Rev. nuestrAmérica, 2023, n.o 21, edición continua, e8031550
Artículo depositado en Zenodo. DOI https://doi.org/10.5281/zenodo.8031550
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Natalia Boffa
Doctora en Historia
Universidad Nacional del Sur
Bahía Blanca, Argentina
https://orcid.org/0000-0003-2580-0816
nataliaboffa@hotmail.com
Resumen: En las últimas décadas, el chaco-salteño ha sufrido el avance de actividades agro-productivistas y extractivistas que afectaron profundamente la vida de familias campesinas e indígenas. El cercamiento de tierras que hasta entonces estaban en reserva y los desmontes con fines agrícola-ganaderos causaron desalojos y despojo de territorios tradicionalmente ocupados y utilizados por estos grupos sociales. Los procesos organizativos que se han desplegado en relación con estos fenómenos suelen aparecer intermitentes y dispersos; sin embargo, la lucha ha sido persistente. El presente estudio intenta analizar la forma en que estos procesos organizativos interpelan el avance del capital en la región, sus sentidos y especificidades. La idea es pensarlos como modos de articulación y desarticulación, no horizontales o entre pares, sino en vinculación con las relaciones de poder. Para concretar el análisis se realizaron trabajos etnográficos en territorio durante varias estancias de investigación y de trabajo conjunto con los y las interlocutoras.
Palabras claves: territorio; wichí; luchas; agricultura; extractivismo
Resumo: Nas últimas décadas, o Chaco-Salteño sofreu o avanço de atividades agroprodutivistas e extrativistas que afetaram profundamente a vida de famílias camponesas e indígenas. O cercamento de terras que até então estavam em reserva e desmatamento para fins agropecuários provocou despejos e expropriações de territórios tradicionalmente ocupados e utilizados por esses grupos sociais. Os processos organizacionais que foram implantados em relação a esses fenômenos tendem a aparecer intermitentes e dispersos; no entanto, a luta tem sido persistente. O presente estudo busca analisar a forma como esses processos organizacionais questionam o avanço do capital na região, seus significados e especificidades. A ideia é pensá-los como modos de articulação e desarticulação, não horizontais ou entre pares, mas em conexão com relações de poder. Para concretizar a análise, foi realizado um trabalho etnográfico no território durante várias estadias de pesquisa e trabalho conjunto com os interlocutores.
Palavras-chave: território; wichí; brigas; agricultura; extrativismo
Abstract: In the last decades, the Chaco-Salteño has suffered the advance of agro-productivist and extractivist activities that profoundly affected the lives of peasant and indigenous families. The enclosure of lands that until then were in reserve and clearing for agricultural and livestock purposes caused evictions and dispossession of territories traditionally occupied and used by these social groups. The organizational processes that have been deployed in relation to these phenomena tend to appear intermittent and scattered; however, the struggle has been persistent. The present study tries to analyse the way in which these organizational processes question the advance of capital in the region, its meanings and specificities. The idea is to think of them as modes of articulation and disarticulation, not horizontal or between peers, but in connection with power relations. To specify the analysis, ethnographic work was carried out in the territory during several research stays and joint work with the interlocutors.
Keywords: territory; wichí; fights; agriculture; extractivism
Recibido: 10 de abril de 2023
Aceptado: 9 de junio de 2023
Publicado: 13 de junio de 2023
En la banda norte del río Bermejo (Salta)[1], desde el retorno a la democracia, distintos grupos indígenas chaqueños se han movilizado y han formado distintos tipos de agrupaciones y organizaciones de lucha para reclamar por distintas situaciones de subordinación e injusticia. A pesar de que, a nivel nacional, la presión de los movimientos indígenas, intelectuales y organizaciones internacionales impulsaron el avance en distintas leyes indigenistas[2], en la región de estudio, las comunidades indígenas vivieron sus implementaciones de forma irregular, dificultosa y parcial (Buliubasich y González 2009; Leake, López y Leake 2016). Entre otras acciones, fueron cobrando fuerza las manifestaciones que expresaban la preocupación y denuncia de la expansión de los desmontes y cercamientos de tierras con fines agro-productivistas y extractivistas[3] (Barbera 2014; Slutzky 2004; Van Dam 2008).
Estos procesos expansionistas, a los que se referían las movilizaciones, pueden comprenderse como parte de las dinámicas del capital en la región. Al respecto, Trinchero (2000) propone pensar a la zona como una «formación social de frontera»; es decir, un espacio donde se han desplegado específicas relaciones de producción y formas de explotación (movimientos de valoración), en vinculación con formas particulares de regulación y control por parte del Estado. Un proceso histórico preponderante en esta formación fue la negación territorial impuesta sobre las poblaciones indígenas chaqueñas desde la formación del Estado nacional; esto fue acompañado de procesos de subsunción y de la fragmentación de los sujetos colectivos mediante procesos de violencia, coerción y subordinación. Desde esta perspectiva, entendemos a las luchas analizadas como procesos vinculados a las articulaciones específicas del capital en el chaco salteño, como contrapunto dialéctico de los movimientos de valoración del capital y regulación estatal.
En este trabajo, nos proponemos examinar tres experiencias de lucha y organización, como procesos que pasaron a formar parte constitutiva de estas articulaciones y relaciones de poder. Apuntamos con esto a comprender sus significados e implicancias histórico-sociales, especialmente desde la perspectiva crítica de los pobladores wichí del Bermejo, para dar cuenta de sus anclajes y especificidades. Uno de los interrogantes que encontramos durante el análisis fue cómo explicar sus dinámicas abiertas y contradictorias, que por momentos parecen dispersas y fragmentarias, lo que ha dado lugar a distintas interpretaciones, algunas cargadas de estigmas o preconceptos. Para comprender parte de sus lógicas y sentidos, proponemos pensarlas como procesos de articulación-desarticulación-rearticulación.
La noción de «articulación» es un concepto nodal en los estudios de Stuart Hall (1996), quien lo entendía como una «correspondencia no necesaria» entre los aspectos de una formación social; es decir, una especie de vínculo contingente en la constitución de una unidad. El autor planteaba que este vínculo no es libre, sino que es histórico y requiere ser renovado permanentemente, porque se encuentra en un proceso constante de articulación/desarticulación. Como explicaba Restrepo sobre la noción de Hall, «una articulación es histórica y depende del contexto en el cual emerge; además, pasa a configurarlo una vez que es producida. Más aún, después de su producción requiere ser renovada permanentemente porque puede ser disuelta y otra puede ser creada en su lugar» (Restrepo 2004, 36).
De esta manera, las articulaciones son entendidas como procesos constitutivos de las formaciones sociales específicas (del capital, como relación social), en este caso, no podrían ser pensadas solamente como relaciones sociales entre pares, por afinidad, etnia o clase, o con fines instrumentales (Cfr. Hermitte y Bartolomé 1977; Marañón Pimentel 2012; Rauber 2017). Más bien, expresarían cierta direccionalidad, como ya lo mencionaba Trinchero (2007), expresan relaciones de poder, tensiones propias de las contradicciones que engendra el capital, como formas de acumulación, sus procesos de subsunción y modos de regulación.
Desde esta perspectiva, estas articulaciones serían siempre heterogéneas, abiertas y discontinuas, porque dependerían de las conductas concretas de los colectivos humanos; pero, como decía Hall, no serían libres. En este sentido, las articulaciones se producirían a través de relaciones de dominación y explotación, lo que implantaría los antagonismos. Pero, ninguna de estas relaciones se desarrollaría necesariamente en primera instancia, sino que, como bien decía Marx ([1857-1858] 2007), esto se daría en un todo orgánico, no meramente en un relacionamiento reflexivo. Por eso planteamos que las articulaciones conforman una malla de relaciones, que se despliegan en distintos niveles como «correspondencias no necesarias», no libres e iguales, sino históricas y asimétricas; así, constituyen una unidad, una totalidad histórica, heterogénea y abierta, marcada por relaciones de poder.
Abordamos nuestro estudio a partir de los relatos wichí de las personas que participaron en las organizaciones, mediante el trabajo en conjunto con nuestros interlocutores[4] y la triangulación con otras fuentes escritas y orales, para (re)construir el conocimiento acerca de las dinámicas de los movimientos societales wichí desde la perspectiva de los propios actores (Saltalamacchia 1994). El trabajo con los interlocutores se desarrolló en distintas estancias en terreno, algunas de diagnóstico y otras durante el desarrollo de la investigación. La organización de estos trabajos se basó en la metodología de la Historia Oral y la herramienta fundamental fue la entrevista en profundidad.
A continuación, nos acercamos a tres experiencias de lucha y procesos organizativos wichí, ocurridos desde 1984 hasta 2011, en el municipio de Embarcación (zona urbana y rural). La primera organización, llamada «Coordinadora Wichí del Bermejo», representó un primer intento de organización intercomunitaria formal. La segunda organización, el «Consejo de Caciques del Bermejo», fue un proceso vinculado a la reforma constitucional y logró conseguir la personería jurídica. La tercera experiencia la constituyó el «Consejo de Organizaciones Wichí» (COW), que era la continuación del Consejo anterior. Todas tenían como preocupación central la cuestión de la tierra.
Ricardo Fernández nos contaba: «Yo indígena, me estoy haciendo viejo. He sido el primer aborigen en Embarcación de tratar de buscar cómo puede uno protagonizar al resto de la gente. Sin sueldo, sin nada. Ese tiempo que era a través del gobierno de facto» (Embarcación, 16 de enero de 2001). En el tiempo que Ricardo Fernández nos contaba esto se encontraba participando del Consejo de Caciques y hacía poco había sido el primer concejal indígena en la municipalidad de Embarcación. Sin embargo, decía que había comenzado a «protagonizar» al resto de la gente desde el «gobierno de facto», o sea, desde la última dictadura militar en Argentina (1976-1983).
En ese entonces, en Salta, se había sancionado la ley 5713 de 1980[5], que declaraba «intrusos» a todos los pobladores que no contaban con título de propiedad de las tierras que ocupaban. Además, esta ley alentaba la colonización de tierras fiscales y proponía que si estas tierras, estando en tenencia de un particular, estaban ociosas o insuficientemente explotadas, podían ser adquiridas y adjudicadas como propiedad privada a otro particular que tenga fines productivos. Esto preparaba el terreno para la regularización de la tierra de cara al viraje hacia nuevos proyectos productivos (poroto, ganadería empresarial, entre otros). Progresivamente, se fueron haciendo evidentes las transformaciones territoriales producidas por la progresiva privatización de la tierra, en tanto que los cercamientos afectaban sus formas de vida y relativa autonomía. Así, los referentes wichí, como Ricardo Fernández, buscaron «protagonizar» al resto de la gente, es decir, intentaron poner en práctica algunas acciones políticas para confrontar la situación.
Una vez en el período democrático, algunos dirigentes nos contaban que la puesta en marcha de acciones políticas colectivas solía ser muy dificultosa: «siempre nos juntábamos con los dirigentes y decíamos ‘bueno, pero cómo hacemos para unirnos’, siempre decíamos eso de unirnos, juntarnos, trabajar juntos. Y han pasado años. No teníamos asesoramiento, no había instituciones, no había nada» (RV, Embarcación, 23 de enero de 2003)[6]. Constituir una organización que sea reconocida por el Estado requería ciertos conocimientos específicos; por ejemplo, para formar una Asociación Civil había que conocer el marco legal. Además, las estructuras propuestas por el Estado para su conformación no eran compatibles mayormente con las prácticas políticas basadas en autoridades colectivas wichí, asamblearias, no centralizadas y sin estructuras prefijadas (Carrasco 2009).
En 1985 fue sancionada la Ley Nacional 23302 y, en 1986, su correlato salteño, la Ley Provincial 6373[7]. En general, incluían la participación indígena en estas instituciones y el respeto a las formas organizativas colectivas de las comunidades; sin embargo, los grupos indígenas igualmente necesitaron capacitarse para acceder, en el futuro, a estas instituciones. Ahora bien, recrear las formas de organizarse no era un proceso totalmente novedoso; más bien, formaba parte de las prácticas políticas wichí a lo largo de la historia (Gordillo 2006; Mathias 2015). A partir de 1984, algunos líderes políticos wichí comenzaron a re-direccionar y sumar nuevas prácticas a sus repertorios políticos apuntando a conocer la legislación. Para esto, algunos referentes accedieron al acompañamiento de instituciones como Endepa[8] para ingresar en ese campo de la política estatal. Esto resultó movilizador para los referentes wichí, como nos contaba RV:
Comencé participando de talleres y cursos. Y creo en el año 84’ por primera vez fuimos [con Endepa] a Quilmes a un encuentro muy grande que había, un encuentro por la tierra. Hemos estado allá siete días, la primera vez que salí de viaje. Y nos encontramos con gente aborígenes, campesinos, toda gente que llevaba mucho tiempo en la lucha por la tierra. Y bueno, ahí conocí mucha gente y ahí surgió la idea de seguir. (…) Entonces, como que en el ’86, por primera vez nos juntamos, nos convocamos así de distintas comunidades, todo lo que sea municipio Embarcación, Misión Chaqueña. En Misión Chaqueña hicimos la primera reunión, por ahí tengo el acta. (Embarcación, 23 de enero de 2003)
La preocupación general por «la tierra» y el apoyo de otras organizaciones, que estaban «en la lucha», resultó en la convocatoria «de distintas comunidades» del Bermejo, lo que indicaba que hubo un proceso de organización intercomunitaria. Esto no era totalmente novedoso, pero en ese entonces comenzó a incluir nuevas formas, prácticas y tácticas, que apuntaban al reconocimiento estatal.
Así surgió la «Coordinadora Wichí del Bermejo». Nuestro interlocutor agregaba lo siguiente: «A través de la capacitación que veníamos recibiendo, como que ya estábamos viendo otra cosa, y eso es de hacernos entender de para qué, del por qué y qué debemos hacer si nos juntamos» (RV, Embarcación, 23 de enero de 2003). Las capacitaciones y la organización intercomunitaria permitían «ver otra cosa» y repensar al pueblo wichí dentro del nuevo contexto. Por un lado, los cambios territoriales eran palpables y visibles en la región y se convirtió en una preocupación que compartían con otras organizaciones. Por otro, las leyes, además de regular, abrían nuevos espacios de participación, pero había que aprenderlas y traducirlas.
En este sentido, este trabajo de organización intercomunitaria manifestaba el redireccionamiento de ciertas acciones políticas para poder resistir las transformaciones territoriales, que, como articulaciones específicas del capital, afectaban la dinámica de los usos territoriales wichí, materiales y simbólicos. Sin embargo, los procesos organizativos no representaban necesariamente acciones reflexivas, confrontativas o directas, sino que se abordaron como un largo proceso de recreación o rearticulación de sus propias formas de organizarse y comunicarse con el Estado.
Hacia la década de 1990, los cambios territoriales más significativos que se observaron fueron, por un lado, el viraje hacia la agricultura de la soja y la mecanización progresiva de las distintas actividades agrícolas, que implicaron nuevos cercamientos y despojos[9]. Por otro, las donaciones de tierras que hicieron las misiones anglicanas[10], que significaron cierto reaseguro territorial para algunas comunidades, pero no para todas y, además, en general resultaron insuficientes[11]. Por lo tanto, la preocupación por la cuestión territorial persistió, no solamente por el avance agrícola, sino también por otras formas de negación territorial surgidas luego de las donaciones. Es decir, una vez entregado el título a la comunidad, el gobierno consideraba regulada y resuelta definitivamente la cuestión territorial y negaba esas otras territorialidades indígenas que reclamaban otras zonas de mayor cantidad o mejor calidad[12]. Estos cercamientos representaban formas específicas a través de las que se articulaba el capital al interior de la situación local en Embarcación.
Hacia 1997, surgieron nuevos procesos organizativos que desembocaron en la formación del «Consejo de Caciques del Bermejo». Mediante un largo trabajo de información y convocatoria lograron realizar una primera reunión formal en el Mercado Artesanal de Embarcación, donde al menos los referentes de doce comunidades establecieron las primeras pautas de trabajo de la organización (CS, Misión Chaqueña, 31 de julio de 2015). En su acta fundacional, el Consejo de Caciques se pronunció como una organización que buscaba solucionar las problemáticas del conjunto de las comunidades de la zona, buscaba el reconocimiento estatal para tener posibilidades de asistencia (en este punto tomaba distancia del Consejo de Caciques de Tartagal, que no les daba participación) y proponía sumar experiencias con otras comunidades que estén en igual situación[13].
La forma en que se organizaban las reuniones respondía más a una asamblea comunitaria[14] que a una asociación civil; sin embargo, la organización incluía presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero y demás figuras propias de la legislación vigente. De esta manera, se sostenía una práctica propia, pero se recreaba en función de la estructura reconocida por el Estado; esta estructura, por ejemplo, con el tiempo, les permitió tramitar la Personería Jurídica (AA y LC, coordinadoras de Asociana, Tartagal, 22 de julio de 2013).
El Consejo de Caciques siguió el camino comenzado por la Coordinadora, sobre la base de dos temas centrales. En primer lugar, siguieron con las capacitaciones y reuniones sobre derechos junto a organizaciones no gubernamentales; a partir de esto, reclamaron la «consulta participativa» en la reforma constitucional salteña[15], entre otras acciones y proyectos locales. En segundo lugar, continuaron con la preocupación por las problemáticas territoriales relacionadas con la agriculturización de la zona[16]. No obstante, a medida que la organización se afianzaba en el territorio, se reinventaban las estrategias de sujeción de clase (económicas y extraeconómicas) y la fragmentación de la organización, reforzando los procesos que promovían las divisiones de los sujetos colectivos (Trinchero 2000). Por ejemplo, Ricardo Fernández, mientras estaba participando en el Consejo de Caciques, nos comentaba lo siguiente: «No quieren ellos que nosotros nos pongamos bien, con fuente de trabajo, porque cuando tengamos todos trabajo ya no los necesitamos a los políticos. (…) Nos compran con un plato de comida. Por eso digo, no es fácil organizar esto» (Embarcación, 16 de enero de 2001). La sujeción de clase y étnico-racial operaba mediante la negación del «trabajo» sobre el colectivo indígena, expresado como «nosotros» (los wichí). Esto impactaba directamente en la organización, porque convertía a los wichí en mano de obra sobrante, disponible, barata, posiblemente «comprable» (en palabras de Ricardo). Esto nos lleva a pensar que el Consejo de Caciques estaba atravesado por una serie de tensiones, provenientes de estas heterogéneas formas de articular la dominación sobre el colectivo.
Otra cuestión conflictiva al interior del Consejo era que, al no tener sede propia, utilizaba un espacio del CAPI[17], que algunos entendían como algo ajeno. Además, esto implicaba compromisos e intercambios de favores, lo que algunos consideraban que restaba autonomía a la organización y que era otra forma de subordinación que se sumaba a las mencionadas anteriormente. Desde el Consejo, algunas personas realizaban permanentes intentos de desarticular estas estrategias, no necesariamente de manera directa, sino mediante la recreación en otras formas de organización y acción.
Hacia el 2002, la organización cedió ante la presión de los conflictos intra e intergrupales que impactaron en el interior del Consejo de Caciques[18]; sin embargo, el colectivo no se dispersó definitivamente, sino que se reagrupó en una nueva organización que llamaron «Consejo de Organizaciones Wichí» (COW), es decir, «para wichí únicamente» (RV, Embarcación, 23 de enero de 2003). A pesar de su transformación, las actividades centrales de la organización no cambiaron, porque los problemas de los wichí tampoco variaron demasiado, sino que, a lo sumo, se intensificaron. Los referentes que participaban de esta organización continuaron, por un lado, con las capacitaciones en derechos y proyectos puntuales de tipo productivos o asistenciales y, por otro, con los reclamos territoriales y laborales.
Respecto al primer aspecto, uno de los proyectos que comenzó con el Consejo de Caciques y continuó el COW fue la construcción de un «centro comunitario»[19]. Este centro contaría con oficinas y salón de usos múltiples para las capacitaciones sobre derechos y para las reuniones y asambleas del COW, como lugar propio[20]. De todos modos, la gestión del proyecto se realizó con el acompañamiento de Fundapaz, que colaboró para conseguir un terreno (que hallaron en Misión Franciscana), en el presupuesto de la construcción, contratación de arquitectos y coordinación de su puesta en marcha con fondos externos y mano de obra indígena[21]. Esto, junto al arrastre de disputas interétnicas[22] y en el contexto de crisis económica nacional, produjo el fracaso de su construcción. El COW, aún con acompañamiento de Fundapaz, consiguió otro terreno y comenzó la construcción de otro centro; sin embargo, este proceso llevó varios años en los que fue quedando resentida la estructura de la organización (MM, Embarcación, 15 de julio de 2013). Mientras tanto, se desarrollaban otros proyectos que incluyeron cerramientos de terrenos, pozos de agua, proyectos de huertas, comercialización de artesanías, fabricación de ladrillos para uso y comercialización, pequeños emprendimientos ganaderos, especialmente caprinos (Díaz 2003; Simón, Roldán y Cassino 2003). También se participaba en encuentros intercomunitarios e interregionales por la tierra, en donde las mujeres wichí habían comenzado a protagonizar los encuentros zonales, como nos contaba una artesana wichí (entrevista con RRO, Embarcación, 23 de enero de 2003).
En el segundo aspecto, el COW continuó atendiendo los problemas laborales y territoriales que provenían principalmente del avance de la frontera agrícola y su tecnologización. Al incrementarse estos procesos aceleradamente, entre 2002 y 2007, también se agravaron las dificultades para los wichí. Algunas de las cuestiones que sobresalieron fueron las inundaciones (más frecuentes y graves que lo habitual para la zona), el incremento de los desalojos, la extracción forestal masiva, el desmonte masivo y el desempleo (Barbera 2014; Di Risio et al 2011). Respecto a las inundaciones, el COW tomó la iniciativa de gestionar un proyecto para construir una «defensa» para la comunidad Lote Fiscal 75[23]. Esta iniciativa no respondía solamente a una acción asistencial, sino que manifestaba la preocupación por el futuro de las comunidades rivereñas. Uno de nuestros interlocutores comentaba: «hablan de daño de naturaleza, como si fuese que el daño es natural, no hablan del desmonte y ahí [el gobierno] tapa todo» (PL, Misión Chaqueña, 20 de julio de 2012). Es decir, consideraban que las inundaciones eran producto de las políticas productivistas y no desastres naturales, como lo quería mostrar el gobierno. Una vez aprobado el presupuesto para el proyecto del COW para la defensa del río, el sector oficialista del gobierno local tomó el control, separó al colectivo de su gestión y logró desacreditar su trabajo. El presidente del COW de ese entonces lo contaba así:
¿Quién era el gestor de ese proyecto? Era el COW, de alguna forma, nosotros no íbamos a manejar los fondos, pero sí íbamos a estar vigilando que esos fondos realmente se le dé la utilidad que nosotros pedimos. Entonces ¿qué hace? Inmediatamente el intendente pícaramente cambia al presidente de la comunidad Lote 75 y pone al esposo de HV[24] [una concejala oficialista]. Y el esposo de HV ¿qué hace? Cambea todos los papeles que ha sacado la Comisión de Lote 75, de ahí en más nosotros no vemos, no hemos tenido más entrada, porque respetamos nosotros los derechos de la comunidad.
De este modo, el alcance de la organización wichí se vio afectada por los intereses de grupos políticos oficialistas, que dejaron de lado las prácticas conjuntas de participación para poder tener el control sobre los recursos monetarios de la obra pública. Con el correr del tiempo, los problemas causados por el avance agrícola aumentaron, pero también se replicaron los conflictos entre punteros políticos y organización, principalmente durante la gestión de un proyecto de reforestación para la misma comunidad[25].
En 2007, las comunidades se estaban viendo cercadas y rodeadas de máquinas desmontadoras (Leake, López y Leke 2016; Seghezzo et al 2011). En 2006 se había sancionado la ley de relevamiento territorial (Ley Nacional 26160), que suspendía los desalojos; sin embargo, se había comenzado a implementar con dificultades y no resolvía la entrega de tierras a las comunidades sin títulos. Por su parte, para las comunidades que tenían título, esto no había hecho más que empeorar el panorama, como nos contaban dos referentes wichí en una entrevista: «Con el relevamiento de tierras nos están engañando. A algunos les dan 500 o 600 hectáreas y el mismo Macri tiene 45.000 hectáreas por allá por Dragones. (…) Sojeros por allá, por allá, nosotros cuando nos demos cuenta estamos encerrados» (DP y MJ, Carboncito, 18 de julio de 2012).
Esto quiere decir que las luchas se reeditaron apoyadas en la nueva legislación, pero de manera crítica y contrastiva respecto a los hechos que seguían vulnerando sus derechos. Los referentes de distintas comunidades se autoconvocaron y redactaron una «Declaración Conjunta» [26] y una denuncia colectiva para presentar a nivel nacional en CABA[27]. Este viaje coincidió con la sanción de la Ley de Bosques (Ley Nacional 26331), jornadas en las que participó la delegación wichí. Esta acción colectiva desencajó a las autoridades gubernamentales: «SeMADeS no lo tenían siquiera en mente lo que estábamos planeando (…). Y nos costó, porque llegan los indios y dice ‘¿quiénes son estos? No, pero Calermo, pero otros representantes’ [del IPPIS]» (DP y MJ, Carboncito, 18 de julio de 2012). Implicar al IPPIS en estos reclamos era un nuevo intento de fragmentar y subordinar al colectivo a una autoridad no representativa; pero el colectivo logró su objetivo concreto en CABA.
Mientras tanto, los empresarios aceleraban la ejecución de los desmontes autorizados con anterioridad a la ley nacional y apresuraban su regulación provincial[28]. Las experiencias acumuladas desembocaron en la conformación de distintas organizaciones intercomunitarias, como la Federación Wichí de la Cuenca del Bermejo, la Universidad del Monte y la Hermandad Chaqueña de Descendientes Indígenas. Entre 2009 y 2011 estos colectivos realizaron cortes de ruta, acciones de protesta frente a las topadoras, reclamos en instituciones del Estado y más denuncias.
La multiplicación de las organizaciones podría pensarse como la dispersión (direccionada desde la política oficial o descontrolada) de las acciones colectivas, como reproducían algunos prejuicios que expresaban que «se pelean entre ellos, no saben lo quieren» (NC, Embarcación, 17 de julio de 2013). Sin embargo, a nuestro entender representaba el despliegue de procesos organizativos por parte de una sociedad en movimiento, en la permanente lucha por desarticular las distintas estrategias del capital en expansión.
En las últimas décadas, la persistente expansión del capital en la región se desplegó mediante la puesta en producción de los territorios y la regulación de la jurisprudencia o legislación; esto era sostenido junto con procesos de sujeción y fragmentación de los sujetos colectivos. A nivel local, algunas de las distintas estrategias se tradujeron en la desacreditación de las organizaciones, la utilización de la entrega de tierras para cercar a las comunidades, la sanción de legislación siempre con un halo de ambigüedad que volvía parcial su implementación, entre otras.
La permanente recreación de las organizaciones daba cuenta de que las parcialidades wichí analizadas, como sociedad en movimiento, desplegaban distintas tácticas que apuntaban a desarticular de distintos modos algunas de las heterogéneas formas de articulación local al interior del capital. De esta manera, los procesos de dispersión y transformación de las organizaciones no necesariamente significaban rupturas, sino quizás salidas a distintas crisis provocadas por los procesos de subordinación a los que estaban expuestos los colectivos wichí. También, significaban renovadas formas de organización, incluso, no previstas por los sectores hegemónicos, como la presentación colectiva en CABA. Estas salidas renovadas se sostuvieron ancladas en el permanente movimiento colectivo de comunidades, grupos y parcialidades wichí.
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[1] El río Bermejo, en la llanura, atraviesa el centro de la región conocida como Gran Chaco. Esta región, es una inmensa planicie que se extiende desde la pre-cordillera hacia el este, ocupa el corazón de Sudamérica y es la segunda zona boscosa más importante luego de la Amazonía en este continente (Torrella y Adámoli 2006). Nuestro trabajo se focaliza en una parte del chaco central, sobre el sector entre Embarcación y Fortín Dragones, de la zona norte que bordea al río Bermejo, en la provincia de Salta, Argentina.
[2] A nivel nacional, se sancionaron leyes que regulaban la formación de instituciones específicas, que reconocían la preexistencia étnica y que asumían la tarea de relevar los territorios indígenas y de proteger las zonas naturales donde vivían (Ley Nacional 23.302 de 1985; Ley Nacional 24.071 de 1992; Ley Nacional 26.160 de 2006; Ley Nacional 26.331 de 2007; Reforma Constitucional de 1994, entre otras). Por su parte, en la provincia de Salta, estas leyes tuvieron sus correlatos locales (Ley Provincial 6373 de 1986; Ley Provincial 7543 de 2008; Reforma Constitucional de 1998, entre otras).
[3] A partir de la década de 1970, se produjo una etapa de expansión agrícola vinculada a la producción porotera, que intentaba a solucionar la baja productividad de la región por el deterioro ambiental perpetrado por la ganadería extensiva y la deforestación de ciertas especies. Progresivamente, la etapa porotera fue cediendo lugar a los paquetes de siembra directa que, hacia 1990, propiciaron la expansión del cultivo de la soja y el maíz. De esta forma, se produjo una «revalorización territorial» que involucró la concentración de grandes extensiones de tierras en un grupo reducido de grandes productores y empresarios de capitales extra-regionales (Van Dam 2008). Estos procesos se vinculaban a las transformaciones agrarias nacionales e internacionales que se caracterizaron por la liberalización, apertura y (des)regulación o (re)regulación agrícola, a partir de la que se conformó un vasto sistema de agro-negocios. Cabe aclarar que el proceso conocido como (des)regulación del mercado, en realidad comprende cambios en el modelo de relacionamiento entre el capital y el Estado o «régimen de acumulación», que apuntaron a virar las prioridades de inversión de algunas ramas de la industria y agro-industria hacia la renta y la especulación financiera, con lo que se entiende más bien como un proceso de (re)regulación (Trinchero 2007).
[4] Para este período, mayormente, las personas que participaban de las organizaciones eran hombres de mediana o avanzada edad, por eso utilizamos el masculino genérico; las mujeres solían agruparse en organizaciones propias, aunque esto fue cambiando con el transcurso de los años y las mujeres están logrando participar en espacios que antes eran pensados preferentemente para hombres.
[5] Recordemos que la regulación catastral salteña se apoyaba en un sistema clasificatorio de ocupación territorial estatal que diferenciaba propiedades privadas, propiedades de la iglesia y tierras fiscales. Ya en 1971, por Decreto Provincial 2293, la ocupación de tierras fiscales se había dividido en dos, las que fueron “donadas” para la creación de Reservas Indígenas y eran reconocidas como «ocupaciones con derecho de usufructo o reserva”; y las que eran “ocupaciones de hecho», que eran aquellas tierras ocupadas por comunidades indígenas que no tenían instrumentos legales que reconocieran sus derechos. En la Ley Provincial 5713 de 1980, fueron declarados «intrusos» aquellas personas que vivían en «ocupaciones de hecho», por lo que podían ser trasladados o estar sujetos a las arbitrariedades de la colonización (Briones y Carrasco 1996, 207).
[6] RV participó de la fundación de la Coordinadora Wichí del Bermejo en la década de 1980, en las reuniones por la reforma constitucional de los ’90 y, luego, fue secretario del Consejo de Caciques (1997-2001) y presidente del Consejo de Organizaciones Wichí (2002-2005).
[7] Estas leyes avanzaban en el reconocimiento de algunos derechos de los pueblos indígenas y también apuntaban a crear y regular a las instituciones estatales específicas, como la conformación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Provincial del Aborigen (IPA) en Salta.
[8] Las capacitaciones y participaciones en encuentros contaban con el acompañamiento de instituciones sociales religiosas, en este caso Endepa (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen de la iglesia católica), y más adelante Asociana (Asociación de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino) y Fundapaz (Fundación para el desarrollo en Paz y Justicia, organización social relacionada con la iglesia católica).
[9] En la década de 1980, la expansión agroindustrial y petrolera en la zona estaba aún en una etapa incipiente (Leake 2008); sin embargo, el ambiente estaba siendo progresivamente degradado por las actividades extractivo-forestales y agrícolo-ganaderas (Torrella y Adámoli 2006) y esto provocaba el desplazamiento de la fauna de caza, imponía restricciones en los accesos a los pozos de agua y otros bienes naturales. En la década de 1990, estos procesos se intensificaron luego de la privatización de YPF y de la sanción de leyes que aprobaban el uso de la soja transgénica, adaptada a suelos semiáridos (Di Risio, Gavaldá, Pérez Roig y Scandizzo 2011).
[10] En este período, se realizaron las donaciones de los títulos de propiedad de la iglesia anglicana a las comunidades de Misión Chaqueña (889,5 hectáreas) y Carboncito (1522,1 hectáreas) y el acompañamiento en la obtención del título de propiedad comunitario de otras comunidades como La Esperanza (300 hectáreas) y otras, de la zona de Hickman, como La Golondrina (300 hectáreas). Ahora bien, esto tenía distintas consecuencias en los procesos de gestión del territorio por parte de las comunidades y parcialidades wichí. En general, la cantidad de hectáreas y su localización no eran apropiadas ni suficientes para garantizar el acceso al río y los recorridos de las familias wichí (Buliubasich y González 2009).
[11] Esto se debió a que, luego de estos procesos, aún el 80% de las comunidades indígenas de Embarcación se encontraban en tierras fiscales, de la iglesia o de empresas privadas (Leake 2008), a pesar del relativo avance de las políticas indigenistas. Recordemos que en 1994 se sancionó la Reforma Constitucional, que incorporaba el artículo 75, inciso 17, que declaraba la preexistencia étnica de los pueblos originarios y ampliaba el reconocimiento de derechos indígenas. En cambio, en la provincia de Salta, el reconocimiento de los derechos indígenas quedó supeditado a los derechos de tercero, que no debían verse afectados (Constitución Provincial, 1998, art. 15, inc. II); con esto, recaía un manto de ambigüedad sobre su puesta en práctica (Carrasco 2000).
[12] La renovada negación territorial era expresada abiertamente, por ejemplo, cuando Nora Cannuni nos decía en una entrevista: «problemas de tierras tenemos muy pocos porque las escrituras se han ido entregando» (Embarcación, 19 de julio de 2012). La idea de que la sola entrega de la escritura de un lote de tierra era suficiente para solucionar los problemas territoriales significaba, una vez más, la clausura al reconocimiento de los derechos territoriales más apropiados en cantidad o calidad en relación a los usos socioculturales reclamados por los wichí.
[13] Acta N°001, Archivo del Consejo de Organizaciones Wichí (COW), Embarcación (gentileza de MM).
[14] Las asambleas comunitarias pueden ser intracomunitarias o intercomunitarias, suelen estar presididas por los «caciques» y generalmente están representadas diferentes parcialidades a través de sus referentes.
[15] Petición de participación (1998) y Petición de Consulta Participativa (1998), Archivo del Consejo de Organizaciones Wichí, Embarcación (gentileza MM).
[16] Además de generar desempleo, durante la década de 1990, progresivamente, se produjo el fraccionamiento de tierras hasta el momento en reserva o de dueños ausentistas y el traspaso de tierras fiscales a propietarios privados, que comenzaron a ser alambradas. Esto produjo procesos de cercamientos, amenazas y desalojos de familias criollas e indígenas.
[17] El CAPI dependía del Banco Interamericano de Desarrollo y tenía convenio con el Ministerio de Desarrollo de la nación; además, estaba ubicado en la planta baja de la oficina de Fundapaz. Varios de nuestros interlocutores hacían referencia a esta cuestión y recordaban que era este uno de los motivos que generaba desconfianza en la organización (DH y SD, referente wichí, Embarcación, 16 de enero de 2001; RV, Embarcación, 23 de enero de 2003).
[18] Por un lado, los conflictos intraétnicos se produjeron porque el consejo debía ser de «caciques», pero esto no siempre representaba a las autoridades colectivas de las comunidades o parcialidades. Por otro, los conflictos interétnicos surgieron porque había una marcada diferencia numérica a favor de los wichí (correlativa a la población de la zona) y esto provocaba un desbalance en la composición de las organizaciones, lo que se traducía en conflictos de representación.
[19] También llamado «albergue», porque iba a estar destinado a aquellas personas que vivían en la zona rural y necesitaban viajar y hospedarse en Embarcación por distintos motivos (como asistir al hospital por cuestiones de salud propia o para cuidar a algún familiar, realizar trámites en la municipalidad, centros de documentación o comisarías, entre otras cuestiones).
[20] Este aspecto era muy importante para lograr cierta autonomía respecto a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales (entrevista con MM, último presidente del COW, Embarcación, 16 de julio de 2013).
[21] Comunicaciones personales con los Coordinadores de Fundapaz, durante los talleres de capacitación, en la parroquia franciscana de Embarcación, semana del 9 al 13 de enero de 2001. Registro de campo.
[22] El edificio del centro comunitario comenzó a ser disputado por las parcialidades guaraníes que vivían en Misión Franciscana, porque el terreno cedido a Fundapaz estaba en una parcela sobre la que reclamaban ciertos derechos de usufructo.
[23] El Lote Fiscal 75, ahora propiedad de la comunidad del mismo nombre, se encuentra a 1500 metros del centro de Embarcación, entre el río y el pueblo, y su superficie es de 360 hectáreas.
[24] Reemplazamos el nombre completo enunciado por nuestro interlocutor por siglas, de acuerdo al formato que implementamos a lo largo del trabajo.
[25] Por este tema, se produjeron algunas denuncias cruzadas en el principal medio de comunicación provincial, que tiene una línea oficialista. Más adelante, cuando la exconcejala wichí oficialista sucedió a su esposo en la presidencia de la comunidad Lote Fiscal 75, las denuncias fueron dirigidas a Fundapaz, además del presidente del COW. Esto produjo la progresiva sospecha y desacreditación del COW y Fundapaz (como consecuencia al ONG se retiró de la zona).
[26] Archivo del COW, Embarcación (gentileza de MM).
[27] Un grupo de 17 comunidades (en el que estaba incluido el coordinador del COW) se organizaron para enviar el documento de denuncia a instituciones indigenistas y judiciales nacionales con sede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El documento contaba con 187 páginas de denuncias, reunidas en la zona rural y periurbana. Una de las instituciones era el INAI, donde se negaban a recibirlos porque no eran los representantes locales elegidos en el organismo oficial.
[28] En 2008, el gobierno de la provincia de Salta apuraba la sanción del cuestionado Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Ley Provincial 7543 de 2008), con la finalidad de regularizar definitivamente la producción agropecuaria en favor del «desarrollo», aunque disimulado tras la idea de protección ambiental (Schmidt, 2014). Esta ley permitía las solicitudes de «Proyectos de Cambios de Usos de Suelo» (PCUS), que era un eufemismo para autorizar desmontes en zonas no permitidas (Leake et al, 2016).
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Revista nuestrAmérica, ISSN 0719-3092, editada en la ciudad de Concepción, Chile. Ediciones nuestrAmérica. Correo contacto@revistanuestramerica.cl |