Rev. nuestrAmérica, 2024, n.o 23, publicación continua, e10801176

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Derechos de autor 2024: Emilce Heredia Chaz

Derechos de publicación: Emilce Heredia Chaz

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Licencia: CC BY NC SA 4.0

Recibido: 3 de enero de 2024

Aceptado:  29 de febrero de 2024

Publicado: 9 de marzo de 2024

Desarrollo petroquímico y despojo hídrico en Bahía Blanca, Argentina

Desenvolvimento petroquímico e desapropriação de água em Bahía Blanca, Argentina

Petrochemical development and water dispossession in Bahía Blanca, Argentina

 

Emilce Heredia Chaz

Doctora en Historia

Docente del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur

Becaria Posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, CONICET - UNS

Bahía Blanca, Argentina

emilcehch@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-5015-1630

 

Resumen: Durante la segunda mitad de la década de 1990, el polo petroquímico de Bahía Blanca atravesó un proceso de privatización, extranjerización y ampliación por medio del cual, así como su volumen de producción se incrementó en un 450 %, el consumo de agua del complejo se multiplicó por más de tres veces. En el presente trabajo, nos proponemos trazar una ecología política de la apropiación y distribución de este bien común vital ante la expansión del polo industrial, como parte del re-ordenamiento neoliberal del territorio durante los años noventa. El enfoque teórico de la investigación es construido con las herramientas conceptuales forjadas al calor de la relación entablada entre la ecología política y la cuestión hídrica, conformando el campo de estudios de la ecología política del agua. Simultáneamente, la estrategia metodológica se centra en el análisis cualitativo de fuentes primarias y secundarias, en tanto la información relevada es organizada y sistematizada mediante un esquema narrativo-histórico, donde la historia se reúsa a ser definida por su referencia exclusiva al pasado (re)creándose, en cambio, como un modo de acceso a problemáticas sociales de persistente actualidad.

Palabras clave: ecología política; desigualdades hídricas; industria petroquímica; neoliberalismo.

 

Resumo: Durante a segunda metade da década de 1990, o complexo petroquímico de Bahía Blanca passou por um processo de privatização, estrangeirização e expansão por meio do qual, enquanto seu volume de produção aumentou em 450%, o consumo de água do complexo mais do que triplicou. Neste artigo, propomos traçar uma ecologia política da apropriação e distribuição desse bem comum vital em face da expansão do polo industrial, como parte da reordenação neoliberal do território durante a década de 1990. A abordagem teórica da pesquisa é construída com as ferramentas conceituais forjadas no calor da relação entre a ecologia política e a questão da água, formando o campo de estudos da ecologia política da água. Ao mesmo tempo, a estratégia metodológica se concentra na análise qualitativa de fontes primárias e secundárias, enquanto as informações coletadas são organizadas e sistematizadas por meio de um esquema histórico-narrativo, em que a história se recusa a ser definida por sua referência exclusiva ao passado e, em vez disso, é (re)criada como uma forma de acessar problemas sociais de atualidade persistente.

Palavras-chave: ecologia política; desigualdades hídricas; indústria petroquímica; neoliberalismo.

 

Abstract: During the second half of the 1990s, the Bahía Blanca petrochemical complex underwent a process of privatisation, foreignisation and expansion through which, while its production volume increased by 450%, the complex's water consumption more than tripled. In this paper, we propose to trace a political ecology of the appropriation and distribution of this vital common good in the face of the expansion of the industrial pole, as part of the neoliberal re-ordering of the territory during the 1990s. The theoretical approach of the research is constructed with the conceptual tools forged in the heat of the relationship between political ecology and the water question, forming the field of studies of the political ecology of water. At the same time, the methodological strategy focuses on the qualitative analysis of primary and secondary sources, while the information gathered is organised and systematised through a narrative-historical scheme, where history refuses to be defined by its exclusive reference to the past and is instead (re)created as a way of accessing social problems of persistent relevance.

Keywords: ecology; water inequalities; petrochemical industry; neoliberalism.

 

 

[1]

Introducción

Cada vez que llega el calor a Bahía Blanca, sus habitantes sufren sensibles problemas en el suministro de agua potable. Diversos barrios de la ciudad se ven expuestos a una disminución de la presión hídrica e, incluso, ciertos sectores sufren el corte total durante ciertos momentos del día. Ante esta situación, lxs vecinxs se ven en la necesidad de recurrir a diversos métodos para proveerse de agua potable: trasladarse hasta los surgentes con que cuenta la ciudad, acercarse con bidones a las cisternas que oportunamente dispone el gobierno municipal en ciertos puntos, comunicarse con la prestadora del servicio para solicitar que concurra al domicilio un camión cisterna para recargar el tanque y, en los casos en que se encuentra dentro de las posibilidades económicas, comprar agua envasada o instalar cisternas y bombas en las viviendas. Luego de varios veranos de acciones sociales de organización y reclamo, en febrero del año 2021, un grupo de vecinxs presentaron un amparo colectivo[2] para que Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) lleve adelante un plan de inversiones y obras y que, en un plazo breve y razonable, garantice la provisión de agua en la cantidad y la calidad adecuadas (Cátedra de Educación y Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur 2021)[3]. No obstante, a casi tres años de iniciado el proceso judicial, mientras ABSA avanza lentamente con un plan que no brinda garantías en lo relativo a una solución estructural de la problemática (Schefer y Cifuentes 2021b), “el ejecutivo y legislativo de la ciudad no están haciendo nada con esto”, tal como manifiesta manifestó Angélica Lauquen, una de las impulsoras de la acción judicial (FM de la Calle 16/11/2023).

En el presente trabajo nos proponemos indagar un momento significativo y decisivo en la definición de la situación relatada. Nos referimos a la segunda mitad de la década de 1990 cuando, junto a la gran ampliación que atravesó el Polo Petroquímico Bahía Blanca (PPBB) luego de su privatización en manos de grandes empresas transnacionales, se produjo un incremento sustancial en el consumo industrial de agua. Por ello, nos proponemos trazar una ecología política de la apropiación y distribución de este bien común vital como parte del re-ordenamiento neoliberal del territorio durante los años noventa ante la privatización, extranjerización y expansión del PPBB.

El enfoque teórico de la investigación es construido con las herramientas conceptuales que se han forjado al calor de la relación entablada entre la ecología política (Alimonda, Toro Pérez y Martín 2017; Delgado Ramos 2013; Martínez Alier 2006) y la cuestión hídrica, conformando el campo de estudios de la ecología política del agua (Boelens et al. 2017). Desde este marco interpretativo, llevamos adelante una aproximación social y crítica de la problemática estudiada por medio de un conjunto de nociones, entre las que se destacan las de ciclo hidrosocial (Merlinsky, Martín y Tobías 2020), despojo hídrico (Swyngedouw 2013), desigualdades hídricas (Machado Aráoz 2010) y justicia hídrica (Boelens, Cremers y Zwarteveen 2011).

La estrategia metodológica se centra en el análisis cualitativo de fuentes primarias y secundarias, y la información relevada es organizada y sistematizada mediante un esquema narrativo-histórico (Sautu et al. 2005; Merlinsky 2013), donde la historia se reúsa a ser definida por su referencia exclusiva al pasado (re)creándose, en cambio, como un modo de acceso a problemáticas sociales de persistente actualidad. El artículo presenta una estructura organizativa donde, en primer lugar, explicamos el enfoque teórico-metodológico de la investigación, a continuación, desarrollamos el análisis y la discusión de los resultados sobre la base del marco interpretativo previamente expuesto y, por último, presentamos un conjunto de reflexiones a modo de cierre y proyección de la problemática estudiada.

 

1. Enfoque teórico-metodológico

La ecología política latinoamericana resulta un campo interdisciplinario que se encuentra en construcción al calor de los estudios sobre el extractivismo y los conflictos socioambientales. Si bien esta disciplina ya poseía un desarrollo significativo en España y Estados Unidos (Martínez Alier 2006), durante las últimas dos décadas, ha adquirido un renovado vigor entrando en diálogo con las tradiciones críticas del pensamiento latinoamericano (Alimonda, Toro Pérez y Martín 2017; Delgado Ramos 2013). Dentro de este campo de estudios existen diferentes perspectivas en función de las dimensiones que se privilegian. En ese sentido, mientras que Héctor Alimonda (2011) ha dado un lugar central a lo político, Arturo Escobar (2011) hizo lo propio con lo cultural y Enrique Leff (2006) con los saberes y las racionalidades. Aun así, las diversas producciones comparten la puesta en cuestión de las concepciones dominantes del desarrollo desde la experiencia latinoamericana (Seoane 2013). Desde este marco interpretativo, la ecología política brinda herramientas teórico-metodológicas para el análisis de las problemáticas y los conflictos que se entablan en torno a la disputa por los bienes comunes.

De manera particular, la investigación es realizada desde la perspectiva interdisciplinaria de la ecología política del agua (Schmidt et al. 2023), haciéndonos de un conjunto de nociones que nos permiten abordar la cuestión hídrica en su complejidad. En nuestra concepción de la política del agua, nos alejamos de los postulados estado-céntricos e institucionalistas que suelen acompañar a los enfoques de política pública (Thoening 1997), integrando la arena en la que coexisten los diferentes actores y lógicas, y las relaciones de poder que los atraviesan. De modo que la política del agua se entiende a través de un entramado de relaciones de negociación, alianza y conflicto entre un conjunto de actores que detentan diferente capacidad de intervención, se despliegan bajo escalas disímiles, y entre los cuales se encuentran las comunidades, el Estado en sus diferentes niveles, las empresas prestatarias y las industrias (Isuani 2012).

En este sentido, dentro del herramental teórico de la ecología política del agua, adquiere un carácter articulador el concepto de ciclo hidrosocial, a partir del cual se postula que los flujos del agua «se encuentran materialmente unidos con flujos sociales, de capital y de poder (…) que los dirigen hacia determinados sectores, usos o usuarios al mismo tiempo que excluyen o invisibilizan otros» (Merlinsky, Martín y Tobías 2020, 2), interviniendo en la (trans)formación del orden hidroterritorial dominante (Boelens et al. 2017). Con esta herramienta teórica se pone en cuestión la noción de ciclo hidrológico en tanto naturaleza meramente biofísica aislada de la acción social y, por el contrario, se busca indagar el carácter político del agua y el territorio a través del estudio de las asimétricas relaciones de poder que estructuran la praxis cotidiana de su uso, control y apropiación. 

Por medio de dichos procesos, se profundizan las desigualdades hídricas a nivel mundial (Machado Aráoz 2010) y, simultáneamente, se reproducen al interior de los países latinoamericanos con el accionar de las grandes empresas transnacionales en los territorios locales, por lo que la estructura de desigual distribución del agua adquiere un carácter multiescalar. Resulta que, si bien el agua constituye un bien común vital en tanto el acceso al mismo resulta imprescindible para la reproducción de la vida sobre la tierra (Taddei 2013), el despojo hídrico se produce «en un contexto de proliferación de acumulación por despojo, concentración de los recursos en manos de unos pocos (…) y una rápida profundización de las relaciones de poder sociales, políticas y económicas desiguales» (Swyngedouw 2013, 11). Ante este escenario, resulta preciso incorporar al análisis y la discusión la perspectiva de la de justicia hídrica, lo cual implica posar la mirada no solo en la distribución desigual del agua, sino también en las autoridades, la legislación y los discursos que la legitiman (Boelens, Cremers y Zwarteveen 2011).   

La estrategia metodológica se centra en el análisis cualitativo de fuentes de información primarias (entrevistas orales de carácter semi-estructurado a informantes clave) y secundarias (documentos de planeamiento, legislación, publicaciones empresariales, informes técnicos, datos estadísticos y prensa local). La información relevada fue organizada y sistematizada mediante un esquema narrativo-histórico: «esta argumentación responde a un modelo lógico-histórico en el cual los procesos antecedentes son postulados como los determinantes o activantes de otros procesos o fenómenos vinculados y subsecuentes en el tiempo histórico» (Sautu et al. 2005, 55). En concreto, el examen de los datos a través de este marco analítico argumental involucró tres etapas. En primer lugar, se identificaron los eventos que compusieron los procesos bajo estudio. En segundo orden, se establecieron las jerarquías y las relaciones entre dichos eventos. Y, en tercer término, se los organizó dentro de un esquema integrador dentro del cual se los pudo someter a las preguntas de investigación en relación al marco conceptual (Merlinsky 2013).

 

 

2. Análisis y discusión

En el siguiente apartado, llevamos adelante el análisis y la discusión de los resultados sobre la base del marco interpretativo previamente expuesto. En primer lugar, trazamos una ecología política del PPBB en la mutación neoliberal. En segundo orden, abordamos la construcción de la política del agua en vinculación a los procesos de planeamiento urbano. A continuación, nos concentramos en las caras que revistió la privatización del agua en Bahía Blanca durante los años noventa. Y, por último, planteamos una ecología política del agua en la ciudad en vinculación al desarrollo de la industria petroquímica.

 

a) Ecología política del Polo Petroquímico - Bahía Blanca: el re-ordenamiento neoliberal del territorio

En diciembre de 1995, en el contexto de una pronunciada reorientación de la política económica nacional, se completó la privatización del PPBB nacido poco más de dos décadas atrás bajo la administración del Estado nacional (Odisio 2008). A partir de ese momento, se estructuró una nueva configuración bajo el control de dos grandes empresas transnacionales: el complejo etileno-polietileno quedó en manos de Dow Chemical a través de la adquisición de PBB y Polisur como principal accionista, y el complejo etileno-cloro-PVC pasó al Grupo Solvay con la compra del principal componente accionario de Indupa y del resto de las plantas satélites. Simultáneamente, se comenzaron a anunciar las grandes inversiones extranjeras que se concretarían en los próximos cinco años. Tanto PBB Polisur como Solvay Indupa prácticamente triplicaron sus volúmenes de producción a través de la modernización de las plantas existentes y de la construcción de nuevas plantas. Además, se concretaron dos grandes proyectos productivos: uno de ellos fue el de Profertil, empresa integrada en partes iguales por Repsol YPF y Agrium, que construyó la fábrica de urea granulada más grande del mundo en su tipo; y el otro proyecto perteneció a Compañía Mega, constituida por Dow Chemical, Petrobras y Repsol YPF (Dichiara 2002).

Entre los años 1995 y 2000, Bahía Blanca se constituyó en la ciudad de la provincia de Buenos Aires que recibió el mayor flujo de inversiones extranjeras directas (Grippo y Visciarelli 2002), siendo el polo petroquímico el mayor depositario de las mismas en tanto la ampliación del complejo insumió más de 2.000 millones de dólares (Asociación Industrial Química Bahía Blanca 2011; Estrada y Giménez 2008). Por medio de este proceso, la industria petroquímica nacional duplicó su capacidad productiva y el complejo bahiense se afirmó como el de mayor importancia en el país. Todo esto llevó a que, desde los sectores socioeconómicos dominantes, se nombrara a la ciudad de Bahía Blanca como Capital de la Industria Petroquímica. No obstante, frente a las narrativas hegemónicas sobre el complejo, que se asientan sobre la ideología del desarrollo, nos situamos en el camino de dar cuenta de aquellos procesos de destrucción social y natural que, en numerosas ocasiones, han sido velados y silenciados. Como sostiene Héctor Alimonda (2011, 32-33), resulta necesario incorporar aquellas «dimensiones problemáticas que la perspectiva del desarrollo deja fuera de sus análisis», para llamar «la atención sobre los costos ocultos de procesos que a veces han sido glorificados por la historia económica».

En el desarrollo de su actividad industrial, las empresas petroquímicas consumen de modo intensivo gas, agua y energía eléctrica, hacen uso del espacio y la infraestructura urbana, al tiempo que contaminan las aguas del estuario, los suelos y el aire. Por medio del proceso de privatización, transnacionalización y ampliación del complejo, así como el volumen de producción se incrementó en un 450 % (Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca Argentina 2005), se produjo un aumento sustancial en la explotación intensiva de este conjunto de bienes comunes naturales y urbanos, consolidándose una estructura de desigual distribución social y geográfica de su uso y contaminación (Martínez Alier 2006). En esta apropiación de la naturaleza y la ciudad como condiciones de producción capitalista (O´Connor 2001), el re-ordenamiento neoliberal del territorio implicó una drástica mutación de las estructuras sociales, económicas, políticas, ecológicas y culturales para la imposición de las bases de un nuevo ciclo de acumulación (Machado Aráoz 2016), profundizando una diversidad de conflictos que portan una tensión fundamental con la reproducción social de la vida.

Los impactos territoriales del complejo petroquímico se articulan a través de un juego de escalas en el cual, si bien es en los barrios más próximos donde se concentran las injusticias socioambientales (Salamanca Villamizar y Astudillo Pizarro 2016), simultáneamente, algunas de ellas desbordan esa zona, definiéndose en el nivel del conjunto urbano, y otras tienen incluso un alcance regional. Alguna de las problemáticas son: la creciente presión ecológica sobre el Estuario de Bahía Blanca, que alcanza una escala regional e impacta sobre el trabajo de los pescadores artesanales; el consumo intensivo de agua por parte del PPBB y la configuración de una situación de desigualdad hídrica con lxs habitantes del conjunto de la ciudad; la contaminación del aire, cuyos efectos trascienden la localidad de Ingeniero White y tiene efectos sobre la salud de la población; la desvalorización de viviendas de Ingeniero White, la zona urbana más cercana al PPBB[4] (Heredia Chaz 2021).

Ahora bien, en la espiral histórica del conflicto (Sabatini 1997) en torno al polo petroquímico, existe un desacople entre las escalas espaciales en que se organizan los impactos territoriales y las resistencias sociales respectivamente: es decir, mientras los primeros se extienden, aunque de modo diferencial, sobre el conjunto del aglomerado urbano de Bahía Blanca-Cerri[5], las segundas han tendido a manifestarse predominantemente como conflictos de proximidad (Azuela y Mussetta 2009) en Ingeniero White, donde se localiza el polo petroquímico. De allí se comprende que, si bien el ordenamiento territorial hegemónico de la industria petroquímica se organiza a una escala mayor, la conflictividad social ha tendido a tener una fuerte gravitación en dicha localidad. Frente a este estado de situación, nos parece de importancia que, desde el análisis social, se atienda a las políticas de escala (Smith 2002) en las que se producen las problemáticas territoriales y se evite adoptar un enfoque de enclave que aporta a la construcción de un «efecto de lugar» (Bourdieu 2007) que invisibiliza las injusticias socioambientales sobre un territorio mayor que el capital proyecta de modo integrado. En dicha tarea, el análisis de la cuestión hídrica que proponemos en el presente artículo contiene relevancia social y sentido político.

 

b) Crónica de una crisis hídrica anunciada: la conformación de la política del agua

El Dique Paso de las Piedras fue construido durante la década de 1970 en el marco de las políticas de desarrollo económico impulsadas desde el Estado nacional, las cuales se tradujeron en la declaración del partido como Polo de Crecimiento de la región del Comahue y en la elaboración del Plan de Desarrollo Bahía Blanca, y a partir de las cuales se concretó una serie de obras que resultaron de importancia estratégica en la cimentación del perfil industrial-petroquímico de la ciudad (Costantini y Heredia Chaz 2018). Erigido sobre el río Sauce Grande, desde entonces, el dique se convirtió en la única fuente de agua potable para la ciudad de Bahía Blanca, abasteciendo también a las localidades de Ingeniero White y General Daniel Cerri, la ciudad de Punta Alta y la Base Naval Puerto Belgrano.

No obstante, si bien el Embalse Paso de las Piedras resultó suficiente para proveer de agua a la población urbana y al complejo petroquímico durante dos décadas, la ampliación del PPBB y la consiguiente suba en el consumo industrial lo llevarían a sus límites en la capacidad de abastecimiento. Esta situación se encontró diagnosticada durante el proceso de elaboración del Plan Estratégico de Bahía Blanca (PEBB), lanzado por el gobierno municipal hacia fines de 1997 con el objetivo de direccionar la gran transformación que atravesaba la ciudad ante el importante flujo de inversiones extranjeras que se estaban radicando en el complejo petroquímico y portuario. En el Documento Final, dentro de las debilidades a superar en el Partido de Bahía Blanca, se precisó el problema en la provisión de agua concluyendo: «se impone la necesidad de optimizar estructuralmente el sistema, puesto que su capacidad alcanzaría para cubrir limitadamente la demanda» (Municipalidad de Bahía Blanca 2000, 107).

En un momento en que la planificación urbana se encontraba hegemonizada por los principios de descentralización, participación y la consideración de lo ambiental (Catenazzi 2013), el gobierno municipal diagnosticó y trató el problema del agua dentro del Programa de Gestión Urbano Ambiental del PEBB. Dentro del Subprograma Integral de Recursos Hídricos, se definieron tres proyectos con el objetivo de asegurar la provisión hídrica, a saber: construcción del embalse Puente Canessa sobre el arroyo Napostá, gestión del recurso hídrico subterráneo de la región para abastecimiento de agua a Bahía Blanca, planta depuradora de residuos líquidos urbanos.

Este último proyecto revestía una especial relevancia en tanto el mismo consistía en la recuperación de líquidos cloacales para la producción de agua de reciclo destinada principalmente a la actividad industrial. Como se planteaba en el Documento Final del PEBB, «uno de los aspectos más importantes de esta alternativa de uso lo constituye la posibilidad de que el Dique Paso de las Piedras dejara de aprovisionar a parte de la industria, pudiendo de este modo orientarse principalmente al consumo de la población» (Municipalidad de Bahía Blanca 2000, 162). La viabilidad de esta alternativa para las empresas petroquímicas se comprende en tanto que gran parte de su demanda hídrica es destinada al sistema de enfriamiento para refrigerar equipos que funcionan en base de agua las veinticuatro horas de los trescientos sesenta y cinco días del año, siendo la planta industrial de Profertil la principal consumidora.  

El poder ejecutivo comunal impulsó el PEBB junto a la idea de que la ciudad se encontraba atravesando su tercera fundación a raíz del flujo de inversiones extranjeras radicadas en el polo petroquímico y portuario. Como parte del instrumental técnico-administrativo neoliberal en términos de políticas urbanas (Fernández Wagner 2008), el mismo fue trazado sobre la base del modelo de desarrollo local y de una concepción participativa a través del consenso entre el sector público y el sector privado. En tanto se anunciaba que el propósito del PEBB consistía en el diseño de estrategias de intervención con el fin de potenciar los efectos positivos de la expansión industrial, así como minimizar los impactos negativos (Dirección de Planificación Estratégica 1999), se recuperó la mencionada serie de fuentes alternativas para el abastecimiento de agua. Por su parte, la Provincia de Buenos Aires llegó a asumir por escrito el compromiso de realizar las obras de infraestructura necesarias para garantizar un suficiente abastecimiento de agua (Zingoni 2004). Sin embargo, en ese momento, ninguno de los mencionados proyectos terminó por concretarse. A pesar de pertenecer a un partido político diferente a los gobiernos que por ese entonces conducían la aplicación de las políticas neoliberales a nivel nacional y provincial, el poder ejecutivo municipal de signo radical tomó a la radicación de las inversiones extranjeras como un dato duro de la realidad a la cual la ciudad debía adaptarse y, por tanto, asumió que su tarea consistía en la gestión del cambio.

 

c) Agua que no has de beber: las caras de la privatización del agua

La tensión creada en torno a los usos del agua se vio definida en el marco del proceso de privatización de la Administración General de Obras Sanitarias de Buenos Aires (AGOSBA) y de la concesión del servicio público de provisión de agua potable y de desagües cloacales a la empresa Azurix Buenos Aires Sociedad Anónima, vinculada a la compañía estadounidense Azurix Corporation[6]. En el Contrato de Concesión firmado en 1999, específicamente en el Anexo 0[7] referido al Dique Paso de las Piedras se estableció:

El Concesionario a partir del año séptimo a contar desde la vigencia de la Concesión, deberá destinar el agua proveniente del Dique prioritariamente al abastecimiento de agua para el Polo (…) comprometiéndose, para el supuesto de no ser suficiente el agua proveniente del mismo para el abastecimiento a la ciudad de Bahía Blanca y su zona de influencia, a utilizar fuentes alternativas. (Ministerio de Obras y Servicios Públicos 1999)

De modo que la política del agua se terminó de configurar por medio de la intervención del Estado provincial, el principal responsable en la gestión de los recursos naturales, en el marco de la privatización del servicio de agua, el cual pasó de ser proporcionado por un ente estatal a quedar bajo la concesión de una empresa transnacional. En este momento, a través del mencionado Anexo O, se instauró la prioridad del PPBB en el uso del agua proveniente del Dique Paso de las Piedras[8].

Asegurarse el aprovisionamiento de este bien contuvo un sentido estratégico para las empresas petroquímicas en tanto que, una reducción del caudal mayor al 10 % de su consumo diario, obliga a realizar la parada total del proceso productivo (Dow Argentina 2011). Lo anterior conllevaría un grave perjuicio económico para las compañías derivado, no solo de la incapacidad de producir durante el lapso de tiempo en que el complejo se encontrara parado, sino también de lo costoso que resulta la puesta en marcha de plantas industriales de proceso continuo como las del PPBB, en tanto que durante esta operación el número de trabajadores se duplica o incluso triplica (R.P.M. 21/10/2011)[9].   

A su vez, como plantea Silvia Ribeiro (2014), la privatización del agua en América Latina ha adquirido diferentes caras, siendo otra de sus manifestaciones la privatización por desviación de aguas[10]. En este sentido, mientras la concreción de un plan de obras integral para garantizar un suficiente suministro de agua para la ciudad no se concretó, sí se construyó de forma expeditiva un nuevo acueducto con el fin de asegurar el aprovisionamiento adicional de agua demandado por las ampliaciones en el PPBB. El conducto nace en el acueducto principal que une el Embalse Paso de las Piedras y la ciudad de Bahía Blanca, tomando agua poco antes de llegar a la planta potabilizadora ubicada en el Barrio Patagonia y extendiéndose hasta Cangrejales, un sector costero del Estuario de Bahía Blanca de 120 hectáreas ganadas al mar con el refulado del dragado del canal principal del puerto y que constituyó el territorio de expansión del PPBB durante los años noventa.  

La obra, licitada por la Provincia de Buenos Aires, pasó a proveer de agua de uso industrial a Profertil y también a satisfacer la demanda del resto de las empresas, al tiempo que implicó privar a la población urbana de la posibilidad de consumir una sustanciosa cantidad de agua. Vale aclarar que el agua de uso industrial, si bien no se encuentra potabilizada, ya que solo pasa por un proceso de microtamizado (Ministerio de Obras y Servicios Públicos 1999), resulta susceptible de ser potabilizada ya que proviene del Dique Paso de las Piedras al igual que el resto del agua que consume la población urbana. 

Fue así que, tanto el Anexo 0 como la construcción del acueducto resultaron decisivos para la apropiación privada del bien natural y de las infraestructuras públicas por parte de las empresas del polo petroquímico. Por medio de este proceso en que la privatización del agua adquirió una doble cara, se produjo un ciclo hidrosocial por medio del cual se profundizó y consolidó la orientación de los flujos hacia los capitales transnacionales y, simultáneamente, se operó un despojo de agua a la población de Bahía Blanca, configurándose una estructura de desigualdad hídrica.

 

d) Hacia una ecología política del agua en Bahía Blanca: industria petroquímica y desigualdades hídricas

La decisión de implantar un polo petroquímico en la ciudad de Bahía Blanca y, con posterioridad, de concretar su expansión durante la década de 1990, se vio definida por la posibilidad de explotar las ventajas comparativas asociadas a la dotación local de bienes comunes de la naturaleza y de obras públicas de infraestructura. Entre ellos, se destaca la convergencia de los gasoductos troncales provenientes de las cuencas patagónicas que proveen al complejo de su insumo básico, la cercanía de salinas para extraer otra de las materias primas, la radicación junto el Estuario de Bahía Blanca apreciado en su función de puerto de aguas profundas pero también de sumidero petroquímico, el suministro de energía eléctrica, el emplazamiento de una amplia red vial y ferroviaria, la existencia de recursos humanos altamente calificados formados en las universidades públicas locales (la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Tecnológica Nacional) y, asimismo, la disponibilidad de agua para el proceso industrial (Simoni 2002).

En este sentido, en los años noventa, la realización de inversiones por parte de las grandes empresas transnacionales fue tomada sobre la base de, entre otros aspectos, los contratos celebrados con la Provincia de Buenos Aires, en los cuales esta última asumió la responsabilidad en cuanto a la cantidad y calidad de agua potable y cruda a suministrar a la industria petroquímica. Respecto a la construcción de la nueva planta de la empresa petroquímica Profertil, el diario local La Nueva Provincia señalaba lo siguiente en el Suplemento especial por el Día de la Industria Petroquímica del año 1997:

La provisión de no menos de 31 mil metros cúbicos de agua para la planta que Profertil levantará en Cangrejales ya ha sido asegurada por el ministro de Obras Públicas bonaerense, escribano Hugo Toledo. Los trabajos insumirán una inversión cercana a los 5 millones de dólares y ya fueron incluidos en el conjunto de obras que el Programa de Reconstrucción del Interior Bonaerense (Plan Trienal) prevé para Bahía Blanca. De esta forma, quedará superado uno de los principales obstáculos que presentaba la concreción del multimillonario emprendimiento proyectado por las empresas Pérez Companc e YPF. (La Nueva Provincia 26/08/1997, 9)

La entrada en funcionamiento de las ampliaciones petroquímicas durante los años 2000-2001 implicó que la demanda de agua del complejo se multiplique por más de tres veces. El polo pasó de demandar en promedio 24 640 m3 por día en 1994 a 84 640 m3 hacia el 2000. Dado que, en el mismo período, el consumo de agua de la población urbana creció en menor medida, tanto en términos absolutos como relativos, lo anterior significó un salto considerable en la participación en el consumo total de agua proveniente del Dique Paso de las Piedras por parte del sector industrial: del 14 % en el año 1994, creció al 33 % en el 2000. Es decir, mientras que en el año 1994 el sector industrial consumía 24 640 m3/día y la población urbana 151 360 m3/día, para el 2000, los valores ascendieron a 84 640 m3/día y 175 360 m3/día respectivamente, registrándose un aumento del 244 % en el consumo de agua por parte del PPBB (ver gráfico).

Además, mientras que la demanda hídrica ascendió en promedio a 260 000 m3 por día, el volumen captado en el embalse diariamente continuó oscilando entre 200 000 y 240 000 m3, la capacidad de transporte del acueducto que une al Dique con la ciudad se mantuvo en 237 600 m3 por día y la capacidad de potabilización de las plantas prosiguió en 215 000 m3 diarios (Dirección de Planificación Estratégica 1998; Municipalidad de Bahía Blanca 2000). De este modo, sin un plan estructural de infraestructura, el aprovisionamiento de agua para el conjunto de la población pasó a encontrarse dificultado, mientras el mismo fue garantizado para el sector industrial por medio de la construcción del acueducto que llegó a la zona de las ampliaciones petroquímicas y de la prioridad en el consumo de agua proveniente del Dique Paso de las Piedras instaurada por el denominado Anexo 0.

 

Gráfico: Consumo de agua proveniente del Dique Paso de las Piedras.

Años 1994 y 2000. Absolutos y porcentajes

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Planificación Estratégica (1998) y Municipalidad de Bahía Blanca (2000).

Desde entonces, cada vez que lxs habitantes Bahía Blanca son privadxs de manera generalizada de este bien común de la naturaleza, lxs mismxs son llamadxs a realizar un uso racional del recurso. En estas ocasiones, los medios de comunicación hegemónicos suelen utilizar la expresión crisis hídrica para referirse a un problema que no se produce por falta de agua (Schefer y Cifuentes 2021a), invisibilizando la existencia de un ciclo hidrosocial organizado mediante flujos de poder signados por la desigualdad y la injusticia hídricas que dictaminan que el agua puede faltar en las canillas de las viviendas, pero nunca en las plantas del polo petroquímico. Por ello, como reflexiona Emilio Taddei (2013), la noción de crisis hídrica:

(…) oculta la estrecha relación existente entre el agotamiento del agua y los patrones de consumo asociados al modelo neoliberal de desarrollo, que se caracteriza tanto por el consumo intensivo de agua generado por grandes corporaciones transnacionales como por la creciente mercantilización de este bien común. (Taddei 2013, 111)

 

3. Conclusiones

La privatización, transnacionalización y ampliación que atravesó el PPBB durante la segunda mitad de la década de 1990 intervino decisivamente en la transformación del orden hidroterritorial dominante. Durante esos años, se consolidó un ciclo hidrosocial vinculado a flujos de capital y poder por medio de los cuales, desde entonces, mientras los flujos del agua se dirigen de manera ininterrumpida hacia las plantas del complejo petroquímico, este bien común vital falta en las canillas de los hogares cuando el calor llega a la ciudad. Para ello, dicho proceso implicó la apropiación privada, no solo del bien natural, sino también de las infraestructuras que hacen posible su almacenamiento, distribución y consumo.

Con el herramental teórico de la ecología política del agua, resultó posible indagar las asimétricas relaciones de poder que estructuran el uso del agua, dando cuenta del despojo hídrico al que se vieron expuestxs lxs habitantes de Bahía Blanca en favor de grandes empresas transnacionales. La configuración de dicha situación de desigualdad hídrica fue abordada desde una perspectiva de justica que implicó analizar la distribución del agua y, asimismo, el rol del Estado en sus diferentes niveles regulando y garantizando dicho despojo a través de sus instituciones, políticas y normas. De este modo, la política del agua se definió bajo una lógica hegemonizada por la reproducción del capital por sobre los procesos de reproducción social de la vida en tanto que, al tiempo que la privatización del agua adquirió una doble cara, los impactos negativos resultaron socializados a la población.

Como parte del re-ordenamiento neoliberal del territorio, la apropiación del agua ante la expansión del complejo constituyó una problemática cuyos impactos se articularon sobre el conjunto del aglomerado urbano. De este modo, el presente estudio permitió visibilizar los efectos del desarrollo del PPBB más allá del área urbana próxima de Ingeniero White, evitando la construcción de un «efecto de lugar» y, por el contrario, colaborando a la restitución de la geografía de la acumulación de la industria petroquímica.

Por último, quisiéramos señalar que la investigación compartida condensa un devenir multicrónico en tanto que, al tiempo que trazamos una ecología política del agua bajo la mutación neoliberal de los años noventa que continúa marcando el presente de la ciudad, nos anuncia los posibles futuros a disputar. Hoy en día, se proyecta e incluso se está poniendo en marcha una nueva ampliación del complejo petroquímico y portuario de Bahía Blanca en vinculación a la explotación de los hidrocarburos no convencionales extraído mediante la técnica de fracking en el yacimiento de Vaca Muerta. Emprendimientos que, una vez más, requieren de un volumen adicional de agua para su funcionamiento.

 

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Biodata

Emilce Heredia Chaz: Doctora en Historia por la Universidad Nacional del Sur (Argentina). Magíster en Estudios Urbanos por la Universidad Nacional de General Sarmiento (Argentina) y licenciada en Historia por la Universidad Nacional del Sur. Es Asistente de Docencia en la cátedra de Sociología Urbana del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur. Becaria posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, CONICET-UNS.

 

 

[1] El presente artículo es parte de la investigación realizada para la obtención del título de Doctora en Historia en la Universidad Nacional del Sur (Heredia Chaz, 2021), la cual fue posible gracias al financiamiento obtenido mediante una beca doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina.

[2] “Agotborde Víctor Ramón y Otros c/ Aguas Bonaerenses S.A. y Otros s/ Amparo”, Expediente Nº 120828/2021 radicado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 de Bahía Blanca.

[3] Video: Cátedra de Educación y Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur. 2021. Debate Público El derecho humano al agua, en diálogos. Modalidad virtual, 8 de abril. Acceso el 14 de diciembre de 2023 https://www.youtube.com/watch?v=Dubg9w5_G6g

[4] Asimismo, podríamos sumar otras problemáticas urbano-territoriales producidas en Bahía Blanca en vinculación al desarrollo del complejo portuario y petroquímico: rajadura de viviendas, congestionamiento del sistema vial y coexistencia de cargas de sustancias peligrosas con el transporte de pasajeros, desplazados ambientales, impactos sobre la salud de la población.

[5] Según el INDEC, el aglomerado urbano Bahía Blanca-Cerri está constituido por Bahía Blanca, Ingeniero White, Grünbein, Villa Harding Green y General Daniel Cerri.

[6] Vale aclarar que el Dique Paso de las Piedras no formó parte de la concesión, continuando su operación y mantenimiento bajo el control de la Provincia de Buenos Aires.

[7] Al respecto, véase la nota de la periodista Sandra Crucianelli del 16 de noviembre 11 de 2009: «Agua del Dique: El Polo Está Primero; Después la Gente. Apareció el Misterioso `Anexo 0´». Solo Local. Bahía Blanca. Acceso el 22 de noviembre de 2023 https://sololocal.info/2009/11/16/agua-del-dique-el-polo-esta-primero-despues-la-gente-aparecio-el-misterioso-qanexo-oq/

[8] En el año 2002, por medio del Decreto Nº 508/02, el Poder Ejecutivo provincial rescindió la concesión otorgada a la empresa Azurix Buenos Aires S.A. debido a la serie de incumplimientos en los que incurrió. Asimismo, mediante el Decreto Nº 517/02, fue creada ABSA con participación estatal mayoritaria para prestar el servicio de agua potable y desagües cloacales. En este marco, se reconoció también la vigencia del Anexo O del anterior Contrato de Concesión (Gobernador de la Provincia de Buenos Aires 2004).

[9] R. P. M. 2011. Entrevista oral realizada por Emilce Heredia Chaz. Ingeniero White, 21 de octubre (Coordinadora de Relaciones con la Comunidad de Solvay Indupa).

[10] Además de la privatización de los servicios municipales de agua en zonas urbanas y de la privatización por desviación de aguas, entre las caras que asume la privatización del agua en América Latina, Ribeiro (2014) enumera: la privatización de los territorios y biorregiones, la privatización por contaminación, la privatización por el embotellamiento de agua y el monopolio de tecnologías.