 2013 que busca aprovechar el nuevo impuesto del 7.5% sobre ventas mineras para generar inversión física con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano en los municipios con actividad minera. Las nuevas disposiciones establecen que el 62.5% de ese recurso debe aplicarse en municipios y el resto en la entidad federativa correspondiente. Para 2014 los recursos del fondo Minero ascendieron a 2 090 millones de pesos concentrados en Sonora 29.2%; Zacatecas 21.3% y Chihuahua 11.5%: Para 2015 hay un ligero incremento a 2 191 millones de pesos concentrados nuevamente en Sonora con 32.1%, Zacatecas 22.1% y Chihuahua 10.3%. De acuerdo a Fundar (2017) existen múltiples irregularidades en la aplicación de este Fondo que van desde el pago limitado de los derechos por parte de las empresas mineras hasta municipios que reportan tener saldos mayores a los recibidos del Fondo Minero; municipios que han ejercido su presupuesto pero no reportan proyectos de inversión; municipios que reportan obras de inversión, pero, no recibieron recursos del Fondo; municipios que no reportan los montos de inversión realizados; poca claridad en el cobro del derecho y uso de los recursos con frecuentes distorsiones en la aplicación de los mismos hacia objetivos diferentes al propósito original. Lo relevante es que no obstante la existencia del Fondo Minero persiste la pobreza y extrema pobreza en las regiones productoras de oro, plata y cobre por encima de la media nacional. Frente al promedio nacional de población en pobreza de 43.6%, los centros productores de oro presentan 49.5% y los centros productores de plata el 58.5%. En lo que respecta a la media nacional de población en pobreza extrema es del 7.6%, mientas que en los centros productores de oro y plata es de 11% y 15.2% respectivamente. Frente al 19.3% del promedio nacional de población sin acceso a servicios básicos en vivienda (agua potable, electricidad y combustible para cocinar) los centros productores de oro y plata tienen un 29.3% y 35.3% cada uno de ellos. Respecto al promedio nacional de población con ingreso menor a la Línea de Bienestar que es de 50.6%, en esos centros es de 54.9% y 64,7% respectivamente (Olivera Beatriz 2019).

De 2014 a 2017 los recursos del Fondo Minero se utilizaron mayoritariamente para obras de construcción e infraestructura con 72.8%; obras hidráulicas 10.1%; obras eléctricas 7%, obras sociales 4% y resto deportes y educación. En los hechos, el Fondo Minero se ha utilizado en los municipios y gobiernos estatales como parte del gasto corriente y no para enfrentar los pasivos ambientales provocados por el extractivismo minero, ni tampoco para generar propuestas alternativas comunitarias de desarrollo local sustentable.

La narrativa ideológica de la megamineria como instrumento del desarrollo es refutada además por su escaso aporte al empleo nacional con 0.66% en 2017 (371 mil 556 empleos), con la característica de que la mayoría de esos empleos funciona bajo la modalidad de “outsourcing” como la mejor forma de reducir su costo para todas las corporaciones mineras. Lo mismo sucede con su bajo aporte al Producto Interno Bruto Nacional (PIB), al cual el sector minero metalúrgico contribuyó en 2017 con 4.9% y específicamente las actividades de exploración y explotación minera sólo con el 0.9%.

Frente al raquítico aporte de la minería en México al desarrollo económico del país y de las regiones donde desarrolla sus actividades, Sol Pérez Jiménez (2019) destaca sus enormes impactos negativos por metales pesados que son absorbidos por animales y seres humanos; generando una gran contaminación ambiental e impactos en la salud de la población. Los residuos químicos (cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y los mismos metales) pueden filtrarse y contaminar fuentes de agua superficiales (manantiales, ríos y otros cuerpos de agua) y yacimientos de agua subterráneos. Elimina todo tipo de flora existente con grave impacto en la diversidad local. Terminada la explotación, quedan inmensos cráteres en el área, habiendo destruido completamente el territorio y dejándolo inutilizable para alguna actividad productiva.

Ella señala como el 70% del oro en México se extrae en explotaciones a cielo abierto, las cuales para obtener 1 onza de oro requieren 150 toneladas de roca, 40 kilogramos de explosivos, consumen de 150 a 200 mil litros de agua dulce suficientes para proporcionar agua a una familia por año, 500 litros de combustible, emiten 650 kilogramos de CO2 a la atmósfera, junto con otros gases de efecto invernadero altamente contaminantes y tóxicos.

Los impactos negativos de la megaminería en México se tornan más peligrosos y cuestionables cuando existen 70 proyectos en Zonas Naturales Protegidas que cuestionan la institucionalidad sobre su cuidado y protección. Lo mismo sucede con los Pueblos Indígenas de los 176 existentes en el país, 83 tienen concesiones mineras en sus territorios, lo que cuestiona los derechos reconocidos a esos Pueblos en la Constitución y en los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano.

Luego de 37 años de neoliberalismo en México y de promoción del extractivismo y los megaproyectos mineros, el país enfrenta la crisis ambiental más grave de su historia, en particular en materia hídrica con la existencia de 576 proyectos mineros en Acuíferos en 2018 lo que profundiza el déficit hídrico con la perforación masiva de pozos profundos y el riesgo de contaminación del agua por arsénico y metales pesados por los derrames de desechos mineros(“jales”), con más de 200 accidentes en la última década.

Pérez Jiménez resume los impactos del extractivismo minero sobre los territorios y comunidades donde desarrolla sus actividades en impactos sociales, ambientales, sobre la salud, la economía y la vida cultural, a lo que hay que añadir el asesinato de más de 50 líderes comunitarios de 2000 a 2019. Al término de las actividades mineras los territorios quedan devastados, destruidos, sin ningún fondo para enfrentar los pasivos ambientales generados y sin ninguna propuesta de desarrollo alternativo del gobierno mexicano. Para ella, el desarrollo de la minería metálica es completamente incompatible con la sustentabilidad ambiental de México. El argumento “desarrollista” es irrisorio frente a los graves impactos negativos multidimensionales. Se está exterminando el agua y destruyendo los recursos naturales y territorios, la vida de cientos de comunidades para beneficiar a las grandes corporaciones mineras nacionales y del exterior. A la pobreza centenaria de las mismas hay que añadir ahora los desastres ambientales y la violencia creciente provocados por la voracidad del gran capital y la complicidad del Estado mexicano.

En la memoria histórica de México, como en otros países de América Latina como Perú, Bolivia, Chile, Colombia y otros, con la experiencia centenaria de la minería como actividad extractiva y depredadora de la naturaleza que destruye las comunidades y los beneficios son apropiados por agentes externos, existe la lucha de múltiples comunidades por proteger y defender sus territorios desde la Colonia hasta la actualidad. Con el auge de las materias primas en América Latina y México de finales de los años 90 del siglo anterior, con el avance del extractivismo minero y sus megaproyectos a cielo abierto surgen y se incrementan los conflictos socio-ambientales en nuestro país, de norte a sur prácticamente en todas las regiones emergen organizaciones comunitarias luchando por la defensa de sus territorios, sus recursos naturales y formas de vida. Una de las organizaciones sociales más importantes a nivel nacional reconocida por su lucha consistente y articuladora como red de redes de comunidades en lucha contra la megaminería es la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la cual denuncia que en los últimos años se han generado más de 15 mil conflictos sociales derivados de las actividades mineras en el país. En voz de uno de sus dirigentes, Miguel Ángel Miganjos (2018), la REMA ha ido construyendo una agenda común de lucha a nivel nacional en los últimos diez años, con los siguientes componentes.

Construcción colectiva nacional de una agenda común contra el extractivismo minero que atenta contra las comunidades y sus territorios.

Conformación de una red nacional mediante enlaces estatales para convertirla en una red de información y colaboración.

La REMA tiene una Secretaría Técnica que coordina y aporta información a nivel de todos los estados y del país.

La REMA es una red solidaria, sólo la Secretaría Técnica cuenta con un modesto presupuesto para financiar sus actividades más importantes.

La REMA tiene un equipo de asesores legales que buscan apoyar a los equipos y redes de las diferentes regiones y estados del país.

La REMA le apuesta sobre todo a promover y fortalecer la organización comunitaria en defensa y protección de sus territorios.

Promueve la realización de alianzas con diferentes actores sociales para lograr territorios libres del extractivismo y la minería.

Para avanzar en el objetivo anterior promueve estrategias de fortalecimiento de los derechos de los pueblos y sus comunidades mediante la construcción de autodeterminación.

La REMA trabaja con enfoque territorial nacional sin desconocer que la minería y el extractivismo forman parte del funcionamiento del capital global y las grandes potencias.

La REMA busca construir una Agenda Territorial única, como resultado de la articulación de red de redes a nivel nacional, que permitan avanzar a una situación de territorios libres del extractivo y la minería.

La base de REMA y de la resistencia nacional en contra del extractivismo y la minería la representan las asambleas informativas y deliberativas de las comunidades.

La REMA propone evitar la llegada de la minería y cuando ya está instalada recurrir a los instrumentos legales del amparo para revertir su instalación y funcionamiento.

Las alianzas con los pueblos indígenas, campesinos, ambientalistas y la Sociedad Civil en general es fundamental en la defensa del territorio nacional contra la minería y el extractivismo.

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Es importante destacar como sin desconocer la valiosa lucha de la REMA a nivel nacional en contra de la minería y la destrucción de los territorios, es tan grande la expansión de los megaproyectos en todo el territorio nacional, resultante de la nueva institucionalidad neoliberal de la Ley Minera de 1992 como actividad preponderante y el apoyo y complicidad del Estado mexicano, que ha hecho muy difícil la articulación nacional de las diferentes organizaciones y redes sociales que luchan contra la minería y demás megaproyectos. Esta situación se vuelve más complicada por las violencias e inseguridades derivadas de la “guerra contra las drogas” iniciada por el presidente Felipe Calderón desde diciembre de 2006 y que ha significado en los hechos la militarización de todo el país hasta la fecha. Lo que ha servido frecuentemente de pretexto para amenazar y reprimir a las comunidades que luchan por la defensa de sus territorios y recursos naturales.

Aleida Aznar Alonso (2018) plantea, como lo hace Gudynas, la necesidad de debatir la realidad minera de América Latina y México respecto a la pertinencia de transitar del extractivismo primitivo al extractivismo indispensable y sensato. Lo que significa esclarecer la relación entre extractivismo, modelo económico y políticas sociales a partir de las diversas experiencias del Cono Sur en los tres primeros lustros del siglo XXI. Reconociendo su reprimarización es fundamental ver como el auge temporal exportador de materias primas finalmente lo que hace es refuncionalizar la dependencia,el subdesarrollo y el neocolonialismo como parte de una nueva etapa de acumulación del capital a nivel global al inicio del siglo XXI. Lo que ha implicado, entre otros efectos, cambios institucionales y normativos en la mayoría de los países a favor de las grandes corporaciones y sus megaproyectos mineros, agroindustriales, energético, hidráulicos, carreteros e inmobiliarios y creciente conflictos socio-ambientales en todos los países de la región.

Carlos Rodríguez en su ponencia “La acumulación por despojo en México” (2018) señala seis puntos centrales de ese proceso:

La gobernanza por despojo. La institucionalización en el país (y la región) de la acumulación por despojo del extractivismo minero y demás actividades similares.

Al igual que hace cinco siglos, México y la región están sujetas al despojo de todos sus recursos naturales para la acumulación de capital global.

Nuevamente, la megaexplotación de los recursos naturales para los países ricos implica nuevas cadenas globales de subordinación, subdesarrollo y neodependencia.

El modelo extractivista actual de la minería, energías, agroindustria, turismo, inmobiliario, agua, biodiversidad significa la estructuración de una matriz primaria exportadora refuncionalizada por los grandes especuladores del capital global que subordinan a los diversos gobiernos nacionales a su estrategia con la ilusión de la modernización económica y progresos como sucedió ya a finales del siglo XIX.

Transformación de los Estados nacionales en gestores e instrumentos de las estrategias del capital global mediante profundas transformaciones normativas e institucionales que posibilitan institucionalizar el “gobernar por desposesión”.

Emergencia de Estados extractivistas (con matices entre Bolivia, Perú, Argentina, Chile, México) que producen diferentes mecanismos de dominación legal, de políticas sociales corporativas y de represión en los diferentes países.

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Humberto Machado, de la Universidad de Catamarca, Argentina, aporta valiosas contribuciones en el evento de Las Jornadas sobre Minería y Extractivismo en la UAZ (2018) cuando cuestiona la naturaleza del evento mismo ¿Se trata de un evento académico, político? ¿Son sensiblerías sobre el medio ambiente, conocimiento científico o dialogo de saberes? ¿Se cuestiona el extractivismo y la ciencia como “locomotoras del desarrollo”? El resalta como la Ciencia está imbricada en las relaciones de explotación y destrucción del mundo, cuestionando ¿Cuáles son los terrenos de la producción de conocimientos, quien los hace, cómo los hace, para qué? Es fundamental reconocer la epistemología del ecocidio, la narrativa neocolonial del desarrollo basado nuevamente en el extractivismo masivo, planetario, de los megaproyectos y la existencia de sujetos sociales contra-hegemónicos que luchan contra esa epistemología dominante de la acumulación por despojo, del modelo de la muerte del planeta.

Machado como lo hace en varias de sus publicaciones, destaca la lucha de paradigmas dominantes y críticos del capitalismo del despojo resultado de la estructura colonial e imperial de la ciencia al servicio del gran capital. La ciencia y la tecnología al servicio de la acumulación de capital por despojo. La ciencia al servicio de la economía de la muerte. En ese contexto urge, según él, luchar por descolonizar la Ciencia, la deconstrucción estructural colonial del conocimiento. Se requiere debatir, esclarecer el papel de la minería, que tipo de minería, cuanta minería es necesaria para el futuro de América Latina y en el mundo, reconociendo la función histórica de la minería en el colonialismo y colonialidad en el Continente y el sistema capitalista en su conjunto durante cinco siglos. Ratifica las tesis principales de su libro sobre los aportes históricos del Potosí en la acumulación a escala mundial (2014), al señalar como la enorme explotación del Potosí en 1545(al igual que Zacatecas y Guanajuato) son soporte central en la construcción del sistema mundo moderno. Representan para él, una revolución geológica, política y antropológica del mundo moderno. Conquista y colonización que genera una nueva estructura económica, legal, institucional y política del mundo moderno 200 años antes de la Revolución Industrial en Inglaterra. En Potosí, para él, se estructura el mundo moderno, estructura y matriz de recursos naturales como base del surgimiento del mundo moderno con avances de ciencia y tecnología desconocidos en la mayoría de las regiones de Europa.

En el contexto anterior, Humberto Machado ubica a la ciencia y la tecnología como instrumentos para institucionalizar el sistema extractivismo minero; sistema legal y militar al servicio de la minería. De la gobernanza por despojo colonial que funge como referente de la globalización por despojo del siglo XXI. En 1750 en Inglaterra no tenían ninguna empresa con 4500 trabajadores como en el Potosí. Por ello, dicho emporio representa históricamente el nacimiento de la modernidad y soporte del imperio español hasta el siglo XVII. Estado imperial dependiente de la plata, con un marco legal regulatorio adecuado a esa función extractivista, recaudatoria, depredadora colonial. El Estado moderno nace así como Estado minero, como un sistema legal y militar a su servicio: Estado y capital fusionados históricamente. Matriz de dominación y poder mundial sobre la naturaleza, sociedad y territorios. Ejemplo de la mentalidad de los conquistadores españoles es el argumento de Hernán Cortes ante Moctezuma de pedir el tesoro de los Aztecas de oro y plata para curar su enfermedad del corazón mediante la obtención de tales metales. Tal argumentación prefigura el futuro máximo fetiche del oro como mercancía con valor abstracto, con escaso valor de uso, frente al plomo y cobre como mercancías con alto valor de uso en las guerras por los mercados y sus recursos.

El oro para Machado, deviene la base del sistema financiero mundial y del modelo civilizatorio de la destrucción de la naturaleza para la acumulación de capital. El patrón militar (consume 60% de los metales) y nuevas tecnologías a su servicio refuerzan la nueva matriz antroprocentrica de usar, destruir la naturaleza como una cosa, la cosificación de la naturaleza por la dinámica del capital. La Ciencia y la Tecnología modernas avanzan destruyendo la naturaleza para la acumulación ampliada del capital. Nueva forma de producción de los territorios, dejan de ser espacios de vida y devienen espacios de saqueo, de expulsión. Terrenos de conquista y explotación. Esta matriz rompe la relación armónica con la naturaleza, la destruye y pone en peligro su existencia.

El proceso anterior se agrava por un nuevo régimen energético de hidrocarburos y nuevas energías de megaproyectos con cargo a la naturaleza que incrementa los procesos de violencia y explotación planetaria, mineralización de las relaciones humanas y con la naturaleza. Avaricia y despojo como ejes de la economía de la muerte.

Esta nueva matriz depredadora a nivel planetario, según Machado, tiene como actores centrales y beneficiarios a organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el sistema financiero internacional, las corporaciones financieras y los especuladores institucionales, los sistemas de pensiones cautivos y explotados por los actores antes señalados, las burguesías nacionales, los Estados y sus altas burocracias, los gobiernos regionales y en ocasiones instituciones de educación superior que actúan como empleados, cómplices y lacayos de la acumulación del capital global mediante la destrucción de las comunidades, de las regiones, territorios y del planeta en su conjunto.

Finalmente, Humberto Machado, invita a no olvidar que la humanidad enfrenta un antroprocentrismo de 2000 años contra la naturaleza, aun sin enormes empresas transnacionales, suponiendo que no existieran, el reto estratégico es cambiar la visión del mundo, superar el paradigma de la cosificación de la naturaleza, como un objeto inerte cuya función es la explotación y destrucción para el capital. En términos de investigación actual ello implica revertir también la visión del extractivismo minero de las comunidades investigadas y su cosificación como objetos inertes, sujetos al despojo y destrucción como sus propios territorios.

El antroprocentrismo actual representa el mayor riesgo de la especia humana por el proceso creciente de destrucción del planeta. Se necesita superar ese antroprocentrismo del mundo moderno, la ontología de la civilización de la muerte, del neometabolismo del capital depredatorio con su nueva matriz reprimarizada, energética, narrativa, discursiva y cientifísta. Urge superar la narrativa del desarrollo con base al capitalismo de la muerte planetaria, la fantasía del progreso neocolonial mediante asistencialismo con las migajas de la destrucción de la naturaleza y la aplicación de toda la violencia institucional, normativa, policiaca y militar, reforzada por el” big data” y los nuevos desarrollos de la ciencia y la tecnología al servicio de su modelo supremo de la economía de la muerte.

Los planteamientos anteriores de Humberto Machado de ubicar los impactos del extractivsmo y la megaminería como parte de una visión de la modernidad capitalista (“antroproceno”) que atenta contra el futuro del planeta y que hace recordar lo señalado James O’Connor sobre la segunda contradicción fundamental del capitalismo entre la maximización de la ganancia y la destrucción de la naturaleza (Kamal Mayan, 1993), permite ubicar histórica y epistemológicamente el futuro de América Latina y México si persiste el modelo de la muerte del extractivismo minero y otros megaproyectos. En una vertiente nacional, Violeta Muñoz (2018) dos meses antes de las elecciones presidenciales del 2018, se pregunta si con el probable triunfo de López Obrador y las fuerzas progresistas del país, se logrará revertir la reprimarización neoliberal y la acumulación por despojo en México que ha posibilitado que las corporaciones mineras hayan obtenido de 1992 a 2015 más oro y plata del que se extrajo durante la Colonia. Gracias a las reformas neoliberales del Articulo 27 y la Ley Minera, que han llevado a considerar la minería y la destrucción de la naturaleza como de utilidad social, la conformación de latifundios mineros como la Compañía Peñoles con concesiones mayores de 2 millones de hectáreas y que se avance en la destrucción de las costas y mares de México con minería submarina con 122 millones de hectáreas de mar concesionadas a corporaciones mineras nacionales y extranjeras. Se anuncia con regocijo que los mares del país se han integrado a la dinámica de la economía de la muerte, de la acumulación de capital por despojo mediante la aplicación de las nuevas tecnologías para seguir con la quimera del progreso y la modernidad de cinco siglos destruyendo ya no sólo la superficie terrestre, sino ahora también los mares. Violeta Muñoz de forma optimista señala que en el escenario de un triunfo presidencial de las fuerzas progresistas de Morena se pudiera realizar un debate nacional sobre la minería y el extractivismo, sobre los megaproyectos y el futuro del país. Debatir como ha sugerido reiteradamente Gudynas sobre cuanta minería y que tipo de minería es la que requiere México en los siguientes años valorando sus costos enormes y raquíticos aportes.

Empleo en la minería en México

Para Cortes Campos (2008) el neoliberalismo establece las bases para el estudio de las transformaciones de la mano de obra y las condiciones de su explotación, señala que los esquemas del trabajo minero son cada vez más precarios, algunos de ellos están basados en la subcontratación de las grandes empresas o bien mediante micro contratistas mineros, el otro esquema se refiere al empleo informal, el cual se caracteriza por no contar con ninguna relación contractual ya sea con una empresa o sujeto. En particular, la subcontración que es una forma contractual que utilizan principalmente las grandes compañías mineras, este tipo de contratación les deja grandes beneficios, al disminuir costos laborales en salarios, prestaciones, gastos de seguridad social, aguinaldo, etc.; al tiempo que les permite minimizar la influencia de las organizaciones sindicales para negociar sus condiciones laboral; favoreciendo además la contratación por tiempo limitado, es decir los trabajadores pierden paulatinamente estabilidad en el empleo. En suma todo ello, en detrimento de la clase trabajadora favoreciendo la expansión del empleo informal y por consiguiente la precariedad del empleo. De acuerdo con Fernández (2016:1):

La evolución histórica del régimen que norma lo laboral y sindical en nuestro país ha seguido dos tendencias principales: la ampliación de los mecanismos de intervención estatal, especialmente para el registro de sindicatos y el ejercicio del derecho de huelga, desde la promulgación de la LFT, en 1931, y sus sucesivas reformas hasta 1980[1]; y la reducción de los derechos laborales, sobre todo en lo que corresponde a la estabilidad en el empleo y el carácter tutelar de la ley en favor del trabajador, culminando en la reforma laboral de finales de 2012. En suma, menos derechos y más control.

Datos tomados del anuario estadístico de la Minería mexicana muestran, que a lo largo del periodo de observación 2008 -2018 el empleo formal de la industria minera se ha mantenido a niveles muy bajos de crecimiento, a partir de 2013 el incremento porcentual de empleo es bajo, si bien es positivo es notablemente inferiores a los valores alcanzados entre 2010-2012 (Gráfica 1).

La reducción de gastos e inversión han impactado en la creación de nuevos empleos pero con costos para los propios trabajadores del sector minero. La canimex informa que en el año 2018 el empleo en el sector minero-metalúrgico presentó un incremento de 2.0% con respecto al año previo; al cierre de 2018, se generaron 7 mil 464 empleos nuevos, en adición al empleo directo generado por la minería suma poco más de 2.3 millones de empleos indirectos distribuidos en la cadena productiva del sector. “Con base en la información de la Secretaría de Economía, las remuneraciones que perciben los trabajadores de la industria minero-metalúrgica son 39% mayor al promedio nacional” (canimex 2019:20). Estimamos con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2018) que la población en el empleo informal del sector minero representa el 17.7%, mientras los mineros en el empleo formal ganan 38 pesos por hora, los que están en el empleo informal 22 pesos, esto significa que ganan 16 pesos menos por hora. Un dato más específico indica que 72.8% de los mineros en la informalidad ganan de 1 salario mínimo hasta 2 salarios mínimos, esa relación entre los que están en empleo formal es del 11.1%.

No obstante que se informa un incremento en el empleo del sector minero, a nivel estatal entre 2017 y 2018 tan solo tres estados concentran al 95.1% de los nuevos empleos. De los 7 mil 464 empleo generados entre 2017 y 2018 Guanajuato concentra al 60.6%, Zacatecas (20.0%) y Hidalgo (14.5%), mientras que 10 estados redujeron su plantilla (Cuadro1).

Cuadro 1. Empleo en la Industria Minero-Metalúrgica, 2017 y 2018 por entidad federativa
	Empleos 2017	Distribución porcentual	Empleos 2018	Distribución porcentual	Nuevos empleos	Distribución porcentual
Total	371,556	100.0%	379,020	100.0%	7,464	100.0%
Guanajuato	21,041	5.7%	25,567	6.7%	4,526	60.6%
Zacatecas	14,385	3.9%	15,876	4.2%	1,491	20.0%
Hidalgo	9,187	2.5%	10,266	2.7%	1,079	14.5%
Veracruz	14,273	3.8%	15,094	4.0%	821	11.0%
Morelos	4,117	1.1%	4,918	1.3%	801	10.7%
Nuevo León	55,119	14.8%	55,765	14.7%	646	8.7%
Guerrero	2,795	0.8%	3,149	0.8%	354	4.7%
Aguascalientes	5,999	1.6%	6,248	1.6%	249	3.3%
Michoacán	6,504	1.8%	6,740	1.8%	236	3.2%
Quintana Roo	1,987	0.5%	2,122	0.6%	135	1.8%
San Luis Potosí	13,859	3.7%	13,930	3.7%	71	1.0%
Chihuahua	20,380	5.5%	20,435	5.4%	55	0.7%
Colima	2,386	0.6%	2,432	0.6%	46	0.6%
Tlaxcala	7,612	2.0%	7,657	2.0%	45	0.6%
Puebla	7,211	1.9%	7,252	1.9%	41	0.5%
Coahuila	39,417	10.6%	39,450	10.4%	33	0.4%
Tamaulipas	8,806	2.4%	8,829	2.3%	23	0.3%
Ciudad de México	11,664	3.1%	11,686	3.1%	22	0.3%
Jalisco	15,022	4.0%	15,033	4.0%	11	0.1%
Oaxaca	2,432	0.7%	2,443	0.6%	11	0.1%
Chiapas	665	0.2%	674	0.2%	9	0.1%
Nayarit	1,037	0.3%	1,040	0.3%	3	0.0%
Campeche	390	0.1%	365	0.1%	-25	-0.3%
Tabasco	1,101	0.3%	1,030	0.3%	-71	-1.0%
Yucatán	4,915	1.3%	4,793	1.3%	-122	-1.6%
Durango	14,928	4.0%	14,755	3.9%	-173	-2.3%
Sonora	20,378	5.5%	20,175	5.3%	-203	-2.7%
Sinaloa	3,823	1.0%	3,520	0.9%	-303	-4.1%
Baja California Sur	4,711	1.3%	4,332	1.1%	-379	-5.1%
Baja California	12,033	3.2%	11,503	3.0%	-530	-7.1%
Querétaro	11,288	3.0%	10,677	2.8%	-611	-8.2%
México	32,091	8.6%	31,264	8.2%	-827	-11.1%
Fuente: Elaborado por los autores con datos de Informe Anual, 2018 y 2019; Cámara Minera de México, CAMIMEX; con aportación de Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS.

Para cerrar este apartado, de acuerdo con el informe de la Cámara de Minería de México la generación de empleo y las remuneraciones son el resultado de la oferta y la demanda; y las empresas cada vez más buscan profesionales con capacidades integrales, señalan además que “el sector presenta cambios maduros a ritmos vertiginosos y uno de los mayores cambios es la retribución salarial de los trabajadores” (2018:20), sin embargo, como se puede observar en la información del cuadro 2, para el caso de los profesionales del sector minero, desde 2015 vieron reducido su salario promedio mensual por tres años consecutivos y aun en 2018 esta por abajo al observado en 2014. Por otro lado señalan que la industria minera practica la inclusión y la integración de mujeres a su fuerza laboral con equidad de derechos, al cierre del año 2017, fueron ocupados 15 mil 494 profesionales en la industria minera, un aumento de 28% respecto de 2016, de los cuales el 6% son mujeres. Al cierre de 2018 el porcentaje de mujeres fue de 15% mientras que el número de empleos ocupados por profesionistas fue de 15 mil 576, un aumento del 6% respecto del 2017. Desafortunadamente no hay información sistemática que informe de las condiciones laborales de los hombres y mujeres en el sector minero para constatar su integración a la fuerza laboral. Fernández (2016) señala que el trabajo es el elemento central que puede proporcionar un anclaje para articular políticamente la lucha por los derechos laborales y la igualdad de oportunidades para todos.

Cuadro 2. Ingreso promedio mensual. Carreras mejor pagadas, 2014-2018
Carreras	2,014	2,015	2,016	2,017	2,018
Finanzas, banca y seguros	19,929	23,414	17,296	20,130	16,187
Minería y extracción	19,838	18,094	17,280	15,954	17,521
Servicios de transporte	18,760	18,673	15,529	18,279	17,566
Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves	14,036	15,609	14,097	n.d.	n.d.
Medicina	13,403	14,302	14,666	15,133	16,331
Construcción e ingeniería civil	12,933	13,848	13,881	n.d.	n.d.
Química	12,271	21,846	33,905	15,677	19,897
Arquitectura y urbanismo	12,216	14,937	n.d.	n.d.	n.d.
Finanzas, banca y seguros: 20,230, posición 1 en 2017.
Ciencias ambientales: 21,623, posición 1 en 2018.
Fuente: Elaborado por los autores con datos STPS-INEGI. Informe 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 Cámara de Minería de México.

Extractivismo minero bajo la Cuarta Transformación de López Obrador

Violeta Núñez (2019)) registra como al inicio del nuevo gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador en diciembre 2018 existen actuaciones contradictorias respecto al extractivismo minero en el país al declarar que harán acciones para rescatar los 63 cuerpos de los mineros que quedaron sepultados tras la explosión de la mina de carbón de Pasta de Conchos desde febrero de 2006. El percance ocurrió en una mina subsidiaria del Grupo México que, con el gobierno federal de entonces, negó las posibilidades del rescate por el alto costo que representaba. Otra señal positiva, para ella, es la cancelación de la mina Los Cardones, del Grupo Salinas, demanda que enarboló durante años de movilización social el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y de la Vida en Baja California Sur. Aunado a esto, de gran trascendencia es que el actual presidente declara que ya no sedarán más concesiones a las empresas mineras (Gobierno de México, 2019).

Para Violeta Núñez es importante que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 no se incluya a la actividad minera como sector estratégico, a diferencia del PND del sexenio anterior. Pero, por otro lado, existen decisiones en sentido contrario como el nombramiento como Subsecretario de Minería a un exdirectivo de corporaciones mineras y lo más preocupante las declaraciones reiteradas del mismo presidente de que se respetarán las concesiones mineras existentes (Gobierno de México, 2019). Lo que significa respetar los 20 millones de hectáreas concesionadas vigentes, y las no vigentes que durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) llegaron a 30 millones de hectáreas. Es clara la intencionalidad presidencial de no afectar la inversión privada, en particular a las grandes corporaciones mineras, con cuyos dueños mexicanos durante 2019 realiza una clara alianza económica y política para participar en los megaproyectos del Sur del país, que el gobierno de López Obrador ubica como parte central de su gestión. Este discurso se ha reiterado durante las negociaciones del Tratado México Canadá Estados Unidos (T-MEC) en 2018 y 2019 para dar certidumbre a la inversión extranjera en la minería y otros sectores de la economía nacional. Lo mismo ha sucedido cuando han crecido los cuestionamientos contra los graves impactos de la megaminería en todo el país y cuando se denuncian los grandes riesgos de los megaproyectos de infraestructura en el Sureste y el Istmo de Tehuantepec durante todo 2019 y al inicio de 2020. Estas declaraciones de mantener las concesiones mineras actuales para dicha investigadora significan que se seguirá afectando a cientos de miles de mexicanos que viven en los territorios depredados por el gran capital minero con más de 120 conflictos ambientales actualmente. Ella recuerda la necesidad de debatir sobre el futuro de la minería en México, no se puede vivir sin esa actividad, pero, es necesario poner límites a las empresas del ramo.

Violeta Muñoz hace las siguientes propuestas de modificación en el marco legal que rige actualmente la megaminería en México:

No entregar ninguna concesión más y revisar las entregadas en las últimas décadas, evaluando sus impactos ambientales, económicos, sociales y culturales.

Urge modificar la Ley Minera, debatiendo la consideración de la actividad minera como de utilidad pública, lo cual posibilita darle preferencia respecto a cualquier otra. Por ejemplo, la agrícola y ganadera, entre otras vitales para la sociedad y economía del país. Reconociendo que la alimentación debería ser política prioritaria en México con más de 9.2 millones en pobreza extrema según CONEVAL, 2016. Como parte de esto es importante analizar el artículo de la Ley que establece “obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio” (Cámara de Diputados, 2019), pues ello implica en los hechos el despojo de tierras y territorios de los pueblos y de las comunidades donde hay minerales.

Es importante fijar un límite máximo de la superficie de las concesiones, pues ello posibilita el latifundio minero como lo evidencia la corporación Fresnillo PLC, el “productor de plata más grande en el mundo y uno de los productores más grande de oro en México” (Fresnillo, PLC, 2019), que indica en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores que “Fresnillo cuenta con concesiones mineras que abracan aproximadamente 2.1 millones de hectáreas en México” (Grupo BMV, 2015). Lo que en los hechos significa la existencia de enormes latifundios (en este caso mineros) como los que hubo en México hace más de cien años durante la dictadura de Porfirio Díaz y que fueron detonantes de la Revolución Mexicana en 1910.

Resulta fundamental revisar la vigencia de las concesiones durante 50 años, con prórroga por otros 50. Esto no puede mantenerse así: la vida útil de una minera se extiende aproximadamente por diez años (lo que varía de acuerdo con la tecnología empleada) y por otro lado es que las empresas mineras se han posesionado de grandes extensiones de hectáreas, sin realizar ningún tipo de actividad, con la finalidad de especular con esas concesiones como se hace a nivel mundial. Aprovechando que pueden mantenerlas por un siglo con un pago mínimo y la posibilidad de grandes beneficios especulativos a futuro.

Es vital incluir un artículo que limite o prohíba la minería a cielo abierto, muy dañina para el ambiente y la salud de todos los seres vivos, con graves impactos sobre un recurso estratégico como es el agua para la población mexicana con graves problemas de abasto hoy.

De gran importancia resulta revisar los pagos de derechos de las empresas mineras. Resulta fundamental mantener los derechos especial y extraordinario, pese a la presión de aquéllas por eliminarlo. Incluso, dadas las utilidades netas tan altas, se podrían aumentar los impuestos o crear otro tipo que deje más recursos y que el país pueda beneficiarse realmente de la actividad, utilizando los ingresos de ésta como en otros países (Bolivia y Ecuador), para programas sociales. Es necesario revisar el Fondo Minero, no sólo por el monto que aportan las empresas a este (77.5 por ciento de “la recaudación total que se obtengan de los derechos, general, especial y extraordinario”, Cámara de Diputados, 2018) sino para que se utilice en realidad para beneficiar a las comunidades donde se lleva a cabo la actividad minera y sobre todo las que ya han sido afectadas.

De permanecer las empresas mineras extranjeras, de las cuales han tenido gran crecimiento en México en los últimos 20 años, es indispensable que respeten el ambiente como tendrían que hacerlo en sus lugares de origen (Estados Unidos, Canadá, China y otros). Pero, también sería justo revisar cuánto deberían pagar a los trabajadores si estuvieran ahí: la explosión de Pasta de Conchos mostró qué en México, los mineros murieron por 7 dólares que les pagaban al día. Frente al salario mínimo de Estados Unidos de 7.25 dólares por hora. Por ello es necesario revisar las diferencias salariales y señalar cuánto tendrían que pagar d emano de obra las empresas extranjeras si estuvieran en su lugar de origen.

De gran importancia sería revisar las afectaciones ambientales de las empresas. En particular, sería indicado analizar los derrames del Grupo México: ocurrido en 2014, considerado el peor desastre ambiental de la industria minera, que derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre a los Ríos Sonora y Bacanuchi; el de 2019 que vertió 3 mil litros de ácido sulfúrico al Mar de Cortés; y los 22 accidentes ambientales que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, 2019) ha denunciado del Grupo México.

Pero, para ir más a fondo, México debería revisar el tipo de economía extractiva en que se encuentra. Es decir, el país se dedicó desde la época colonial a extraer minerales para enviarlos a la metrópoli. Pero esta política no ha cambiado del todo. Actualmente, la nación produce minerales fundamentalmente para exportarlos a Estados Unidos y China, sin dejar grandes beneficios para sí. Ante este escenario, la interrogante es por qué y mantener la actividad en estos términos.

Importar lista

En el contexto de 2017 y 2018, previo al proceso electoral por la presidencia de México, preocupados por los graves problemas ambientales del país y la falta de una política de Estado sobre ellos, un grupo de investigadores universitarios articulados en el Seminario Universitario Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, se da a la tarea de hacer un diagnóstico nacional sobre esos problemas y elabora una propuesta nacional de política ambiental(UNAM, Agenda Ambiental 2018) que se publica y se entrega a los diferentes candidatos a la Presidencia de México. Dicha publicación aparece en febrero 2018 y en lo que respecta al tema minero hace las siguientes aportaciones. La minería ha tenido un papel preponderante en México en la reorientación de su economía hacia el exterior desde diciembre de 1982 con el establecimiento del neoliberalismo en el país, refuncionalizando los mecanismos de dependencia y subordinación a las corporaciones extranjeras y mexicanas, generando sobreexplotación de los recursos mineros del país, con grandes impactos ambientales negativos y graves daños a las comunidades en los territorios donde existen concesiones mineras, y donde los movimientos de resistencia han sido a menudo reprimidos por las fuerzas públicas y militares. Más de 120 conflictos ambientales vigentes relacionados con la minería en el país reflejan sus grandes costos socio-ambientales, en un contexto en que el Estado ha renunciado prácticamente a la regulación de esta actividad, así como a la protección del medio ambiente y de las comunidades indígenas y rurales en las regiones donde se lleva a cabo dicha actividad.

Ante la situación anterior, y de cara al cambio de la administración presidencial en 2018, los investigadores universitarios antes referidos plantean que resulta fundamental promover un amplio debate nacional sobre el Proyecto de Nación, el papel de los recursos naturales y la energía, el medio ambiente y, en particular, los territorios y las comunidades afectadas por la minería, para lo cual en la coyuntura electoral presidencial de 2018 se propone que los diferentes candidatos suscriban un compromiso para decretar la moratoria a nuevas concesiones mineras y reducir la fecha de caducidad de las concesiones otorgadas para todos los proyectos de exploración y explotación como ya lo ha hecho Costa Rica.

La propuesta del equipo de universitarios propone promover una iniciativa ciudadana de reforma y adiciones al Artículo 27 Constitucional y al Artículo 6 de la Ley Minera para restablecer el carácter preferente de la soberanía nacional, el bien público y los derechos humanos sobre la minería y la extracción de hidrocarburo. Plantea, además, promover una nueva Ley Minera que faculte a los estados con mayor afectación ambiental por la megaminería a establecer un impuesto ecológico que permita prever y enfrentar la huella ecológica desde el inicio de las actividades hasta el final de los proyectos, para evitar la destrucción ambiental a gran escala que la minería ha ocasionado en Sonora, Zacatecas y otros estados.

Se plantea que el Congreso de la Unión, el Senado y el Poder Judicial deben jugar un papel clave en la solución de más de 120 conflictos ambientales mineros activos y en la construcción de un marco normativo de verdadera regulación de la actividad minera, subordinándola a los intereses de las comunidades locales, el desarrollo sustentable y la soberanía nacional. Se requiere que los tres poderes del Estado mexicano se comprometan a realizar estudios integrales sobre la huella ecológica de la megaminería en los estados con mayor presencia de la actividad minera, considerando los impactos ambientales, los costos de remediación y prevención de daños ambientales y a la salud humana, antes de que concluya la vigencia de esos proyectos. En estos estudios debe haber participación directa de las comunidades afectadas, instituciones de educación superior, organizaciones ambientales y las instituciones estatales y federales correspondientes.

Se propone garantizar el acceso público a la información sobre todas las acciones, impactos, ingresos, impuestos, transferencias, contrataciones, compras y concesiones que realizan las corporaciones mineras en el país.

En términos de investigación científica se plantea integrar como línea prioritaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) la investigación sobre la minería, recursos naturales y desarrollo territorial sustentable en México. Se propone que cuente con el apoyo técnico y financiero necesario, que aproveche las redes de investigadores del país y la Red Global de Talentos Mexicanos en el Exterior y de las ONGS reconocidas por la seriedad de sus estudios y recomendaciones a nivel nacional e internacional.

A nivel de participación ciudadana se recomienda establecer observatorios ciudadanos estatales sobre la megaminería, los recursos naturales y el desarrollo territorial sustentable con el apoyo de las instituciones de educación superior y los Congresos respectivos, para realizar los diagnósticos y propuestas estatales de regulación, monitoreo y evaluación de estas actividades y el diseño de políticas de desarrollo posextractivistas y posdesarrollistas, de acuerdo con las condiciones de cada entidad en el país.

En lo que respecta al Fondo Minero, garantizar que sean los municipios y las comunidades afectadas por la megaminería quienes decidan el uso del impuesto minero hasta ahora aplicado unilateralmente por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y los gobiernos estatales, priorizando las acciones para enfrentar los impactos de la huella ecológica minera, sus afectaciones en la salud pública y las propuestas de desarrollo humano integral sustentable.

A pesar de la existencia de múltiples propuestas para debatir los costos y aportes de la minería en el desarrollo de México por parte de organizaciones sociales, organizaciones ambientalistas, redes comunitarias defensoras de los territorios y diferentes grupos de investigadores en el país, durante la campaña electoral por la presidencia de México en 2018 no existió el interés por promover un debate nacional sobre el tema y en general las posiciones de los candidatos fueron esquemáticamente a favor de la megaminería y el extractivismo como parte del cambio estructural promovido por el gobierno mexicano durante 36 años por parte del candidato oficial, y de crítica en general sobre esa actividad y la promesa de mayor regulación por parte del candidato opositor, Andrés Manuel López Obrador, quien finalmente devino presidente de México en las elecciones de julio de ese año.

Desde el inicio del nuevo gobierno en diciembre de 2018 fue notorio el cambio en el discurso y la actuación del presidente y su gobierno sobre las grandes corporaciones, la “mafia del poder” y los “neoliberales y tecnócratas”, de la denuncia, de la descalificación y ataque se pasa al elogio, las reuniones y acuerdos con los grandes dirigentes de las corporaciones empresariales mexicanas, en particular, de las grandes corporaciones mineras como Grupo México, Peñoles, Fresnillo, Carso y otros. Los otrora enemigos y fieros atacantes de la campaña presidencial del candidato de Morena devienen aliados en la llamada Cuarta Transformación, qué en ausencia de políticas públicas de desarrollo regional y sectorial, plantea a los megaproyectos de infraestructura en el Sureste del país como la clave para supuestamente superar el atraso estructural y promover la modernización económica de esa región. Frente a la quiebra de las finanzas públicas en que AMLO recibe al país con una deuda pública de 11 billones de pesos, la más grande de la historia del país y su negativa a realizar una reforma fiscal integral para realmente poder financiar el desarrollo económico nacional, el presidente y el Congreso deciden imponer una férrea política de austeridad fiscal en 2019 y 2020 que profundiza el bajo crecimiento económico nacional y el desempleo. El presidente pese al desliz declarativo del 17 de marzo 2019 de declarar la muerte por decreto del neoliberalismo. En los hechos su política económica es la misma de los 36 años previos a favor del gran capital nacional y exterior. Se busca a toda costa ofrecer seguridad a las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, asegurar e incrementar la inversión extranjera, se acepta y se promueve la modificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá planteada por Trump como prioridad propia y se festina la aprobación en el Senado norteamericano del T-MEC a mediados de enero del 2020. Olvidando que ello representa la institucionalización de la dependencia y subordinación de México bajo el modelo extractivista y maquilador. Las grandes corporaciones mineras y el gran sector empresarial mexicano coinciden con el nuevo gobierno en los temas del T-MEC, como un acuerdo que les da certidumbre no sólo en las relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, sino también con la misma política macroeconómica aplicada en 37 años previos en su beneficio y fortalecer el mismo modelo neoliberal que era y sigue siendo el propósito esencial del TLC y del T-MEC: la irreversibilidad institucional del cambio de modelo económico neoliberal. El país, su territorio, todos sus recursos e instituciones al servicio del gran capital nacional y exterior.

La utópica Cuarta Transformación que en la campaña electoral planteaba la construcción de un nuevo Proyecto de Nación, luego de la lucha de independencia en 1810, las reformas liberales de Benito Juárez a finales del siglo XIX y la Revolución Mexicana en 1910, deviene un gobierno neoliberal asistencialista, con un integrante de la oligarquía nacional como el segundo funcionario más poderoso; un equipo de gobierno con claras limitaciones en áreas centrales como Economía, Desarrollo Social, Salud, Agricultura, Educación, Relaciones Exteriores y otras dependencias, con fuertes contradicciones con el Poder Judicial y la alta burocracia mexicana por sus enormes sueldos y privilegios; graves contradicciones con los gobernadores por la austeridad y decisiones precipitadas del Presidente; las diferencias y luchas internas entre los diferentes grupos políticos en MORENA, que cada vez más se divorcia delos 30 millones de votos que llevaron a AMLO a la presidencia de México y los pone en peligro de perder las elecciones intermedias de 2021. Ante esta situación, la grave crisis de violencias e inseguridad en todo el país y la subordinación de México a la política migratoria, de seguridad y de fronteras impuesta `por Estados Unidos desde el 7 de junio del 2019 con el acuerdo entreguista del gobierno mexicano en Washington, hacen muy difícil pensar realmente en la construcción de un nuevo Proyecto de Nación, en una sociedad posextractivista, posdesarrollista.

La Cuarta Transformación se diluye en una tímida estrategia contra la corrupción, en una narrativa reiterada contra el conservadurismo, en una estrategia neoliberal asistencialista y clientelar. Los integrantes de la “mafia del poder”, los oligarcas, los neoliberales, se han mimetizado y son ahora aliados de los megaproyectos extractivistas presidenciales en el Sureste del país y el Istmo de Tehuantepec, como lo ratifican tres reuniones con la cúpula empresarial del país en junio, agosto y diciembre en las que anuncian públicamente su participación en más de 160 proyectos, seguros de que no habrá ningún cambo económico en este sexenio que afecte la megaminería, ni sus intereses en general. Al final de 2019 el presidente López Obrador ratifica su alianza con las grandes corporaciones mineras cuando anuncia nuevamente que no habrá más concesiones mineras, se respetarán todas las existentes y se pide a las empresas del ramo funcionen como lo hacen en el exterior, que cuiden el medio ambiente y otorguen mejores salarios (La Jornada, 24 de diciembre, 2019). La megaminería y el extractivismo en México están tranquilos con esa definición y la sugerencia de un funcionamiento más positivo que hace AMLO, que junto con otras muchas exhortativas presidenciales candorosas hacia las grandes corporaciones y Estados Unidos, propician que se le considere con mayor frecuencia como el nuevo candoroso Francisco I. Madero del siglo XXI. Que prende humanizar la lógica implacable del despojo, la destrucción y la muerte de la acumulación, que sin una regulación fuerte del Estado y la Sociedad Civil provoca ecocidios nacionales y planetarios.

Por el contrario, a nivel de las organizaciones sociales del Sur de México donde se anuncian los megaproyectos extractivistas de infraestructura con importante participación del gran capital mexicano existe una creciente inconformidad por su exclusión, por no ser tomadas en cuenta en el diseño de esas estrategias y por la realización de consultas simuladas sobre el Tren Maya y los proyectos en el Istmo de Tehuantepec a finales de 2019. La reciente “consulta” sobre el Tren Maya en la que participó menos del 3% del padrón y se auscultó a las autoridades ejidales (y no a las comunidades indígenas) fue severamente criticada por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, pues no cumplió con los estándares internacionales en la materia. El rechazo indígena a las grandes obras de infraestructura de la 4 Transformación, que tiene tras de sí una larga historia, anticipa un inevitable choque de trenes en el sureste mexicano. Los inversionistas privados saben lo que implica esta colisión. Algunos de sus proyectos llevan años entrampados legalmente porque subestimaron la resistencia de los pueblos originarios (La Jornada, 14 enero, 2020).

En lo que respecta a los proyectos del Istmo de Tehuantepec que intentan promover una nueva zona económica de grandes inversiones entre las costas de Veracruz y Oaxaca, Gilberto López y Rivas (La Jornada, 9 enero 2020) plantea que como todos los megaproyectos de la Cuarta Transformación, a lo largo del canal seco entre ambas costas se establecerían corredores industriales, empresas maquiladoras, armadoras automotrices y de maquinaria, así como otros megaproyectos igualmente extractivistas y depredadores: concesiones mineras, extracción petrolera y de gas natural(convencional y fracking), gasoductos y oleoductos, refinerías, más parques eólicos, represas hidroeléctricas, plantaciones forestales comerciales y agroindustrias, hoteles para turismo de élite y construcción de una autopista paralela a la vía férrea.

Para López y Rivas, todo lo anterior se ha venido promoviendo a partir de las ya conocidas “consultas” simuladas y violatorias “de los más elementales derechos indígenas” y como buen gobierno neoliberal, se decretaría toda la zona del Istmo, como libre o franca, con exención de impuestos, otorgamiento de subsidios gubernamentales, terrenos con toda la infraestructura lista. Esto es, el gobierno al servicio de las empresas multinacionales y de los gobiernos más poderosos del mundo, encabezados por Estados Unidos. De llevarse a cabo esta estrategia, significaría el total saqueo, la devastación y privatización de los invaluables bienes naturales, así como la desaparición de los sistemas productivos tradicionales, básicos para el autoconsumo, la soberanía alimentaria, familiar y comunitaria, afectando a 98 municipios de la región. Además, este megaproyecto representa enormes daños ambientales que ponen en peligro la existencia de las generaciones futuras y el riesgo inminente de la militarización para imponer por la fuerza la estrategia en curso y por la importancia geopolítica que puede tener esa región para el gran capital internacional y el esquema de seguridad de Estados Unidos como alternativa del Canal de Panamá.

De particular importancia nacional y mundial son los cuestionamientos del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional EZLN) contra los megaproyectos del gobierno mexicano actual, al cumplir 26 años de su aparición pública, el EZLN ratifica su oposición a los proyectos de infraestructura del gobierno de López Obrador, entre otros el Tren Maya, el Corredor Transistmico Tehuantepec y la carretera transversal Pijijiapán-Palenque, por qué “desprecia a los pueblos originarios, como lo hace con la misma Madre Tierra, la que defenderemos hasta morir si es preciso”. En un documento leído por el subcomandante Moisés sostiene que detrás de los megaproyectos que propone el gobierno federal “ se esconde la muerte” y con esto se busca “destruir todo un territorio”; así como el aire, el agua, la tierra y las personas. El dirigente zapatista agregó que “el capataz” que gobierna México ha retado a “todos los pueblos originarios” al decir que “no le importa lo que pensamos y sentimos, que les guste o no les guste a los indígenas” hará lo que le ordenó su patrón, el gran capital (La Jornada. 2 enero 2020).

El mismo EZLN, el 7 de enero 2020 reafirma que es urgente la defensa de la vida humana, de los territorios de nuestros pueblos y de la tierra en una perspectiva claramente anticapitalista y antipatriarcal, convocando a las Jornadas en Defensa del Territorio y la Madre Tierra, denominadas Samir Flores para el 20 de febrero 2020. En dicha convocatoria el EZLN señala que en México, la aceleración de la actividad minera y en la extracción y conducción de hidrocarburos, la creación de la Guardia Nacional en la lógica de la Iniciativa Mérida y el impulso, a costa de lo que sea, de los grandes proyectos del Corredor Transistmico Salina Cruz-Coatzacoalcos, el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos, que pretenden reordenar los territorios, las poblaciones y las fronteras de norte y Centroamérica en una lógica del despojo y explotación capitalista, muestran la necesidad de realizar dichas Jornadas y de una lucha permanente por el futuro de todos los territorios y comunidades indígenas del país que eviten su destrucción por la voracidad del gran capital instrumentalizada por parte del gobierno mexicano actual (El EZLN convoca a defender el territorio; “el capitalismo, en guerra contra la humanidad” (La Jornada, 8 de enero 2020).

Iniciado el segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a finales de enero 2020, con un muy bajo crecimiento económico nacional en 2019 cercano al 0.3% del Producto Interno Bruto, con un presupuesto nacional nuevamente caracterizado por la austeridad y la muy baja inversión pública que refuerza las tendencias recesivas de la economía nacional y la baja generación de empleos, al renunciar a una reforma fiscal integral pospuesta desde los años 60s del siglo anterior y necesaria para poder financiar realmente el desarrollo sectorial y regional del país con el Estado como principal protagonista desarrollador(como en China, Corea del Sur, Finlandia, India y otros países) se le apuesta que con la firma del T-MEC y los megaproyectos del Sur del país se podrá lograr el crecimiento del 4% del PIB al final del sexenio como se propone en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 -2024. Definición que resulta temeraria y riesgosa porque 25 años de funcionamiento del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos mediante el modelo maquilador y extractivista desmantelaron el mercado interno y las cadenas económicas regionales que eran soporte de la generación de empleo nacional, creció la subordinación y la dependencia económica, alimentaria, energética, industrial, científica y tecnológica del país, institucionalizando las políticas neoliberales de “estancamiento estabilizador” y promoviendo y defendiendo los megaproyectos extractivistas mineros de enclave con enormes daños ambientales y más de 100 conflictos sociales en todo el país al servicio de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras que hoy aparecen como aliadas de los megaproyectos del gobierno mexicano.

El discurso presidencial es que no habrá cambios en la acumulación por despojo del territorio nacional, de hecho, el subsecretario de Minería, como señalamos antes, es un exdirectivo de las corporaciones mineras, a nivel ambiental persiste la impunidad en todos los desastres ambientales generados por la minería y no existe ninguna evidencia de que se quiere cambiar el marco normativo del Artículo 27 Constitucional y la Ley Minera actual que desde 1992 han institucionalizado la acumulación por despojo en todo el territorio nacional. No existe hoy ningún partido político nacional cuya prioridad sea la defensa del territorio nacional, del medio ambiente, de la naturaleza y de Los cientos de comunidades indígenas y campesinas del país. Estas modificaciones legales no están en las prioridades del Congreso, del Senado y del Poder Judicial, toda la institucionalidad del Estado mexicano, toda la burocracia neoliberal (temporalmente con epidermis morena asistencialista), están en el mismo juego de alianzas coyunturales con el gran capital, con Estados Unidos y crecientemente con el ejército mexicano, preparando las elecciones intermedias del 2021 y las nuevas elecciones presidenciales en el año 2024.

En el escenario anterior el discurso de la Cuarta Transformación se diluye en la cuarta simulación del gobierno mexicano actual a favor del gran capital nacional y externo, y hace prever más y mayores problemas socio-ambientales en el país que aunados a la grave crisis de violencia y seguridad por más de 20 años aumentará los problemas de ingobernabilidad regional y nacional y el riesgo de una mayor intervención de Estados Unidos en la conducción económica, territorial y energética del país como ya lo hacer a nivel migratorio, de fronteras y de seguridad.

Notas