Introducción

La violenta colonización europea supuso un proceso de racialización de los sujetos, de pueblos originarios quienes ante la resistencia a los intentos de imposición fueron masacrados, pero principalmente de los africanos, cuya deshumanización permitió justificar su secuestro, traslado, comercialización y esclavización desde África hacia Europa y Asia en una primera etapa de colonización y trata esclavista, y posteriormente con la colonización del territorio americano y la consolidación de la trata tras trasatlántica de carácter triangular. Durante este proceso esclavista, los blancos europeos desde su auto adjudicada superioridad, dotaron a la negritud de connotaciones negativas y degradantes, escenario en el cual a los africanos provenientes de la trata trasatlántica y sus descendientes nacidos en las Américas se les consideró como una “raza” inferior intelectual, moral y espiritualmente; y por tanto, carentes de capacidades éticas, intelectuales, morales, relacionales y organizativas.

Bajo este argumento aun después de la abolición de la esclavitud se sostuvo su consideración como personas y pueblos inferiores, se prolongó y concretó su exclusión de lo político, lo económico, lo educativo y lo cultural, pero sobre todo, de la narrativa histórica, en un esfuerzo de blanqueamiento de la emergente figura del Estado-Nación en la región latinoamericana.

Estas concepciones sobre la población negra en América Latina siguen teniendo aun en la actualidad una fuerte presencia en el imaginario colectivo, al mismo tiempo que siguen determinando y condicionando el acceso de la población racializada a los derechos humanos fundamentales, su acceso y ascenso en los ámbitos educativos, laborales y culturales, así como, siguen contribuyendo a su sometimiento a formas de desigualdad y violencia racista letal. Ante ello, en las últimas décadas se ha fortalecido la organización de la población negra en torno a los movimientos sociales, aunado a una lenta, minoritaria pero progresiva profesionalización de la negritud; con el fin de visibilizar y denunciar la persistencia del racismo y la estigmatización de la población racializada, pero también para exigir su reconocimiento como grupo poblacional específico garante de derechos en la figura de “afrodescendientes”, y la exigencia a los Estados de la garantía de sus derechos y la erradicación del racismo estructural.

En este sentido, en este trabajo se abordará el fenómeno de la racialización de la población africana y sus descendientes nacidos en América desde una perspectiva socio-histórica, así como, la problematización del fenómeno del racismo estructural desde una perspectiva sociológica crítica, con fin de comprender el aniquilamiento físico y simbólico al que ha sido sometida la población negra en la región latinoamericana, su exclusión de los espacios económicos, políticos y sociales, así como, su confinamiento y relegación en los márgenes precarizados que ha tenido lugar en el pasado como en la actualidad.

Invasión, trata trasatlántica y racialización colonial

Uno de los aspectos de mayor importancia para aproximarse al fenómeno de la negritud en América Latina tiene que ver con la problematización y comprensión de que contrario a como nos ha sido socializado, la racialización ha sido y continúa siendo una consecuencia del proceso de colonización, no una causa en sí misma. Lo que movilizó a los europeos al continente americano durante las primeras expediciones marítimas fueron intereses de carácter económico (específicamente la búsqueda de inagotables tesoros prometidos en mitologemas transmitidos a través del relato oral y escrito), ante la amenaza de decadencia del orden socio-político y socio-cultural establecido; esto en el contexto de su declive económico resultante de sus excesivos gastos de carácter militar producidos por la invasión de territorios con fines expoliatorios y expansionistas, así como, por el sostenimiento de las ociosas e improductivas monarquías europeas.

Al desembarcar en tierras americanas, el principio valorativo para la consideración de la superioridad europea frente a los pueblos originarios fue de carácter tecnológico, es decir, el primer momento de encuentro entre los invasores y los pobladores naturales se caracterizó por la comparación de las posesiones materiales, recursos y tecnologías europeos con los de los aborígenes; el hecho de que estos últimos poseyeran instrumentos, si bien eficientes, rudimentarios y naturales, facilitaría a los invasores el asumir la superioridad europea como universal, fundamentada en su avanzada tecnología y posibilidades de contabilización de sus vastas y diversas posesiones materiales. Se hizo presente y manifiesto el desprestigio de lo aborigen, sus modos de producción, organización social, de igual modo la descalificación de sus manifestaciones culturales; se consideró que todo aquel no europeo era entonces un pueblo atrasado, incivilizado, salvaje, primitivo por no haber explotado los recursos de sus tierras y convertirlos en riquezas tangibles que permitieran el dominio y sometimiento de otros. (…) Seguido a la consideración de los pueblos originarios como inferiores económica y culturalmente, se añadirá a ello la descalificación racial de dicho grupo social, como justificación para la realización de la violencia, la violación y el hurto; se diría que los pueblos originarios eran inferiores racialmente, basados en las diferencias fenotípicas y la pigmentación de la piel. Así el hombre blanco, heterosexual y poseedor de los recursos económicos se autoproclamó como amo y señor, definiendo a Europa como centro experiencial de esa tierra a ser “conquistada”, en donde todos aquellos distintos a él (económica, genérica y racialmente), ajenos geográficamente a ese territorio, serían definidos como inferiores y habrían de convertirse en sus siervos, ya fuese por su voluntad o en contra de ella (Pineda 2014, 18-9).

Sin embargo, las enfermedades trasladadas por los europeos al continente americano, la magnitud del implacable ritmo de trabajo impuesto a los indígenas en condición de explotación, el genocidio contra los pueblos originarios ante la resistencia de la imposición de la dominación, así como, la huida a zonas lejanas e inaccesibles de aquellos que lograron sobrevivir a la violencia colonizadora, se convirtió en una limitación para los propios invasores, quienes tras diezmar a la población indígena, ante la poca presencia de población europea en territorio americano, y posteriormente tras la prohibición de la trata y explotación de los indígenas a quienes la iglesia católica les reconoció su condición de humanidad, se quedaron sin la mano de obra a explotar para expoliar los recursos del continente invadido.

Esta necesidad de mano de obra explotable creó las condiciones para que desde los inicios del Siglo XVI, los europeos invasores y colonizadores de América, principalmente portugueses, holandeses, franceses, ingleses y españoles, recurrieran a la trata transcontinental con fin de esclavizar personas en África, teniendo en cuenta que este continente ya había sido convertido en área de influencia pues, según visibiliza Waldo Villalpando, desde el siglo VII es posible rastrear el tráfico y esclavitud de negros africano:

Durante el período medieval el Imperio otomano fue el principal captador de esclavos negros provenientes del Sur del Sahara. Una de las rutas, conocida como “transahariana” atravesaba el desierto del Magreb en dirección al Medio Oriente. Esta travesía era especialmente dura. Austen calcula que solo en el cruce del desierto hacia Marruecos morían alrededor del 5% de los esclavos transportados, pero si se iba en dirección a la actual Libia podía alcanzar el 20% e incluso “terminar en una hecatombe”. Este tráfico es menos conocido porque se realizaba por tierra pero se prolongó por siglos (…) Una alternativa al tráfico esclavo partía del África Oriental hacia Asia con diversas bases costeras, la más conocida, la isla de Zanzíbar (etimológicamente “costa de negros”, hoy, parte de Tanzania) de las que salían convoyes en dirección al sudeste asiático e incluso hacia el Río de la Plata. En Asia, el destino eran India y China, en cuyo puerto de Cantón se había asentado un establecimiento de comerciantes árabes (Villalpando 2014, 29).

Por su parte, los archivos nacionales de Inglaterra dan cuenta de que, desde el siglo VIII ya existía contacto entre África y Europa por la conquista de España y Portugal por parte de las fuerzas musulmanas del norte de África, y la emergente experiencia en la trata de personas pues, desde 1470 en adelante, ya habían movimientos de mano de obra africana a Madeira y las Islas Canarias por parte de los primeros exploradores portugueses. Es decir, ya se había desarrollado un sistema de racialización y jerarquización social, en la cual los europeos establecieron los criterios de inferiorización, superioridad y dominación frente a los no europeos con el fin de permitir y justificar la trata y su posterior esclavización; concepciones que posteriormente reprodujeron y ejercieron en América con la población indígena.

Con este antecedente los europeos se trasladaron hacia el África Subsahariana (la zona del continente más accesible desde Europa y desde América) y se institucionalizó el comercio triangular (al involucrar tres continentes Europa, África y América) también conocido como trata trasatlántica o trata negrera. De este modo, los europeos invasores, colonizadores y tratantes de personas con fines de esclavitud, iniciaron un proceso de captación de los africanos, la cual tuvo lugar mediante la colaboración de otros africanos y su compra a estos a cambio de mercancías entre las que destacaron textiles, barras de hierro, utensilios, alcohol y armas de fuego; pero esta captación también se realizó a través del uso de la fuerza (de su secuestro), mediante la persuasión y el engaño, al mismo tiempo que se hizo común el intercambio de convictos y prisioneros de guerra. Sin embargo, en cuanto a la proveniencia de los esclavizados:

Es relativamente complicado conocer el origen de los que fueron llevados a las Indias. A mediados del siglo XVI los esclavos preferidos eran los biáfaras y bran por su fama de trabajadores. También eran muy codiciados los procedentes de Cabo Verde, los cuales por esos años eran los más caros. Pero a partir de 1570 las regiones del Senegal, Gambia y Sierra Leona fueron las principales suministradoras de esclavos de las Indias de Castilla. Los esclavos angoleños procedían de las tierras comprendidas entre los ríos Dande y Kwanzan y constituyeron mayoría tras la firmas de los asientos portugueses sobre todo en las islas del Caribe. Los denominados bran se extraían de la factoría de Elmina en la Costa del Oro, entre los ríos de Sierra Leona y el Volta. También hemos de mencionar los pertenecientes a las tribus congos y zapes; otros procedentes de Gambia, de las riberas de los ríos Cazamancia, Geba y Senegal, eran los mandingas, bioho, bañol y jalofos. Estos últimos debidos a su fama de rebeldes y díscolos fueron prohibidos por orden de la Corona en las tierras de Castilla. Finalmente, podemos mencionar otras etnias como las de basambos, ararás, berbesí, folupos, macambis, etc. De todos ellos los más apreciados para el trabajo, como ya hemos señalado, eran los de Cabo Verde, Guinea, Angola y Mozambique (García 2011, 4).

Tras la captación, hombres, mujeres y niños africanos fueron trasladados por la fuerza y en condiciones infrahumanas y de hacinamiento desde las costas del Atlántico hacia el Pacífico, de forma marítima durante largas expediciones que podían extenderse por dos, tres y hasta cuatro meses (dependiendo de las condiciones climáticas) y que fue conocido como el Middle Passage, también denominado como “pasaje medio”. En el galeón de esclavos o también llamado barco negrero, los africanos captados eran embozalados para evitar su interacción, pero también amarrados o encadenados por las muñecas y las piernas, limitando sus movimientos y colocados de forma secuencial, sentados o acostados y dispuestos de tal forma que ocuparan el menor espacio posible en las cubiertas inferiores de los barcos, con el propósito de garantizar el traslado de la mayor cantidad de “mercancía” o “piezas de ébano” como fueron denominados. Al respecto el investigador argentino especialista en estudios africanos Omer Freixa, en su ensayo Los primeros africanos en el Nuevo Mundo (2011) ha afirmado que, en este escenario los barcos negreros eran cargados de modo que superaba sus capacidades con el fin de obtener más ganancias, sin embargo, los espacios eran tan reducidos que los esclavos más pequeños en tamaño y corporalidad con frecuencia eran aplastados por los más grandes y corpulentos, lo cual propiciaba la muerte por asfixia.

Así mismo, el traslado de los hombres, mujeres y niños africanos sometidos a la trata con fines de esclavitud, incluía la privación de alimentos, la violencia física como mecanismo de disciplinamiento ante los alzamientos o la posibilidad de ellos, la inmovilización, el encierro y la violación de las mujeres. Pero en este contexto también se hizo común la muerte como consecuencia de la proliferación de enfermedades y epidemias como la malaria, la fiebre amarilla, la tuberculosis y otras enfermedades de carácter respiratorias; situación que obligó en numerosas ocasiones a arrojar al mar a los cadáveres, pero también a los hombres, mujeres y niños enfermos ante el temor de contaminación del resto de las personas traficadas para ser comercializadas en las Américas.

Pero su llegada al continente americano no mejoró su situación y sus padecimientos no se minimizaron, por el contrario, posterior a la llegada al continente americano y bajo el argumento de la inferioridad racial, se procedió a la subasta de hombres, mujeres y niños denominados “piezas de ébano” (cuyos precios variaban según su sexo, edad, constitución física, salud, el carácter, habilidades o el conocimiento de algún oficio), se les comercializó, pero también se hizo habitual su marcación como símbolo de propiedad; al respecto Señala Lutgardo García, que se marcaba a los esclavos en el pecho o en la espalda con un hierro al rojo vivo, marca a la que se le llamó carimba, la cual variaba según la compañía y el puerto de introducción. Por su parte, en el caso del asiento de los grillos, lo dispuesto era que cada negro habría de llevar dos marcas, la coronilla real y el monograma de los asentistas con el propósito de dar fe de que la importación había sido legal y por tanto legítima la compra.

A la marcación que demostraba la propiedad de los esclavos le seguía inmediatamente a su explotación, la cual contempló en el caso de las mujeres la explotación sexual y reproductiva, y para ambos sexos la explotación laboral, esta última principalmente en los ámbitos de la agricultura (fundamentalmente en las plantaciones de café, azúcar, tabaco y algodón), la minería, la artesanía y el servicio doméstico. De acuerdo con Axel Rojas (2009), la economía de plantación fue determinante en países como Cuba, Martinica, Guadalupe, Jamaica, Santo Domingo, Brasil y el sur de Estados Unidos, mientras que en países como Colombia, Venezuela, México y Bolivia la explotación esclavista fue predominante en la economía minera. No obstante, estos hechos ponen en evidencia que:

La esclavitud no nació del racismo; más bien podemos decir que el racismo fue la consecuencia de la esclavitud. (…) Las diferencias raciales hacían más fácil justificar y racionalizar la esclavitud negra, exigir la obediencia mecánica propia de un buey de labranza o de un caballo de tiro, reclamar esa resignación y esa completa sujeción moral e intelectual que son la condición indispensable para hacer posible el trabajo del esclavo. Finalmente, y este era el factor decisivo, el esclavo negro era más barato. Con el dinero que costaba procurarse los servicios de un hombre blanco durante diez años podía comprarse un negro para toda la vida. (…) He aquí, pues, el origen de la esclavitud de los negros. La razón era económica, no racial; no tenía nada que ver con el color del trabajador, sino con los bajos costes de su trabajo. Comparado con el trabajo de los indios y de los blancos, el del esclavo negro era eminentemente superior. (…) Los rasgos del hombre, su cabello, color y dentadura, sus características «sub-humanas», tan ampliamente comentadas, fueron sólo las posteriores racionalizaciones que se emplearon para justificar un simple hecho económico: que las colonias necesitaban trabajo y recurrían al trabajo de los negros porque era el más barato y el mejor (Williams 2011, 32, 48-9).

Este proceso de trata y esclavitud de africanos fue progresivamente incrementándose y logró extenderse por 400 años, la cual tuvo lugar entre los siglos XVI a XIX, y se estima que en este periodo unos 60.000.000 o 70.000.000 africanos fueron extraídos del continente negro y reducidos a la esclavitud, sin embargo, se cree que apenas unos 10.000.000 o 15.000.000 llegaron a tierra firme en el continente americano.

Los sacaron como perros de su África natal. Encadenados. Amordazados. Desnutridos. Torturados sin piedad. Golpeados hasta la muerte. Lanzados como basura al mar. Enterrados sin más lujo que el de conservar íntegros sus propios huesos. Todos y cada uno de los esclavos que trabajaron en las propiedades de sus amos y sustentaron gran parte de la economía del mundo occidental (desde el siglo XVI al XIX), cargaron a su vez las primeras piedras de la sociedad moderna. Inglaterra, Francia, EEUU o Brasil se convirtieron en primeras potencias mundiales por medio de la explotación de mujeres y hombres que trabajaron durante décadas en las plantaciones de café, azúcar, tabaco o algodón (Felis 2017, sp.).

Este desangramiento constante de África para satisfacer la mano de obra requerida por los europeos para la explotación de los recursos expoliados se consolido a partir de 1600 tras la abolición de la esclavitud indígena en 1542; trata que fue ennegreciendo a América, en primer lugar por los africanos racializados y esclavizados, así como, por los hijos de los africanos nacidos en condición de esclavitud en el territorio americano; los cuales como ha expuesto Freixa, desde México hasta el Cono Sur dejaron su marca en la América hispana tras cuatro siglos de tráfico y presencia esclavista.

El racismo de los independentistas y la resistencia a la abolición de la esclavitud

El comercio de la humanidad de los “otros” racializados durante el periodo colonial, sin duda fue un negocio lucrativo, el cual permitió la recuperación, consolidación y sostenimiento de las monarquías europeas, al mismo tiempo que, facilitó la consolidación del poder colonial en las Américas y el enriquecimiento de la élite de blancos criollos. La trata negrera y la esclavitud tuvo lugar en toda América sin excepción, sin embargo, algunos países de la región recibieron más población africana para explotar, principalmente aquellos con mayor y mejor acceso marítimo desde África como lo fueron Brasil, Colombia, Venezuela y las Islas del Caribe como Cuba y Puerto Rico, pero también los Estados Unidos, pero esto no evitó el comercio de africanos a ser esclavizados y la instalación de puertos en las emergentes ciudades de países como México, Argentina y Uruguay; no obstante, fue en estos países con mayor presencia negra donde existió más resistencia para la eliminación de la trata negrera y la abolición de la esclavitud.

Como bien ha señalado Omer Freixa, a principios del siglo XIX las exigencias político y sociales en Europa iban en contra de mantener esclavos; pero no por razones humanitarias, sino por criterios economicistas pues, la trata ya implicaba muchas dificultades y los costos de los esclavos se volvieron costosos, por lo cual dejaron de ser mano de obra barata como en el pasado; es decir, el esclavo se convirtió en una herramienta de trabajo arcaica y costosa, motivo por el cual, la trata estaba condenada a su desaparición. En este periodo para los europeos la trata negrera dejó de ser rentable, por los altos costos de los africanos, por la dificultad para acceder a “la mercancía”, es decir, a los sujetos a ser tratados y esclavizados, por las incalculables muertes durante las travesías, por la cada vez mayor participación en el negocio de los criollos en América (lo que supuso una reducción de las ganancias percibidas), así como, por las prohibiciones y restricciones legales que comenzaban a imponerse a la trata; razones en su conjunto por lo cual desde Europa los otrora tratantes y esclavistas comenzaron a impulsar la abolición de la esclavitud.

De esta manera la abolición de la esclavitud se inició a finales del siglo XVIII en Francia (más tarde reestablecida por Napoleón Bonaparte) y a principios del siglo XIX en Inglaterra (la cual según García fue la nación que mayor ahínco dedicó a la trata, que mayores beneficios obtuvo de ella, pero también la primera en comprometerse en su abolición), cuyas medidas legislativas como la Ley para la Abolición del Comercio de Esclavos de 1807 y la Ley Abolicionista de 1833 crearon las presiones para obligar a que otros países europeos iniciaran formalmente el largo tránsito hacia una etapa post esclavista, como fue el caso de Francia en 1848 y los Países Bajos en 1863.

No obstante, esto no fue bien recibido por las elites blancas criollas en América, quienes ensayaban o iniciaban su proceso de emancipación con respecto a la tutela europea, y menos aún supuso la abolición de la esclavitud en el continente, a la cual se opusieron férreamente, en primer lugar por razones económicas pues su riqueza descansaba en la explotación de los esclavos, en segundo lugar por razones sociales, dado que, la tenencia de esclavos les permitía afianzar y demostrar su poder social; y finalmente por razones ideológicas pues la racialización iniciada y desarrollada por los europeos para justificar la trata y la esclavitud fue tan eficiente, que los criollos no pudieron dejar de concebir a los africanos y sus hijos nacidos en América como seres infrahumanos, como bestias a ser explotadas, pero sobre todo, como negros, y por tanto, inferiores a ellos que descendían de europeos y que nunca habían sido ni podrían ser esclavizados. En este contexto, los independentistas dejaron fuera de sus reclamos de libertad a los negros pues, como lo ha señalado René Villaboy en su trabajo El dilema "negro" de la independencia latinoamericana (2014), eran en buena parte de los casos los dueños de los esclavos y su tenencia les permitió aumentar su riqueza.

Las juntas de gobiernos criollos de Hispanoamérica fueron las redactoras de los primeros textos constitucionales genuinamente americanos. Casi todos, por norma, contemplaban en sus artículos la libertad y la igualdad como derechos naturales inalienables del hombre, y al mismo tiempo consagraban la inviolabilidad de la propiedad privada, como pilares fundamentales del derecho burgués difundido por la Revolución Francesa. Por ello, el esclavo negro no gozaría de las prebendas de la libertad innata, al ser considerado un bien material con dueño. Fue esa la esencia de la argumentación para mantener incólume la esclavitud durante las luchas independentistas hispanoamericanas, pues el tema de la liberación de los negros chocaba con el precepto liberal de la inviolabilidad de la propiedad privada (Villaboy 2014, 8-9).

Pero esta situación no fue aceptada ni recibida con pasividad, la resistencia de las oligarquías criollas a la abolición de la esclavitud, la negativa a reconocer los derechos de los negros en la gesta independentista, aunado a la brutal explotación, el maltrato y la crueldad a la que fueron sometidos los africanos y sus descendientes nacidos en América en condición de esclavitud, creó las condiciones para que estos últimos se vieron obligados a reclamar su humanidad y libertad por la vía insurreccional.

Las rebeliones de negros inundaron el continente americano, manifestándose mediante el cimarronaje (el escape y traslado a territorios y asentamientos liberados del yugo opresor a los que se les llamó cumbes, palenques y quilombos), la realización de huelgas, así como, a través del sabotaje del trabajo dentro de las haciendas y las plantaciones. Esta insurrección de los negros también tuvo lugar a través del desafío del orden establecido al generar escándalos públicos y transgredir las restricciones que les habían sido impuestas a los negros, la toma y destrucción de instalaciones y plantaciones, por medio de la planificación y conspiración del asesinato de los esclavistas y terratenientes; pero principalmente, mediante la organización y participación activa y masiva en los alzamientos armados de esclavos y cimarrones que expresaron el descontento popular y perseguían la liberación de la explotación. Estas sublevaciones si bien tuvieron antecedentes a lo largo del proceso de esclavización, cobraron un carácter más organizado y político con las Revoluciones de Haití y Santo Domingo.

Ante la abierta postura anti abolicionista de tales sectores, los negros irrumpieron en el proceso revolucionario de Saint Domingue, como actores en busca de su demanda más preciada: la emancipación. El 14 de agosto de 1791 estalló, en el norte de la posesión francesa, la sublevación esclava más impactante de todos los tiempos. Los efectos de aquella desorganizada y tempestuosa insurrección fueron descomunales. (…) La revolución en Haití causó un doble efecto. Desde la gran rebelión de esclavos, en los barracones de buena parte de Hispanoamérica y el Caribe la legendaria lucha de los negros de Saint Domingue despertó admiración y aliento. Ello explica que en pleno desarrollo del proceso se desataran sublevaciones y rebeliones esclavas y de libertos en varios puntos de la región. Ejemplos de esta impronta son la revuelta de los esclavos de Trois Revieres, producida en la isla de Guadalupe en abril y agosto de 1793; la impactante rebelión de negros y zambos en la región venezolana de Coro, encabezada por José Leonardo Chirinos en mayo de 1795; las protestas de esclavos en haciendas de Puerto Príncipe y Trinidad, entre 1795 y 1798 y la conspiración de José Antonio Aponte en 1812, también en la Antilla mayor (Villaboy 2014, 7-8).

Esto sumado a las presiones europeas sobre los aspirantes o emergentes Estados-Nación americanos para la prohibición de la trata y la abolición de la esclavitud, obligaron a tomar acciones frente a la problemática; sin embargo, estas fueron graduales y sin convencimiento o condena de la práctica de la esclavitud. No obstante, como lo ha expuesto Sergio Guerra, la magnitud de las rebeliones fue tal, que los nuevos gobiernos no podían ignorar la situación de los esclavos, aunque fuera para negarles sus derechos y marginarlos de los cambios que se estaban produciendo; de este modo “el tema de la esclavitud era la piedra de toque de la independencia y lo que definía entonces el sentido revolucionario o conservador de la contienda anticolonialista” (Guerra citado en Villaboy 2014, 8).

Fue entonces entre presiones, resistencias, descontento y prejuicios que algunos países optaron por la prohibición del tráfico de esclavos (lo que incrementó el comercio de esclavos entre los países latinoamericanos y a nivel nacional), otros prohibieron la trata en sus territorios (sin embargo, esto no supuso su desaparición y continuó desarrollarse de forma ilegal durante décadas e incrementando el contrabando de esclavos), y en otros se optó por el otorgamiento de la libertad de vientre (con la cual los negros nacidos en el país en cuestión eran libres pero quedaban sujetos a “resarcir” a sus esclavistas, es decir, obligados a trabajar para ellos hasta cumplir la mayoría de edad). Al respecto Villaboy rescata algunos ejemplo, entre estos Chile, uno de los primeros países en adoptar dicha medida cuando el Congreso Nacional inaugurado en julio de 1811 proclamó a instancias del patriota Manuel de Salas la libertad de todos los nacidos en suelo chileno, sin importar la condición de sus progenitores, a este le siguió el gobierno de Buenos Aires cuando en 1813 la Asamblea del Año XIII aprobó una ley de vientres libres en la que estipuló que los hijos de madres esclavas nacidos después del 31 de enero de ese mismo año se convertirían en libertos, con la obligación de vivir en la casa del amo de la madre hasta que alcanzaran la mayoría de edad (20 años para los varones, 16 para las mujeres) o hasta que se casasen; por su parte según lo reseñado por García, el Congreso de Cúcuta no implementó esta medida sino hasta 1821 cuando legisló a favor de la ley de libertad de vientre, en la que se estableció que los negros nacidos en la república de Venezuela eran libres pero quedaban sujetos a trabajar para sus amos hasta los 18 años, no obstante, en 1830 esta ley experimentó un retroceso cuando se elevó la edad de manumisión hasta los 25 años.

En otros casos se recurrió a la manumisión de los esclavos indemnizando a los esclavistas, sin embargo, esto no siempre fue efectivo, por ejemplo, en la constitución independentista que dio vida al Estado de Cartagena en 1812, se estipuló la creación de un fondo para la manumisión, constituido y controlado por el Estado para indemnizar a los dueños que fueran dando “voluntariamente” la libertad a sus esclavos, pero como bien señala Villaboy, esta iniciativa postergaba la eliminación a corto plazo de la esclavitud dado que, dependía de que el Estado contara con recursos financieros suficientes para crear el fondo y resarcir a los propietarios, y de que estos tomaran la iniciativa abolicionista por su propia voluntad, algo que en la práctica no se divisaba en lo inmediato, ni pudo lograrse durante los años de existencia de la república cartagenera, fracasada en 1815.

En otros países se ofreció y otorgó la libertad a los esclavos de forma condicionada, esto quiere decir, que su libertad dependía de que se unieran a las tropas independentistas o después de servir a la institución militar por una determinada cantidad de años lo cual atrajo a un número importante de negros a la lucha independentista; empero, ante esta modalidad también hubo significativas resistencias. Por un lado, si bien se les necesitó para engrosar las filas independentistas y fueron ellos quienes representaron la mayor cantidad de los muertos en las batallas al ser colocados en las posiciones de combate más expuestas y con riesgos letales, la realidad es que prevalecía el desprecio y la exclusión en la institución militar; un claro ejemplo de ello fue el caso de la incorporación de los negros a las tropas de José de San Martín en Argentina.

Estando al frente del gobierno rioplatense de Cuyo con sede en Mendoza, lanzó un bando el 26 de enero de 1815, mediante el cual se implantó que todos los esclavos de entre 16 y 30 años, pertenecientes a españoles y europeos, quedaban destinados al ejército. Pero su ejecución estuvo marcada, a diferencia de otras disposiciones de este tipo, por la impronta igualitarista que caracterizó al futuro Libertador del Sur. San Martín intentó de inicio que blancos y negros esclavos o libertos se mezclaran en el mismo regimiento, pero rápidamente encontró la resistencia y la oposición de muchos de sus subalternos, generadas por arraigados prejuicios raciales; sobre ello reflexionó: «La diferencia de castas se ha consagrado en la educación y costumbres de casi todos los siglos y naciones; sería quimera creer que por un trastorno inconcebible se allanase el amo a presentarse en una misma línea con su esclavo [….] He dispuesto que [la compañía] se forme solo de la gente de color, así libre como sierva». Por ello tuvo que crear, como antes lo hacían los realistas, batallones específicos donde se agrupaban únicamente los negros, pardos y morenos (Villaboy 2014, 10-1).

Por otra parte, los negros esclavizados no siempre estuvieron dispuesto a sacrificarse por una improbable promesa de libertad, a incorporarse a la institución militar que abiertamente los despreciaba, y menos aún, a participar en los procesos bélicos por la obtención de la independencia para los mantuanos que los sometían y depreciaban y de los países que no reconocían su humanidad y mucho menos su libertad; esto propició que en algunos casos los negros esclavizados se unieran a luchar del lado de los realistas, situación que como lo ha visibilizado Villaboy, alcanzó mayor prevalencia en la Capitanía General de Venezuela donde la resistencia a la prohibición del tráfico de esclavos, la negativa a cuestionar la institución esclavista, el mantenimiento de los negros en condiciones de esclavitud, la existencia de la discriminación y marginación de otros componentes étnicos-raciales y de las capas populares, generó una verdadera guerra social que en gran medida explica el fracaso de la primera fase de la lucha independentista y la consolidación de los posteriores proyectos republicanos.

Sin embargo, en la mayoría de los países de la región se evitó y postergó la abolición de la esclavitud, la cual sobrevivió a la independencia, y sobre la cual en la historia oficial se negó e invisibilizó la contribución de los negros para obtenerla. Por estos motivos, la abolición de la esclavitud tuvo lugar finalmente en diferentes momentos en los países de América Latina, incluso tras varios procesos de abolición y de derogación de la ya abolida esclavitud, la cual historiográficamente puede ubicarse su inicio con la ciudad mexicana de Guadalajara en el año 1810, siguiendo con Chile en 1823, Uruguay en 1830, Colombia en 1852, Perú y Argentina en 1853, Venezuela en 1854, Puerto Rico en 1873, Cuba en 1880, y Brasil (el mayor importador de africanos de toda la América colonizada y el último país de Latinoamérica en abolir la esclavitud) en el año 1888.

No obstante, estos últimos postergaron la abolición de la trata y la esclavitud en primer lugar porque gracias a su ubicación geográfica y por tanto a sus puertos seguían siendo los de mejor acceso en la región para la trata negrera, en segundo lugar porque el comercio eslavista continuaba siendo rentable y sostenía sus economías, en tercer lugar porque temían el ascenso al poder político, económico y social de los negros emancipados; y finalmente porque prevalecían los prejuicios raciales contra una población que había sido deshumanizada e inferiorizada, pero sobre todo que había sido cosificada y que hasta hacía poco había formado parte de sus propiedades.

Racismo estructural y el lugar de los negros en los emergentes Estados-Nación latinoamericanos

La abolición de la esclavitud se hizo por necesidad y no por voluntad, y, aunque las sociedades latinoamericanas se construyeron gracias a la explotación de los esclavos, eso no les valió ninguna consideración social, por el contrario, los imaginarios y narrativas deshumanizantes construidos sobre los africanos y sus descendientes durante el proceso de colonización y esclavitud no desaparecieron, por lo cual, las concepciones y prácticas de desprecio, discriminación y exclusión hacia la negritud se mantuvieron y en algunos casos se profundizaron pues, no solo eran percibidos como foráneos, sino que además, sus pretensiones de igualdad y reconocimiento de derechos eran percibidos por los mantuanos (término que a mediados del siglo XVIII se popularizó para describir a los blancos criollos nobles de cuna pertenecientes a la aristocracia local) y los mestizos como una confrontación, un desafío de quien hasta ayer no solo era inferior, sino sobre todo, parte de sus posesiones.

A razón de ello, y como un mecanismo de restricción social de los negros ahora libres, de recordarles su posición en la jerarquía social heredada del sistema de castas colonial, como afirma Freixa (2011), a los recién liberados no se les permitió gozar de una libertad plena; por ejemplo, no podían portar armas, joyas o ropas lujosas, no podían ocupar cargos de ningún tipo, acceder a la educación de los blancos y tampoco podían transitar por el espacio público en las noches. No obstante, tras la independencia y la inevitable abolición de la esclavitud a la que se opusieron las elites criollas porque como han señalado Ferreira y Seijas en su investigación El comercio de esclavos a América Latina una evaluación historiográfica (2018), le temían a la ciudadanía negra, los emergentes Estados-Nación latinoamericanos redactaron sus constituciones, y, aunque la racialización y el racismo contra la población negra se mantuvo, no hubo leyes que prohibieran explícitamente a los descendientes de africanos esclavizados el acceso a ciertas prácticas, espacios o relaciones; es decir, esta exclusión se realizó de manera informal, sobre la base de prejuicios y estereotipos, pero también fundamentados en un profundo rechazo de la oligarquía criolla contra los ahora negros libres a quienes responsabilizaron de desmontar la estructura económica y jurídica sobre la que descansaba el derecho a la propiedad privada de los otrora esclavistas.

Las naciones latinoamericanas, una vez independizadas, abolieron las restricciones raciales e incorporaron concreta y simbólicamente a las personas de ascendencia africana como ciudadanos. Frente al hecho de que los afrodescendientes abarrotaban los peldaños más bajos de las jerarquías sociales de cada lugar, se decía que eso era consecuencia de las divisiones de clase extremadamente marcadas y de la falta de desarrollo económico y no de la discriminación racial (Alberto y Hoffnung-Garskof 2018, 317).

Es este periodo post independencia y post abolición de la esclavitud lo que marcó la diferencia en lo que respecta la situación social de los negros en los Estados Unidos y en América Latina, es que, el racismo en los Estados Unidos posterior al proceso de abolición de la esclavitud cobró un carácter explícitamente segregacionista, alcanzando su máxima expresión con la legalización e institucionalización de la discriminación racial mediante las Leyes de Jim Crow. Por su parte, en América Latina y El Caribe, tras la abolición de la esclavitud, el racismo no desapareció, pero se desarrollaron nuevos escenarios, mecanismos, prácticas y narrativas no jurídicas, segregacionistas o explicitas, a través de los cuales realizarse, reproducirse y perpetuarse.

En América Latina tras la abolición de la esclavitud el racismo se orientó hacia el aniquilamiento simbólico de los sujetos racializados, es decir, su invisibilización, su negación, su ocultamiento, su minimización, y su exclusión de los espacios a través de la pauperización, la marginalización, el maltrato y el trato diferenciado. Sin embargo, la ausencia de un racismo legal y segregacionista, contribuyó a la construcción de la narrativa de la inexistencia del racismo en la región, del mestizaje armonioso y exitoso, pero sobre todo, del tan extendido discurso del “crisol de razas”; narrativa que encubría la persistencia de la racialización y el racismo anti negro en América Latina, el cual se manifestaba en los prejuicios y estereotipos que generaron comportamientos expulsivos y excluyentes de la población negra. Así lo evidencia Edward Telles, quien expone que en Brasil no hubo en todo el siglo XX leyes específicamente racistas como las de segregación o de apartheid, este hecho favoreció que los brasileños consideraran a su país como una “democracia racial” y se profundizara la idea de que el racismo y la discriminación racial eran mínimos o inexistentes en esta sociedad brasileña, y por tanto, se considerara como discriminatorias únicamente las manifestaciones explícitas de racismo o las leyes raciales existentes en países como Sudáfrica o los Estados Unidos; concepciones que también han estado presentes en toda la región latinoamericana y continúan vigentes aun en la actualidad.

Pero como bien lo han visibilizado Paulina Alberto y Jesse Hoffnung-Garskof, el hecho de que se reconociera como personas a los descendientes de africanos y que se les permitiera ciertos tipos de protección jurídica, no implicaba ninguna noción de igualdad política o social, porque la igualdad no fue un sello distintivo de los primeros sistemas políticos y sociales modernos, dado que “en las primeras décadas del siglo XX, las élites de América Latina compartían en líneas generales la idea de que los no blancos no eran aptos para la civilización ni para la democracia” (Alberto y Hoffnung-Garskof 2018, 326).

Estas concepciones se concretaron con la invisibilización de los negros y su herencia africana en el relato histórico latinoamericano, la invisibilización de su participación en el proceso independentista, la negación de sus contribuciones en el proceso de conformación de la sociedad y la cultura, la discriminación en los espacios educativos, la reducción de la población al trabajo precario no calificado y sub pagado, la limitación del ascenso social, el mantenimiento en círculos de pobreza y condición de marginalidad urbana, la racialización del crimen y la criminalización de la racialidad, la restricción de su acceso y ascenso a espacios de poder y toma de decisión, la desestimación de los intereses y necesidades de la población negra, así como, la obstaculización de la migración de la población racializada y la estimulación de la migración europea para desaparecer y blanquear al continente de la indeseada negritud.

Negritud, racismo y resistencia en la América Latina actual

Si bien en las sociedades latinoamericanas persiste la narrativa de la inexistencia del racismo, la realidad es que la racialización y el racismo contra la población negra continua tan vigente y presente como antes, aunque con el tiempo, han encontrado mecanismos socio-culturales sutiles, casi imperceptibles, pero también más efectivos a través de los cuales manifestarse y mantenerse.

En la región latinoamericana esta discriminación racial contra la población afrodescendiente se hace manifiesta en las distintas situaciones, escenarios y procesos interactivos de los cuales participan, mediante preguntas incisivas sobre su origen, la desconfianza en los espacios públicos pero también privados; chistes, refranes, apodos, burlas y descalificación por el color de su piel, herencia étnica y aspecto físico. La puesta bajo sospecha y requisas injustificadas por parte de los órganos de seguridad, la folklorización, trivialización y ridiculización de su cultura; la evitación y exclusión de la conformación de grupos sociales ya sea para juegos, actividades escolares, extracurriculares o laborales. Pero el racismo también se realiza mediante la desatención y postergación de sus intereses y necesidades en las políticas públicas, como también por parte de las instituciones garantes de sus derechos. Así mismo, en América Latina el racismo se expresa en el trato diferenciado por parte de maestros y empleadores, a lo interno del grupo familiar, así como, en las dificultades para el estable cimiento de relaciones afectivas ya sean de carácter interracial o endorraciales bajo la promoción y exhortación a “mejorar la raza” (Pineda 2017, 10-1).

La racialización, estigmatización e inferiorización de las personas africanas y sus descendientes nacidos en las Américas, ha logrado mantenerse y naturalizarse en el entramado sociocultural al haber sido incorporado en el proceso de socialización y su cotidianización en las diferentes instituciones sociales y espacios de sociabilidad; razón por la cual pese a las particularidades e idiosincrasia de cada país, es posible encontrar múltiples y diversas manifestaciones de racismo, intencionales o no, al haberse constituido en parte de las rutinas, costumbres y hábitos de los procesos interactivos.

Si bien el racismo latinoamericano en ocasiones puede instrumentalizarse de forma explícita, su expresión más frecuente ha sido y continúa siendo la solapada; es decir, a través del lenguaje, chistes, refranes, apodos, los gestos, la evitación, la duda, la sospecha, la ridiculización, la condescendencia, el cuestionamiento, la omisión, la invisibilización, la desatención, la desmoralización, la minimización; entre otras prácticas, discursos y representaciones estereotípicas naturalizadas y cotidianizadas que en ocasiones pasan inadvertidas, lo cual favorece que este tipo de discriminación se realice con total impunidad. (…) Esta racialización y discriminación es experimentada por los sujetos en casi todos los ámbitos de su vida, sin embargo, esta se realiza con mayor énfasis en los medios de comunicación donde son continuamente invisibilizados, aniquilados simbólicamente. Si aparecen, será en discursos y representaciones estereotípicas, en las cuales se les asocia de forma recurrente y continua al conflicto, el delito, la pobreza, la marginalidad, la ignorancia, y la violencia. Estos estereotipos afectan el desenvolvimiento y desarrollo de las personas afrodescendientes en los distintos espacios de la vida social, entre ellos el ámbito familiar, la sexualidad, la política, la justica; no obstante, las manifestaciones de racismo más frecuentes se realizan en los espacios públicos, la educación y el empleo, donde continuamente están expuestos a la evitación del contacto físico y la interacción, el rechazo, la burla, la hostilidad, la desconfianza, la desaprobación, y la humillación por parte de compañeros, maestros y empleadores, pero también a las agresiones principalmente verbales por parte de desconocidos en los espacios públicos. Estos hechos tienen un significativo impacto en la vida de las personas afrodescendientes en América latina y El Caribe pues han contribuido a la deserción escolar y dificultado el desarrollo laboral, lo cual limita las posibilidades de movilidad social de esta población, la mejora de su calidad de vida, y por tanto, favorece el mantenimiento y reproducción de círculos de pobreza y precarización; situación que se profundiza en el caso de las mujeres (Pineda 2019, 123-4).

Esta situación, si bien está presente en toda América Latina, sin lugar a dudas se profundiza en aquellos países donde existe mayor presencia de población negra como consecuencia de un mayor tráfico negrero durante el periodo colonial y en los que hubo mayor resistencia a la abolición de la esclavitud y por tanto esta tuvo lugar de forma tardía. Al respecto, según datos del Banco Mundial publicados en el informe Afrodescendientes en Latinoamérica. Hacia un marco de inclusión (2018), con base en los datos censales más recientes de 16 países, para 2015 había en América Latina alrededor de 133 millones de afrodescendientes, cerca del 24 por ciento de la población total; sin embargo, es altamente desigual a lo largo de la región, más del 91% continúan estando concentrados en Brasil y Venezuela y un 7% en países como Colombia, Cuba, Ecuador y México.

Esta población negra según expone Carlos Agudelo (2019), en su mayoría aún permanece concentrada en espacios que datan de los asentamientos ocupados desde el periodo colonial como las zonas de plantaciones, mineras y otras actividades desempeñadas en el marco de la esclavización; en las zonas costeras, así como, en las zonas de refugio y resistencia a la esclavización en los que se establecieron como sociedades libres llamadas cimarronas. No obstante, en las últimas décadas se han dado significativos procesos de movilidad y urbanización de la población negra, sin embargo, estos continúan formando parte de las periferias y contextos marginales de las grandes ciudades.

Pero además como lo ha comprobado el reciente estudio del Banco Mundial, la población negra de América Latina afronta desventajas acumulativas, oportunidades desiguales y falta de respeto y reconocimiento, lo que produce resultados sociales y económicos diferenciados. Viven en peores condiciones que los blancos, en ciudades como Caracas, Lima, Montevideo o Río de Janeiro suelen estar relegados a los barrios pobres, cuentan con menor acceso a los servicios públicos, poseen bajos índices de escolaridad, tienen niveles más altos de desempleo en todos los países, laboran en ocupaciones poco calificadas y socialmente valoradas, se encuentran más expuestos a los malos tratos y la violencia en los espacios públicos y de sociabilidad, al mismo tiempo que se encuentran en mayor riesgo de ser víctimas de los desastres naturales y del crimen. Empero, estos hechos en su conjunto han impulsado a la población negra a formarse y organizarse, desde espacios académicos o activistas para visibilizar, denunciar, proponer y contribuir en el proceso de reconocimiento de la población negra latinoamericana, así como, de mejora de su situación social y condiciones de vida.

La consolidación del proceso organizativo afrodescendiente y la configuración de una representación de su identidad en términos étnico raciales ha sido otro de los factores definitivos en las dinámicas políticas de la región en las décadas finales del siglo XX y lo que va del XXI. Estas luchas están asociadas al papel de activistas y organizaciones que desde los años sesenta comenzaron su accionar en diversos países del área, incluso en algunos en los que el peso de la población negra es minoritario, como Perú, Uruguay o Costa Rica. Tal vez los países donde mayor visibilidad e impacto político han tenido estas luchas han sido Brasil y Colombia, dos países que por sus trayectorias históricas cuentan con el mayor volumen de población negra de la región (Rojas 2009, 23-4).

En este contexto, es posible identificar como logros de las individualidades y movimientos de población negra latinoamericana su avance en el autorreconocimiento étnico, principalmente a partir de que los negros fueron reconocidos como sujetos de derecho internacional bajo la figura de afrodescendientes. La categoría “afrodescendiente” fue introducida en el año 2001 en la Declaración y Programa de Acción de Durban, durante la celebración de la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia; en dicho escenario se reconoció como grupo étnico específico sujetos de derecho internacional a todas aquellas personas de origen africano que viven en las Américas y en todas zonas de la diáspora africana por consecuencia de la esclavitud, habiéndoseles denegado históricamente el ejercicio de sus derechos fundamentales. Así mismo, como ha señalado Agudelo, el concepto afrodescendiente incluye a las personas de origen africano subsahariano conocidas de forma genérica como poblaciones negras y que incluye otros términos como mulatos, zambos, prietos, morenos, creoles; al mismo tiempo que integra otras categorías que corresponden a rasgos etnohistóricos específicos como en el caso de las poblaciones garífuna, los saramaka, yudka, boni, palenqueras, raizales, y a las apelaciones que relacionan el origen africano y la pertenencia nacional como afrocolombiano, afropanameño, entre otros.

Al mismo tiempo, la población negra ha presionado a los gobiernos de la región para la aprobación de leyes que tipifican y sancionan la discriminación por motivos raciales, han impulsado la creación de instancias estadísticas capaces de contabilizar y sistematizar a la población afrodescendiente y sus condiciones de vida, han generado propuestas para el desarrollo e implementación de políticas públicas especificas orientadas a contribuir a la erradicación de la discriminación racial y la garantía de derechos de la población afrodescendiente, han exigido a los Estados la incorporación de la perspectiva étnica en la educación, así como, han insistido en la necesidad de diseño e implementación de políticas afirmativas o de discriminación positiva como las cuotas para el acceso al ámbito educativo y a cargos públicos, con el propósito de minimizar la histórica desigualdad que continua afectando y limitando el avance de la población racializada; esto como bien lo señala Rojas, los países donde mayor visibilidad e impacto político han tenido estas luchas han sido Brasil y Colombia, dos países que por sus trayectorias históricas cuentan con el mayor volumen de población negra de la región.

Sin embargo, aunque es posible reconocer estos avances a nivel jurídico, institucional y estadístico, la realidad es que no han logrado generar cambios significativos en la situación social y las condiciones de vida de la población racializada, negra y afrodescendiente en América Latina; quienes continúan enfrentándose en los diferentes ámbitos de su vida y cotidianidad a la racialización y el implacable racismo heredado del periodo colonial esclavista.

Notas