Algunos apuntes sobre los movimientos sociales en la actualidad

Mucho se ha escrito en Latinoamérica y en otras latitudes del mundo sobre los movimientos sociales y lo que representan en la práctica con relación a la configuración de ciudadanías, la participación, la pluralidad y las democracias contemporáneas. En este sentido Zibechi (2007) nos advierte sobre la forma como los movimientos sociales son una expresión colectiva que permite constituir la pluralidad de identidades, movilizar proyectos sociales y colectivos de diferentes sectores y territorios, promover la necesidad de establecer acuerdos sociales e instalar la diversidad y la diferencia, como una oportunidad para el desarrollo democrático de un país. Adicionalmente, desde una perspectiva epistemológica, se ha escrito sobre como los movimientos sociales permiten poner en relieve la forma como se establecen al interior de lo societal y en la cotidianidad, prácticas autoritarias y de dominación, a través del despliegue de sus potencias accionarias y expresiones creativas de denuncia, manifestación popular y poder de hacer y trasformar.

Las sociedades en movimiento articuladas desde su cotidianidad fisuran los mecanismos de dominación, rasgan los tejidos del control social, dispersan las instituciones, dejan en resumidas cuentas expuestas las fracturas societales que la misma sociedad al moverse, al deslizarse de su lugar anterior, pone al descubierto. Los tiempos de desborde, de intensa creatividad colectiva – durante los cuales los grupos sociales liberan gigantescas energías – actúan como relámpagos capaces de iluminar las sociabilidades subterráneas, moleculares, sumergidas, ocultas por el velo de las inercias cotidianas en las que se imponen los tiempos y los espacios de la dominación y la subordinación (Zibechi 2007,43).

Todo lo anterior se debe a que el movimiento social surge de la cotidianidad de los de abajo, lo que permite que se evidencie los malestares, las angustias y los problemas más profundos de una sociedad; aquello que se esconde detrás de las formas establecidas desde los poderes estatales y que por diferentes razones y mecanismos (como el cerco mediático) terminan ocultos en la sombra de lo cotidiano. Es así como se ha establecido que la forma de desplazamiento y movilidad desde el Estado y el movimiento social son distintas entre sí. En tanto que el Estado se desplaza de forma vertical (de arriba hacia abajo), mientras que el movimiento social lo hace de forma horizontal, lo que permite remover las entrañas de la cotidianidad y develar su interioridad (Zibechi 2007).

Otros autores como Escobar (2009) plantean una mirada de los movimientos sociales desde la complejidad en torno a las prácticas de autoorganización, la teoría de los ensamblajes y la autopoiesis de los sistemas. Perspectivas modernas que ponen en cuestión la forma como se ha venido organizando la vida social desde la lógica de un orden establecido desde el Estado centralizado y jerárquico, en este sentido, plantea dos dominios, por un lado, las tecnologías digitales que tiene que ver con el ciberespacio, el universo de las redes, interacciones e interfases digitales, de otra parte, las redes de los movimientos sociales que se construyen a través de espacios de encuentro político y que se han mantenido en el tiempo. En conjunto estas dos perspectivas, permiten comprender como se configuran los movimientos sociales hoy en el siglo XXI.

(…) para comenzar con el ciberespacio, el argumento es que mientras los medios modernos funcionan con base en un modelo de información de arriba abajo, de acción-reacción, el modelo habilitado por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (…) se basa en un original marco de interacción —un modelo relacional donde todos los receptores son también potenciales emisores, un espacio de verdadera interacción dialógica (…) De otra, parte, como espacio para el intercambio intercultural y para la construcción de estrategias artísticas y políticas compartidas proporciona oportunidades sin precedentes para crear visiones compartidas. (Sin embargo, también pueden considerarse en parte como resultado de esta dinámica varios eventos y actividades no limitados al ciberespacio, como el proceso del Foro social Mundial, y otros «encuentros» (Escobar 2009, 139).

En resumen, las redes sociales son el actual escenario de disputas sociales, donde converge la diversidad y las ciudadanías se expresan con cierto nivel de notoriedad pública cuando se potencia masivamente los mensajes. En el caso de los sectores sociales que se movilizan encuentran en las redes sociales y medios alternativos, la oportunidad para poner en relieve los problemas más profundos que subyacen en las entrañas de las sociedades. Sin embargo, este agenciamiento social no se queda sólo en las redes, porque cuando las indignaciones o los reclamos sociales crecen y se hacen cada vez más públicos logran su punto de consumación, trasladar todas esas narrativas virtuales a las calles, donde se materializa y se potencia los descontentos de las ciudadanías.

Movimientos sociales vs Estado colombiano

En Colombia los movimientos sociales a través de sus demandas, denuncias y agendas han evidenciado un problema coyuntural que se ha convertido en un denominador común a lo largo de la historia del país. Se trata del predominante distanciamiento entre las elites que han gobernado Colombia y las necesidades de la mayoría de la población. Situación problemática que ha agudizado la desigualdad, la pobreza y violencia en las diferentes regiones del país. En consecuencia, se ha generado un acumulado de problemas sociales multisectoriales entrelazados y perdurables. Al respecto, Pécaut (2001) al referirse sobre la incapacidad del Estado y la complejidad del conflicto social en Colombia afirma:

(…) para entender estas paradojas, conviene volver a las características de lo que llamé antes un sistema complejo de interacciones fluidas, que implica varias formas simultáneas de regulación; el efecto más notable consiste en que las tensiones no convergen todas ni remontan fácilmente hacia el “centro”. El sistema suscita siempre “periferias” en las cuales las regulaciones informales se imponen sobre las regulaciones formales; periferias espaciales que corresponden a la incapacidad del Estado de imponer su presencia sobre todo el territorio, incluso sobre importantes polos de producción; pero también periferias sociales con la pauperización de inmensos sectores de la población (Pécaut 2001,70).

Sumado a lo anterior, se encuentra el narcotráfico y el conflicto armado que continua vigente y actualmente diseminado por todo el territorio colombiano en cientos de grupos que controlan vastos territorios e incrementan la violencia en los campos y en las zonas urbanas. A su vez, el clientelismo y la corrupción política han provocado históricamente que las instituciones públicas siempre hayan sido frágiles y que en el conjunto de la población se instale un descrédito de la política y una valorización de la sociedad civil, potenciada a partir de proyectos autonomistas y territoriales (indígenas, campesinos, entre otros) que se erigen en las periferias de ese Estado fallido. Sin embargo, con el ánimo de intentar generar un gran acuerdo nacional donde se integren estas poblaciones periféricas, en los años 90 surgió la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia convocada en 1991 para promulgar una nueva Constitución Política para el país y de esta forma cerrar las funciones de la centenaria Constitución de 1886.

A partir de este hecho político Colombia entró en una modernización del Estado y sus instituciones, así como también en una valorización de la sociedad desde una perspectiva de derechos, en tanto se instaura un Estado social de derecho, participativo y pluralista fundado en el respeto de la dignidad humana, el interés general de la población y donde se establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo que la ejerce directamente o a través de los representantes. Asimismo, reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana y la autodeterminación de los pueblos. Con relación a la libertad de reunión se proclama que el pueblo puede manifestarse pública y pacíficamente, así como constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna y difundir sus ideas, programas, pensamientos y opiniones libremente.

Si bien todos estos principios constitucionales básicos conforman el derrotero sobre en que se gobierna el país y la vida de todos y todas las colombianas, la historia ha evidenciado que la realidad que enfrentan los ciudadanos en el país se distancia del deber ser plasmado en esta carta magna constitucional. En la historia reciente del país se encuentran numerosos episodios de resquebrajamiento de estos principios constitucionales y de tensiones entre los movimientos sociales y el Estado. Situaciones que dan cuenta que aún en Colombia el Estado y sus instituciones no han logrado construir ese gran acuerdo nacional, que históricamente reclaman cientos de sectores sociales que se encuentran en las periferias, invisibilizados y violentados por la indiferencia del Estado y los efectos de la guerra que se ha convertido en un negocio para elites que gobiernan Colombia.

A modo de ejemplo, se encuentra el caso de la lucha histórica de los pueblos indígenas por el respeto a su identidad, diferencia étnica y cultural, así como sus reclamos por la protección de sus tierras como parte de sus procesos de autodeterminación como pueblos originarios.

En este tenor encontramos la experiencia del reconocido Consejo Regional indígena del Cauca (CRIC), fundado en Toribio el 24 de febrero de 1971 y constituido, en ese momento, como una federación de sólo siete cabildos que nombraron el Primer Comité Ejecutivo. Esta experiencia organizativa y de movimiento social en la actualidad está constituida por ciento quince cabildos y once asociaciones de cabildos de los pueblos Nasa, Guambiano, Totoroez, Polindara, Guanaco, Kokonuko, Kisgo, Yanacona, Inga y Eperara, agrupados en nueve zonas. Cabe recordar que El CRIC fue cofundador de la ONIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia[1].

Desde los años 70 las diferentes comunidades y pueblos indígenas en Colombia han estructurado un amplio pliego de demandas al Estado y sus instituciones, que no han sido escuchadas ni atendidas por ningún gobierno hasta el actual. En términos genéricos, estas demandas históricas se encuentran consignadas en la llamada plataforma de lucha del CRIC, en la cual se contemplan los siguientes puntos:

(…) ampliar los resguardos, fortalecer los cabildos Indígenas, no pagar terraje, hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación, defender la Historia, la lengua y las costumbres indígenas, formar profesores indígenas, fortalecer las empresas económicas y comunitarias, recuperar, defender, proteger los espacios de vida en armonía y equilibrio con la Madre Tierra y defender la Familia (CRIC 2021).

Estas luchas, reivindicaciones y movilizaciones de los pueblos indígenas en defensa de su autodeterminación tomaran relevancia internacional en la década de los setenta, gracias al respaldo internacional de organismos como la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En este cometido internacional se destaca el convenio 169 de la OIT donde se hace un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas del mundo, ratificado por Colombia a través de la Ley 21 de 1991 (Escobar y Pardo 2004, 22).

Fue así como se introdujo en el país la necesidad de pensar en clave de diversidad en términos étnicos y culturales, así como también el concepto de “biodiversidad” propuesto por Escobar y Pardo (2004), el cual fue tomando forma en medio de las movilizaciones y las luchas impulsadas por los pueblos indígenas y comunidades negras, quienes históricamente han demandado al Estado colombiano dicho reconocimiento como originarios de estas tierras y el respeto a sus costumbres socioculturales y la autonomía como pueblos en armonía con la naturaleza y el medio ambiente.

De otra parte, tenemos el caso el movimiento campesino del Macizo Colombiano en el departamento del Cuaca[2], el cual, al igual que el movimiento indígena cuenta con un acumulado de demandas, denuncias y peticiones para el mejoramiento de la actividad rural y productiva de dicho sector que no han sido escuchadas o incluidas en los planes de gobierno desde hace décadas atrás. Al respecto, López, (2001), afirma que en noviembre de 1999 en el departamento del Cuaca se llevó a cabo una movilización del sector campesino donde las principales motivaciones fueron en primer término, por el incumplimiento por los sucesivos gobiernos de los compromisos acordados con el movimiento campesino, tales como: “la permanencia de graves problemas de vías, educación, salud, transporte, electrificación y telefonía” (López 2001,484).

Asimismo, problemas relacionados con vivienda, ecología y derechos humanos. Puntualmente, también la movilización surgió por la no inclusión del Cauca en el Plan de Desarrollo, que generó en la población campesina una sensación de marginalidad regional. Todas estas razones que daban legitimidad a las movilizaciones quedaron sin respuesta por parte del gobierno de turno del entonces representante del Partido Conservador Colombiano Andrés Pastrana Arango (1998-2002).

Un aspecto para detallar es la forma cómo se registraron estas movilizaciones por parte de los medios masivos de información. Al respecto, según los protagonistas de estas dinámicas sociales, resultó problemático en tanto que los medios sólo registraron el traumatismo en la normalidad en la vida de los ciudadanos producto de las protestas y movilizaciones. Este tipo de registros mediáticos ocasionaron en su momento, una tensión conflictiva entre los sectores movilizados y la ciudadanía en general. López (2001) advierte que, en el caso del movimiento campesino del Cauca en noviembre de 1999, los medios hicieron un registro prioritario de los sucesos de las instituciones legitimas, privilegiando a los actores y las instituciones oficiales. Cuando se trata del cubrimiento de paros o movilizaciones sociales encontró que al final de la jornada, los medios sólo dieron parte de normalidad o de quebramiento del “orden público” y muy pocos informes se orientaron a informar sobre las perspectivas y razones de los protagonistas de la protesta.

Esta pluralidad de razones quedaba absolutamente subsumida en una versión hegemónica difundida por los medios que hacían énfasis en que en Popayán “no hay gasolina ni hay comida”. Como bien lo expresa uno de los participantes, en observación interesante para ver cómo la gente construye desde las regiones perspectivas críticas sobre las versiones de los acontecimientos producidos por los medios nacionales, “el filtro en televisión no se puede evitar. Uno veía solamente que no hay gasolina, que no hay alimentos, que Popayán está con hambre” (López 2001,485).

En términos generales, ésta es la forma como se ha construido una relación conflictiva entre los distintos sectores sociales que se han movilizado en pro de reivindicaciones sociales y de derechos históricos y las elites hegemónicas que han cooptado el Estado y las institucionales. Conflicto que se ha traslada a su vez, entre estos sectores movilizados y los dueños de los medios de información privados nacionales. Todo lo anterior, da cuenta de la forma cómo también se ha concentrado el poder entre las élites políticas de corte ultraconservador, los grupos económicos que, a su vez, son dueños de los medios de información masiva en Colombia.

Estallido social en la región y en Colombia

Durante el año 2019 el contexto internacional se encontraba convulsionado, en diferentes países de la región y del mundo las movilizaciones y protestas ocuparon las primeras planas de los diarios más importantes de cada país. Después de las manifestaciones de los denominados “chalecos amarillos” en Francia y los libertarios en Hong Kong, en América Latina los levantamientos de diferentes sectores sociales no se hicieron esperar. Como el caso de Ecuador donde diferentes sectores de la sociedad se manifestaron contra las fuertes medidas del Fondo Monetario Internacional que ocasionaron impacto en la economía y en la vida de los ecuatorianos.

En Bolivia sectores ultraconservadores denunciaron un fraude electoral lo que provocó la renuncia de Evo Morales y su posterior exilio. Este hecho fue repudiado por diferentes dirigentes del gobierno del presidente Evo Morales y aplaudidos por sectores conservadores y evangélicos. En el ámbito internacional el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil expresó su preocupación por las graves irregularidades mostradas en el informe de la Organización de Estados Americanos y considero convocar nuevas elecciones generales. Por su parte, el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, calificó lo sucedido como un “golpe de Estado”. En Colombia, La Cancillería señaló la necesidad de “garantizar un proceso de transición pacífico[3]”.

Otro de los países donde las movilizaciones fueron protagonistas y que se destacaron por lo sostenido en el tiempo y la violencia policial fueron las sucedidas en Chile, bajo el gobierno de Conservador Sebastián Piñera quien fue acusado por diferentes sectores sociales como “autoritario y dictador”, por el mal manejo de la crisis social que dejó más de 30 muertos durante las protestas y cuyo desenlace fue en la propuesta de referendo para cambiar la constitución[4].

En medio de este contexto de movilizaciones y protestas populares en diferentes países de la región y del mundo, en Colombia un bloque de sectores diversos de la población cansados de la indiferencia histórica de las elites de ultraderecha que han cooptado el Estado y las instituciones, el 21 de noviembre de 2019 se movilizaron[5] de forma consecutiva en varias ciudades del país y conformaron el denominado “Comité Nacional del Paro” en oposición a las políticas económicas, sociales y ambientales del gobierno del presidente Iván Duque, así como el manejo que se le habría dado a los acuerdos de paz con las FARC-EP, el homicidio de líderes sociales (campesinos, indígenas y reinsertados exguerrilleros), así como diversos casos de corrupción dentro del gobierno colombiano.

En ese momento la respuesta del gobierno de turno fue evitar por todos los medios las movilizaciones y para ello, optó por enfrentar las marchas con presencia policial y militar lo que generó mayor tensión durante las jornadas de protesta. De otra parte, en las ciudades de Cali y Bogotá se presentó una serie de actos de pánico colectivo cuando residentes de conjuntos residenciales informaron que grupos de desconocidos intentaron entrar por la fuerza en los edificios y residencias. Al respecto, hubo denuncias por parte de ciudadanos que se trataba de agentes de policía vestidos de civil que protagonizaron esas jornadas de pánico durante la noche en estas dos ciudades[6].

Otro caso que marco las movilizaciones del denominado 21N fue el homicidio de Dilan Cruz[7], de 17 años el 23 de noviembre, cuando un integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) disparó al joven en la cabeza con una munición conocida como “bean bag”[8] utilizada para disparar sólo en brazos y piernas. El joven estudiante participaba en una manifestación en el centro de Bogotá, pero la gravedad de su herida le provocó la muerte dos días después.

Finalmente, en marzo de 2020 el empuje de las movilizaciones se mermó por la emergencia sanitaria del Covid-19 y la apertura de la cuarentena como medida de prevención en todo país. Sin embargo, el descontento y malestar social continuó y con el paso del tiempo se acumularon otros malestares que tuvieron su máximo punto de ebulición el 28 de abril de 2021, cuando nuevamente diferentes sectores sociales se tomaron la calles para protestar contra un paquete de reformas, tributaria, a la salud, pensionales y laborales y que denominaron medidas regresivas que el gobierno presentó ante el Congreso de la República. Sin embargo, este repunte de las movilizaciones también posicionó demandas que no han sido atendidas por décadas.

En ese momento se movilizaron diferentes sectores que conformaron inicialmente el denominado “Comité Nacional del Paro” del 28A, entre ellas: Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Confederación General del Trabajo (CGT), Federación Colombiana de la Educación, Unión sindical obrera (USO), Confederación de Pensionados de Colombia (CDP), Cumbre Agraria, Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), Dignidad Agropecuaria y Cruzada Camionera.

En adición el comité se termina de articular incorporando dentro de su estructura diferentes movimientos estudiantiles, entre otros sectores que se han venido sumando como la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (ACRESE) y la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES). Posteriormente se sumó la Organización Nacional Indígena (ONIC), Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y el Proceso de Comunidades Negras Afrodescendientes (PCN).

De otra parte, también hubo participación de La Plataforma de Derechos Humanos, Centro de Integración y Capacitación Cooperativa (CINCOP), Plataforma Salud en Paro, Plataforma con los Pensionados No, Plataforma Arte y Cultura, Periodismo Alternativo, Movimiento de mujeres, Confederación Nacional de Pescadores, Recicladores, Movimiento Ambientalista, Comité de Defensa del Páramo, Movimiento LGBTI, Sector Transporte y el Sector Minero[9].

Esta amplia convergencia de organizaciones sociales ha elaborado un extenso pliego de peticiones, en el cual, se han incorporado demandas sociales de vieja data y también nuevas peticiones a medida que transcurren las movilizaciones por diferentes departamentos y ciudades del país. Algunas de las peticiones más generales son: garantizar el libre derecho a la protesta, retirar al Ejército y al Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD de las calles y que la Policía Nacional de Colombia no utilice armas de fuego que puedan generar daños a los manifestantes y que no realice detenciones indiscriminadas y masivas contra las personas que participan en la protesta.

En esta misma línea se pide el desmonte definitivo del (ESMAD) y en su lugar proponen la creación de una fuerza de concertación compuesta por civiles y policías que se rija por un protocolo con enfoque en derechos humanos, respetuosa de la vida y el derecho a la protesta, asimismo piden que no se siga estigmatizando a las movilizaciones sociales y se rechaza la violencia sexual ejercida por la fuerza pública contra las mujeres en el marco de las movilizaciones[10].

De otra parte, por las diferentes redes sociales Facebook, WhatsApp y diarios nacionales e internacionales, se han compartido varios documentos provenientes del comité del paro donde figura otro grupo de peticiones tales como la implementación de forma integral y sin condiciones de los acuerdos de paz, así como la aprobación definitiva en el Congreso de la Republica de los puntos contenidos en la consulta anticorrupción realizada en el 2018. Asimismo, se solicitan que se cumpla los acuerdos ya alcanzados con estudiantes y profesores y que aún no han sido escuchados ni atendidos por el gobierno. En el ámbito económico se pide no más reformas tributarias y que las grandes empresas aporten también tributos, en el área de la salud se exige que sea considerada como un derecho fundamental y no como una mercancía.

Con relación a los derechos humanos se solicita establecer garantías reales para proteger la vida de líderes y lideresas sociales y la construcción e implementación de una política nacional eficaz que elimine las violencias en la desigualdad de género, que se incorpore a la legislación interna la declaración de DDHH del campesinado, que se garantice la destinación de tierras para ejecutar la política de víctimas y restitución de tierras y reorganización de las fuerzas armadas con un enfoque social y de derechos humanos. Con respecto a temas relacionados con lo pensional y el medio ambiente se propone la implementación de un sistema pensional multipolares y que se proteja las especies en vía de extinción, así como prohibir cualquier práctica de explotación minera o hidrocarburos que pongan el riesgo el bienestar ambiental.

Después de más de un mes de movilizaciones este pliego de peticiones se ha actualizado y los diferentes representantes del comité del paro han sumado la represión de las distintas fuerza de seguridad a la población civil desarmada que se ha movilizado, al respecto, han manifestado su preocupación por la respuesta del gobierno de Presidente Iván Duque, quien en distintas alocuciones ha hecho un llamado a militarizar las calles y sofocar las protestas a través de la asistencia del Ejército, el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD y la Policía Nacional de Colombia, quienes han desplegado un conjunto de acciones violentas contra los manifestantes.

Al respecto, según Temblores ONG e Indepaz entre el 28 de abril y el 1 de mayo de 2021 las acciones violentas de las fuerzas de seguridad han dejado un saldo 1133 víctimas de violencia física, 45 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública, 1445 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 648 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 62 víctimas de agresiones oculares, 175 disparos con arma de fuego, 25 víctimas de violencia sexual, 6 víctimas de violencia basada en género, (Temblores e Indepaz, 2021)[11].

Los reportes de Temblores ONG e Indepaz muestran un uso indiscriminado de armas de fuego en contra de las y los manifestantes por parte de la fuerza pública, así como también el uso de disposiciones administrativas para legitimar la violencia estatal en contra de los manifestantes. Asimismo, la imposición de requisitos y medidas extraordinarias a las personas detenidas arbitrariamente por parte de la Policía Nacional a cambio de su libertad. De otra parte, en el informe se registra que la Policía Nacional de Colombia y el ESMAD han lanzado gases lacrimógenos a las viviendas y que se han realizado diferentes allanamientos sin una previa orden judicial.

También se reporta el uso de armamentos en contra de los cuerpos y caras de las y los manifestantes para dispersar las protestas pacíficas, el uso de la figura del traslado por protección para conducir a las y los manifestantes a estaciones de policía en las cuales no hay presencia del Ministerio Público y se han reportado acciones de tortura a los ciudadanos por parta de estas fuerzas de seguridad.

En este sentido, se han reportado también la presencia de agentes de la fuerza pública sin identificación o vestidos de civil en las protestas, así como cortes del servicio de luz y ráfagas de disparos, actos de censura en las redes sociales y el uso de armas como la denominada “lanzador de proyectiles múltiples VENOM”, artefacto de fuego con características de uso inestable que al ser utilizada se convierte en un arma de alta peligrosidad para los manifestantes y la población civil.

Estos sucesos de violencia policial y de civiles armados han sido integrados a la agenda del “Comité Nacional del Paro”, pero no son hechos nuevos, toda vez que las fuerzas de seguridad tienen un prontuario de delitos y actos de violencia que han sido denunciados ante diferentes organismos multilaterales protectores de derechos humanos. Recientemente se conoció una nueva denuncia realizada por representantes de diferentes organizaciones sociales en conjunto con el actual senador Iván Cepeda, quienes elevaron este documento ante la Corte Penal Internacional (CPI) y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas[12].

El cerco mediático

El registro mediático de las movilizaciones por parte de noticieros como el de RCN o Caracol, las dos grandes cadenas televisivas privadas que monopolizan la producción de noticias en Colombia, ha estado en el ojo del huracán por la forma tan evidente como han silenciado y tergiversado los diferentes hechos de violencia policial y de civiles armados, así como de las manifestaciones pacíficas de los diferentes sectores movilizados y en particular, de las asambleas barriales, los actos culturales, artísticos, las ollas populares, los plebiscitos comunitarios, entre otras actividades, muchas de ellas protagonizadas por los jóvenes.

Estas cadenas privadas se han empeñado en difundir las narrativas de los sectores políticos y económicos afines al partido de Gobierno el Centro Democrático, así como de los empresarios y de los altos mandos oficiales de la policía. Quienes a través de estos medios han hecho énfasis en los actos de vandalismo que han sucedido durante las movilizaciones. También han instalado la idea de que las movilizaciones hacen parte de un plan estratégico de la oposición política, de grupos de izquierda apoyados por los gobiernos de Venezuela y Rusia, para desestabilizar el país y tomarse el Estado.

Asimismo, han denunciado que en las movilizaciones hay infiltrados de la guerrilla, al tiempo que acusan a los manifestantes de los actos de vandalismo y de atacar violentamente a agentes de la policía y miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD. Frente a lo cual han hecho un llamado a la ciudadanía para que abrace estas fuerzas de seguridad en aras de proteger la democracia y la institucionalidad del país.

A finales del mes de mayo la narrativa contra las movilizaciones se centró en la figura del Senador Gustavo Petro[13], a quien los medios lo catalogaron como el responsable y promotor de toda la violencia que ha sucedido durante las movilizaciones. Sumado a ello, se encuentra la versión mediática predominante del desabastecimiento de bienes básicos por causa de los bloqueos de las diferentes vías que comunican municipios y departamentos.

La teoría de las rutinas profesionales en la producción noticiosa de los medios de comunicación considera que en general, los medios comerciales privados tienden a cubrir las noticias sobre paros, huelgas y movilizaciones sociales desde el modelo del traumatismo (desabastecimiento, encarecimiento de los productos, pérdidas para la economía) y en perjuicio de la visibilidad de los objetivos y las razones de quienes protestan. Esta correlación entre esos dos posibles enfoques de la protesta y la movilización social, puede transformarse según los niveles de tensión social y de popularidad de la protesta, la legitimidad social de las reivindicaciones y la distancia o cercanía política del medio de comunicación frente al poder económico y político, hacia una mayor o menor visibilidad de las reivindicaciones de la movilización social[14].

De otra parte, se encuentra el rol que ha cumplido las redes sociales y los medios alternativos independientes, los cuales, han permitido conocer la otra cara de las movilizaciones, gracias a que la ciudadanía a través de los dispositivos digitales se ha convertido en creadores de contenidos, en especial, los nativos digitales, aquellas generaciones jóvenes que se mueven como pez en agua y que, registran la cotidianidad y las diferentes historias de los manifestantes. El uso de las redes sociales para convocar y organizar las movilizaciones y difundir las narrativas y propuestas de los diferentes sectores en paro, han descentralizado la producción de información y desestabilizó el control y la censura de la información por parte del gobierno de Iván Duque, quien no advirtió el poder de movilidad e influencia que tienen los jóvenes a través de las redes sociales.

La difusión de los actos de violencia estatal a través de las redes sociales ha permitido posicionar una alerta internacional frente a la grave situación de violación de derechos humanos en el país. Al tiempo que ha motivado el pronunciamiento de diferentes organismos multilaterales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien ha solicitado en repetidas ocasiones a Duque autorice el ingreso de una comisión de verificación para evaluar los hechos de violencia estatal, sin embargo, ese permiso ha sido negado, según el gobierno, hasta que la fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones nacionales terminen con su trabajo de verificación de los hechos.

El uso de las tecnologías virtuales nos puso en otro escenario, disperso el poder hegemónico de los medios masivos de información, permitió escuchar las voces de los sectores que se encuentran en la periferia y todo ello, gracias al movimiento de jóvenes y de estudiantes que son el signo de las nuevas formas de protesta en el convulsionado mundo del siglo XXI.

Los jóvenes han pasado de la mera expresión en redes sociales a autoconvocarse y congregarse en la calle para alzar la voz, combinando el activismo con las nuevas tecnologías y activando una serie de “células” independientes que abanderan distintas causas, pero terminan sumándose a los grandes temas estatales o nacionales (Rossana 2018, 15).

A modo de conclusión

Los recientes acontecimientos reseñados dan cuenta de un profundo agotamiento de diferentes sectores sociales y de la sociedad en general al modelo de Estado y de políticas que se han adelanto a lo largo de la historia del país. Muestra de ello es el acumulado de demandas incumplidas por parte de los gobiernos y que las recientes movilizaciones del 21N y el 28A han puesto en relieve como señal de una profunda crisis social, que se suma al recrudecimiento de la guerra, con la presencia de las disidencias guerrilleras, la violencia narco paramilitar y de las fuerzas militares y policiales contra la población civil.

Este agotamiento social a su vez ha dejado ver la puesta en marcha de prácticas de coerción estatal que han llevado a que se profundice la crisis social en Colombia. En primer lugar, es evidente que el régimen impuesto por estas elites ha intentado por todos los medios que la población colombiana se someta a su voluntad al afirmar el capitalismo, la homogeneidad en el Estado y en el mercado, así como lo propone Zibechi (2007) al referirse a los movimientos sociales como poderes antiestatales. En segundo lugar, que el régimen de turno ha procurado desarticular y dispersar las fuerzas sociales comunitarias y territoriales a través de leyes, represión y prácticas autoritarias.

En tercer lugar, nos encontramos ante una crisis política, social e institucional que ha generado en el conjunto de la población colombiana una pérdida de credibilidad y confianza del Estado y sus instituciones de carácter histórico, porque data desde las épocas de la colonia con la persistencia del bipartidismo y la polarización política, el cual, durante el siglo XX creo alianzas con representantes del narcotráfico y del paramilitarismo, quienes paso a paso han ocupado los espacios de poder estatal e institucional, tal y como quedo evidenciado en los dos periodos presidenciales del que ha sido acusado como el promotor del paramilitarismo en Colombia Álvaro Uribe Vélez (2002-2010)[15].

Es evidente que estas elites que han estrechado lazos con el paramilitarismo, el narcotráfico y que gobiernan Colombia, han sido indiferentes y alejados de las necesidades de los múltiples sectores que hacen a la pluralidad de identidades y territorios activos en el país. Al tiempo, que han dejado ver su incapacidad para lograr un acuerdo nacional, reducir las desigualdades, la pobreza, la falta de oportunidades, en especial para los jóvenes, y por supuesto para terminar con la guerra y lograr construir un país en paz.

El cuarto momento, se encuentra la complicidad de estas élites con los grupos económicos que son dueños de los medios masivos de información, para silenciar y deslegitimar los verdaderos propósitos de los diferentes sectores que se han movilizado. Así como también para tergiversar los hechos de violencia y la grave situación de violación de los derechos humanos en Colombia por parte del Estado y sus fuerzas de seguridad. En medio de este contexto, a su vez, se ha hecho evidente el gran andamiaje de concentración de poder político, económico y mediático representado y visibilizado de forma abierta a través de medios como Caracol Televisión que pertenece al Grupo Santo Domingo y Caracol Radio que hace parte del grupo español Prisa. También el caso del grupo Ardila Lulle, dueño de RCN TV y el noticiero “Noticias RCN”, quienes han registrado sólo la versión de los poderes oficialista pertenecientes al partido de gobierno del Centro Democrático cuyo representante es el expresidente Álvaro Uribe Vélez[16] y han ocultado en la palestra publica el terrorismo de Estado y las prácticas autoritarias del gobierno de Iván Duque, quien ha abordado el estallido social con mentiras y terror.

La esperanza en Colombia recae en los jóvenes quienes, han demostrado un profundo descontento con el país que le ha dejado el mundo adulto y que se ha lanzado a las calles contra el orden establecido desde el Estado y sus instituciones, contra la violencia policial, el desempleo, la educación privada, la falta de oportunidades y de futuro en el país. Sus diferentes formas de expresión, artísticas, performáticas, teatrales, musicales, canticos y consignas movilizadas desde los barrios, los territorios así lo han evidenciado. Los jóvenes nos han mostrado nuevas formas de protesta social, donde las redes virtuales, los medios alternativos y las calles son sus espacios para conectarse con las realidades del país, movilizar sus indignaciones, malestares, propuestas y por supuesto para decirle al adulto-centrismo que otro mundo es posible, que una Colombia en paz está en construcción hoy.

Notas